Residentes del sector Callejón de la Yayi, en la provincia Samaná, denunciaron vivir bajo un clima de temor e inseguridad debido a constantes tiroteos que, según afirman, ponen en riesgo la vida de niños, adultos mayores y familias que residen en la zona.
La denuncia fue respaldada por la filial provincial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que pidió la intervención inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público para evitar que la situación termine en una tragedia.
Pedro Johnson, presidente de la CNDH en Samaná, advirtió que los enfrentamientos armados han generado una creciente preocupación entre los moradores y aseguró que la comunidad teme que personas inocentes resulten heridas o pierdan la vida.
“Como defensores de los derechos humanos condenamos esta situación. Si esto continúa de esta manera, se van a perder vidas aquí. Hacemos un llamado urgente al director de la Policía Nacional para que intervenga”, expresó.
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Los comunitarios aseguran que las detonaciones se producen en áreas cercanas a viviendas habitadas por familias, incluyendo hogares donde residen menores de edad y personas enfermas.
Según la denuncia, uno de los incidentes más recientes ocurrió luego de que desconocidos destruyeran la motocicleta de un residente identificado como Pedro Boyer. Al intentar proteger sus bienes, él y su familia habrían sido atacados a tiros.
Marleni Corporán, esposa de Boyer, describió los momentos de angustia que vivió junto a sus hijos durante el incidente.
“Tuve que correr y encerrarme con mis niños para protegernos. Fueron momentos de mucho miedo”, relató.
Por su parte, Olegario Boyer, un adulto mayor que reside en la zona, aseguró que varios disparos impactaron los alrededores de su vivienda, donde cuida a su esposa enferma.
“Yo soy un hombre de trabajo y no me meto con nadie. Vinieron a tirotear mi casa”, denunció.
Durante las declaraciones ofrecidas a la prensa, varios residentes señalaron a personas identificadas como “Miguelín” y “Joselito” como presuntos responsables de coordinar o participar en las agresiones denunciadas.
No obstante, hasta el momento las autoridades no han informado sobre arrestos ni sobre la existencia de procesos judiciales relacionados con las acusaciones realizadas por los comunitarios.
Además de denunciar los hechos de violencia, los residentes expresaron inconformidad con la respuesta de las autoridades locales.
Según afirmaron, en lugar de concentrar esfuerzos en localizar a los responsables de los disparos, agentes policiales habrían interrogado a las propias víctimas tras los incidentes.
La CNDH consideró preocupante esta situación y reiteró la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de los habitantes del sector.
Ante el clima de tensión que aseguran vivir, los comunitarios y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitaron al director general de la Policía Nacional y al Ministerio Público el envío de unidades especializadas a la zona, el desarme de los grupos involucrados y la apertura de una investigación que permita esclarecer los hechos denunciados.
Los residentes sostienen que viven con temor constante y que la presencia de personas armadas representa una amenaza permanente para la tranquilidad y la seguridad de la comunidad