La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda el martes contra el gobierno de Trump por uno de sus acuerdos para cancelar un proyecto de energía eólica marina.
Según un acuerdo hecho público en marzo, la empresa francesa TotalEnergies recibirá 1.000 millones de dólares, esencialmente un reembolso por sus concesiones para proyectos eólicos marinos frente a las costas de Nueva York y Carolina del Norte, si invierte ese dinero en proyectos de combustibles fósiles.
Los fiscales generales de Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont se unieron a Nueva York para impugnar la cancelación de la concesión frente a Nueva York, el mayor de los dos proyectos y la parte principal del pago. Argumentan que la medida perjudicará las economías de sus estados, las redes eléctricas y los objetivos climáticos.
“Esta administración ideó un acuerdo fraudulento para pagar a una empresa energética extranjera cientos de millones de dólares de los contribuyentes para que abandone la energía eólica marina e invierta en petróleo y gas”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
“Estamos luchando para detener este acuerdo ilegal que amenaza con eliminar más de mil empleos sindicalizados y privar a millones de neoyorquinos de energía limpia y asequible”, agregó.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que ella y James seguirán enfrentándose de forma enérgica a la “hostilidad abierta e interminable” del presidente Donald Trump hacia la energía eólica marina.
Trump, quien suele expresar su rechazo a la energía eólica, ha dicho que su objetivo es impedir la construcción de cualquier “molino de viento”.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, señala como demandados a funcionarios de la administración, incluido el secretario del Interior, Doug Burgum, y sostiene que cancelaron la concesión sin seguir los procedimientos adecuados.
Los estados solicitan a un juez federal que anule la cancelación de la concesión y el acuerdo alcanzado con Attentive Energy, filial de TotalEnergies.
Por separado, una coalición de grupos de energía renovable presentó el domingo una demanda ante un tribunal federal de Oregón contra funcionarios del Pentágono por no completar las revisiones de seguridad nacional necesarias para nuevos parques eólicos terrestres en terrenos privados. Según estos grupos, esta inacción ha paralizado por completo el desarrollo de proyectos eólicos.
El Pentágono ha respondido que su organismo encargado de evaluar la ubicación de estos proyectos está revisándolos activamente y que se trata de un proceso complejo y prolongado.
El Departamento del Interior no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda liderada por Nueva York, aunque Burgum defendió el acuerdo el mes pasado durante una audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.
El representante estadounidense Dave Min, demócrata por California, preguntó a Burgum si era apropiado que el Departamento del Interior entregara 1.000 millones de dólares a una empresa petrolera extranjera para que dejara de producir energía, mientras los ciudadanos enfrentan facturas de servicios públicos extremadamente altas.
Burgum respondió que a TotalEnergies simplemente se le devolvió el dinero que había invertido y que la empresa ya lo había destinado a otros proyectos energéticos en Estados Unidos.
“Básicamente le concedieron al gobierno de Estados Unidos un préstamo sin intereses y se les reembolsó su dinero”, afirmó.
Min sostuvo que la cancelación de las concesiones eólicas marinas de TotalEnergies es un ejemplo de la “estrategia energética ilegal y económicamente ignorante” del Departamento del Interior.
TotalEnergies compró en 2022 la concesión frente a las costas de Nueva York y Nueva Jersey por 795 millones de dólares. Estaba previsto que el proyecto generara hasta 3 gigavatios de energía limpia, suficiente para abastecer a casi un millón de hogares. Según la demanda presentada el martes, habría generado un ahorro de 10.000 millones de dólares para los consumidores de Nueva York, incluidos 500 millones de dólares para hogares de bajos ingresos en sus facturas eléctricas.
La empresa también adquirió en 2022 una concesión para su proyecto Carolina Long Bay por aproximadamente 133 millones de dólares.
Este proyecto tenía como objetivo generar más de 1 gigavatio de energía, suficiente para abastecer a unas 300.000 viviendas.
Burgum ha afirmado que las empresas adquirieron en 2022, durante la presidencia de Joe Biden, un producto que solo era viable gracias a enormes subsidios públicos cuando pujaron por estas concesiones eólicas marinas.
El gobierno de Trump está destinando casi 2.000 millones de dólares para que las empresas energéticas abandonen proyectos eólicos marinos en Estados Unidos.
Adoptó esta estrategia después de que los tribunales federales frustraran los intentos de Trump de detener el desarrollo de la energía eólica marina mediante acciones ejecutivas.
Los demócratas en el Congreso están investigando el acuerdo con TotalEnergies, y California también investiga un acuerdo que puso fin al proyecto eólico marino flotante Golden State Wind, propuesto frente a la costa central del estado.
Bluepoint Wind también acordó poner fin a su concesión para un proyecto eólico marino en etapas iniciales de desarrollo frente a las costas de Nueva Jersey y Nueva York.
La demanda presentada el martes no impugna este acuerdo, ya que la concesión aún no ha sido cancelada.
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