Por Raúl Germán Bautista.- Este año escolar entra en su fase final sin mayores contratiempos, más allá de las condiciones climatológicas registradas en algunos territorios del país.
Entre la satisfacción de concluir un ciclo académico y comenzar otro, para los padres de clase media y clase media baja, especialmente, el inicio del próximo año escolar representa un dolor de cabeza debido al pago de la reinscripción y otros servicios educativos.
Aunque diversos proyectos de ley intentaron eliminar o regular el cobro de la reinscripción, ninguno logró convertirse en ley. Como resultado, miles de padres continúan pagando estas cuotas sin que exista una normativa específica que las prohíba o limite de manera expresa en la República Dominicana.
Las iniciativas argumentaban que los estudiantes ya pertenecen al centro educativo y que exigir una nueva cuota cada año representa una carga económica adicional para las familias. Sin embargo, las propuestas legislativas perimieron sin completar el proceso necesario para convertirse en ley.
Los archivos del Congreso Nacional establecen que la última iniciativa perimió durante la Segunda Legislatura Ordinaria de 2023.
Es decir, que después de años de euforia y disputas entre senadores y diputados por la aprobación de estos proyectos, desde hace aproximadamente tres años el tema ha dejado de figurar entre las prioridades legislativas.
En el pasado, algunas iniciativas eran aprobadas en una de las cámaras legislativas y perimían en la otra, sin que se ofreciera una explicación pública sobre las razones de ese desenlace.
Especialistas en derecho coinciden en que la legislación dominicana reconoce el derecho a la educación y la protección de los consumidores, pero también garantiza la libertad de empresa y la autonomía de los centros educativos privados.
Esa combinación genera una zona gris jurídica en la que los colegios conservan amplias facultades para definir sus estructuras de costos, siempre que no vulneren disposiciones legales vigentes.
En la práctica, esto significa que los padres cuentan con pocas herramientas legales para cuestionar el cobro de la reinscripción, salvo en casos en los que puedan demostrar incumplimientos contractuales, falta de transparencia o prácticas consideradas abusivas.
Y ahí les podrán responder: “Si no puedes pagar, ve a otro colegio o a una escuela pública”.
El debate adquiere mayor relevancia en un contexto económico marcado por el aumento del costo de vida, impactado por la crisis en Medio Oriente.
Para numerosas familias, la reinscripción se suma a una extensa lista de gastos que incluye colegiaturas, uniformes, útiles escolares, transporte, seguros estudiantiles y actividades complementarias.
Sobre este tema, el Departamento Técnico de Revisión Legislativa del Senado de la República, a solicitud de la Comisión de Educación en abril de 2021, realizó varias observaciones sobre una iniciativa que buscaba eliminar el pago de la reinscripción en colegios privados ante la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 para el año escolar 2021-2022.
La propuesta contemplaba su aplicación en todo el territorio nacional y para todos los colegios privados de los distintos niveles educativos amparados bajo la Ley No. 66-97, del 9 de abril de 1997, Ley General de Educación.
Durante el período correspondiente al año escolar 2021-2022 habría quedado prohibido el cobro por concepto de reinscripción de estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo privado dominicano.
Asimismo, se planteaba que, durante la vigencia de la ley, los colegios privados mantuvieran las mismas tarifas y cuotas cobradas por concepto de pago mensual o anual.
Es decir, la iniciativa no solo impactaba el cobro de la reinscripción, sino que también impedía incrementos en las mensualidades pagadas por los padres.
“El objeto de esta iniciativa es ‘[…] eliminar el pago de la reinscripción en colegios privados ante la crisis económica originada por el coronavirus (COVID-19) para el año escolar 2021-2022’. Al respecto, si bien lo relativo al pago de cuotas de inscripción y reinscripción de los colegios privados está regulado por la Ley No. 86-00, del 9 de octubre de 2000, en la especie se trata de un proyecto de ley de carácter transitorio, que no afecta el contenido de la ley principal, la 86-00, sino que crea un mecanismo temporal prohibitivo del pago de las cuotas a los colegios. Por tanto, es factible esta iniciativa”, explicaba el Departamento Técnico de Revisión Legislativa del Senado.
Posteriormente agregaba: “Si bien los contenidos generales de la iniciativa responden a los criterios legales y técnicos, a partir de los artículos 5 y 6 que disponen: ‘Artículo 5.- Sanciones. Las faltas a las disposiciones establecidas en esta ley serán sancionadas con multas de diez a cien salarios mínimos del sector público. Artículo 6.- Ejecución de la ley. El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) está encargado de la ejecución de esta ley’, el proyecto no desarrolla los mecanismos de apelación”.
Esta observación apuntaba a que la futura legislación debía incluir procedimientos que permitieran a los colegios apelar posibles sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa.
Además, existían otras observaciones de carácter legal y administrativo que no impedían la aprobación de una ley o de una modificación legislativa destinada a evitar el cobro de la reinscripción en colegios privados.
¿La permanencia del cobro de reinscripción en colegios privados refleja la falta de consenso legislativo sobre un tema que afecta cada año a miles de familias dominicanas o un asunto que la Constitución ya permite con la libre empresa? Aunque distintos proyectos intentaron regular o eliminar esta práctica, ninguno logró superar el proceso congresual, dejando vigente un escenario de libre mercado.
Mientras los centros educativos privados conservan autonomía para fijar sus costos, los padres continúan asumiendo una carga económica adicional que supone el aumento del costo de vida. El debate permanece abierto y plantea el desafío de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad de los colegios, la protección de los consumidores y el derecho a una educación accesible.
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