Salvatore Mancuso, quien fuera uno de los más temidos jefes paramilitares de Colombia, fue deportado el martes por Estados Unidos tras cumplir una condena por narcotráfico, para enfrentar cuentas pendientes con la justicia de su país, informó Migración Colombia a la prensa.
Su llegada ha generado tensión por si, como advirtió, revela detalles del conflicto armado colombiano con implicaciones para altos funcionarios.
Descendió del avión esposado, vistiendo un chaleco antibalas y un casco, mientras la policía lo protegía con un escudo antimotines, en medio de un fuerte operativo de seguridad a su alrededor en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Mancuso pisó por primera vez Colombia desde que fue extraditado sigilosamente por el gobierno en 2008 a Estados Unidos junto a otros 13 líderes paramilitares requeridos por narcotráfico.
Allí se declaró culpable y fue sentenciado a más de 15 años de prisión por haber dirigido la fabricación y el envío de más de 100.000 kilogramos de cocaína.
Migración Colombia indicó en un comunicado que Mancuso arribó en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos y luego de completar los trámites migratorios para su ingreso, quedó bajo custodia de la policía colombiana para hacer frente a varias condenas vigentes y órdenes de captura.
La más reciente fue expedida en enero y corresponde a crímenes cometidos entre 1996 y 2005 como homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y otros crímenes de guerra que causaron más de 600 víctimas.
Mancuso fue líder de las Autodefensas Unidas de Colombia que combatieron a las guerrillas de izquierda, ha aceptado crímenes desde 2004, cuando se desmovilizó y compareció ante el sistema llamado Justicia y Paz que juzga a los paramilitares.
Fue designado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, como “gestor de paz”, una figura que permite que colabore en acercamientos con grupos armados activos para ayudar en la política gubernamental “paz total”.
El exparamilitar, de 59 años, terminó de pagar su pena en Estados Unidos en 2020 y permaneció a la espera de resolver su situación migratoria. Hasta el último momento, sus abogados pidieron en tribunales aplazar su expulsión a Colombia, donde el Mancuso alegó que su vida correría riesgo. Su otra opción era Italia, donde también tiene ciudadanía por ser hijo de un inmigrante italiano.
“Cuando se extraditó a Mancuso se extraditó la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”, dijo a The Associated Press Adil José Meléndez Marquez, abogado de víctimas del paramilitarismo en Bolívar, Sucre y Córdoba, al norte del país. “Bienvenido a contar la verdad, a que nos diga quiénes fueron las multinacionales, los empresarios, los ministros, todos aquellos que facilitaron el paramilitarismo”, agregó.
Sin embargo, ha prometido contar más detalles del conflicto interno en Colombia y en noviembre pasado fue el primer exparamilitar en ser aceptado para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creado luego de que el Estado firmara un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“El problema que tiene Mancuso es que si habla demasiado lo van a matar, él tiene que tener una protección impresionante, corre peligro sólo con las declaraciones que ha dado a la JEP que involucran a gente de alta política y aquí los políticos pueden ser muy peligrosos”, aseguró a la AP Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación que investiga el conflicto en Colombia.
Recientes declaraciones de Mancuso en la JEP han generado controversia en Colombia por nombrar a más de 300 personas en sus audiencias, entre las que hay exfuncionarios estatales y exmandatarios.
Se generó además un cruce de versiones con el poderoso expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), a quien señaló en audiencias de la JEP de haber conocido la ejecución de una masacre cometida por paramilitares hace 26 años. Uribe negó cualquier vinculación.
Al comparecer en dos tribunales especiales hay expectativa sobre su situación jurídica. Mancuso no recibió de inmediato el beneficio de la libertad provisional, dado que la JEP trasladó esa decisión al tribunal de los paramilitares en el que tiene pendientes varias sentencias por sus crímenes como homicidios, tortura y desplazamiento forzado.
Los grupos paramilitares son señalados de más de 205.000 homicidios, 63.000 desapariciones forzadas y 9.500 secuestros, según la Comisión de la Verdad, entidad sin funciones judiciales que tuvo la misión de ayudar a esclarecer el largo conflicto en Colombia.
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