El memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que exige a los inmigrantes que presenten su solicitud de residencia desde sus países de origen, en lugar de hacerlo en Estados Unidos, ha sembrado el temor en la comunidad inmigrante que ha permanecido en el país más allá del vencimiento de sus visas, ya que corren el riesgo de activar una prohibición de reingreso de 10 años.
Pero también los expertos estiman que el memorando que entró en vigor de inmediato, ha despertado la preocupación entre la comunidad de negocios.
“No sabemos cómo terminará esta historia. Cómo se va a implementar. Cómo se desarrollará el litigio en contra. Así que la gente debe estar preparada, pueden proceder con sus casos pero con el apoyo de un abogado”, dijo Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración del Migration Policy Institute durante la videoconferencia “Las nuevas normas de tramitación de la Tarjeta Verde generan miedo y caos en las comunidades inmigrantes”, organizada por American Community Media (ACoM).
“Este memorando pone en duda si se podrá continuar este proceso de ajuste de estatus basado en vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses. El caso más común es el de personas que ajustan su estatus a través de un cónyuge ciudadano, pero también hay hijos adultos que llegan a Estados Unidos y permanecen en el país de diversas formas. Algunas personas llegan con una visa temporal como la visa de prometido”, dijo Gelatt.
Explicó que el propósito de esa visa temporal es precisamente venir a Estados Unidos, contraer matrimonio y luego solicitar la residencia permanente a través del cónyuge.
“Existen muchas visas temporales de trabajo y de estudiante, como la visa H-1B o la visa de estudiante F-1. Las personas llegan con estas visas y, tras unos días, semanas, meses o incluso varios años en Estados Unidos, pueden enamorarse de un ciudadano estadounidense, casarse y buscar obtener la residencia permanente a través de ese cónyuge”.
Indicó que, con el nuevo memorando, se insta a los oficiales de inmigración a ejercer su discrecionalidad para reconsiderar si estas personas deben poder obtener la residencia permanente dentro de EEUU o si deben tramitarla en el extranjero.
“Las personas que podrían verse en una situación más complicada son aquellas que llegan con una visa temporal que exige la intención de regresar a su país de origen; la visa de estudiante es un ejemplo de ello.
“Si, durante esos años en Estados Unidos, la persona se enamora, se casa con un ciudadano estadounidense y tramita la residencia permanente, el gobierno podría argumentar: “Bueno, usted nos dijo que iba a regresar a su país, así que tal vez deba volver allí para tramitar su residencia”.
Por otro lado, consideró que quienes se encuentran en la situación más difícil son aquellas personas que actualmente viven en Estados Unidos sin estatus migratorio legal.
“Entraron legalmente, pero ahora carecen de estatus. Es muy probable que, bajo los términos actuales de este memorando, se les exija regresar a su país para realizar el trámite consular en lugar de obtener la residencia dentro de Estados Unidos”.
Dijo que otro aspecto importante a tener en cuenta es que este memorando contempla trasladar gran parte de la carga de trabajo del USCIS a los consulados en el extranjero que no cuentan con un plan para aumentar su personal ante esta carga adicional, por lo que cabe esperar que, si la medida sigue adelante tal como está redactada, se produzcan retrasos cada vez mayores para conseguir citas para dichas entrevistas consulares.
Otro desafío radica en que, al solicitar la residencia permanente dentro del país, si el gobierno niega la petición, se disponen de más derechos para impugnar.
En cambio, dijo que, si la persona se encuentra fuera de Estados Unidos, entra en juego el principio de la “no revisión consular”, por lo que es mucho más difícil impugnar la denegación de una visa que la denegación de un trámite realizado dentro del país.
Repercusiones para empleadores y empleados
Xiao Wang, cofundador y presidente del Boundless Immigration dijo que, durante las últimas décadas, más de la mitad de todas las residencias permanentes concedidas para quienes estudian o trabajan legalmente y permanecen en el país, se han tramitado dentro de Estados Unidos.
“Al analizar el lenguaje del memorando desde la perspectiva del empleador o del empleado, implica que las categorías de doble intención que permiten a los trabajadores residir legalmente en EEUU de forma temporal, como la visa H-1B, mientras tramitan la residencia permanente se complican. Estas categorías abarcan a ingenieros, enfermeros, investigadores, líderes de producto y equipos médicos”.
Sin embargo, dijo que la nota al pie número 20 del memorando establece que mantener un estatus legal en una categoría de doble intención no basta por sí solo para justificar un ejercicio favorable de la discrecionalidad administrativa.
“Esto añade una capa de confusión para todos, ya que no especifica qué factores sí serían suficientes por sí solos”.
Expuso que el argumento habitual ante esto es que siempre cabe la posibilidad de solicitar el visado desde el extranjero mediante el trámite consular.
Sin embargo, dijo que sabemos que esa no es una solución práctica para la mayoría de las personas.
Hizo ver que no solo hay que considerar las restricciones que afectan a 75 países y cuestiones similares, sino también el hecho de que, en muchos casos, los solicitantes podrían ver afectada su situación laboral, ya que los plazos de tramitación consular pueden oscilar entre varios meses y años.
“Esto implica trastocar la propia vida o la de la familia para aguardar a que concluya el proceso, lo que supone que estos trabajadores deban abandonar Estados Unidos sin tener una fecha clara de retorno”.
En cuanto a las empresas estadounidenses, esta situación añade una complicación adicional a la inversión realizada en estos empleados: los han contratado, capacitado y patrocinado en todos los trámites previos visas H-1B, prórrogas y el proceso PERM), invirtiendo años y miles de dólares por caso.
“Ahora existe incertidumbre sobre el futuro y cómo esto afectará a sus planes operativos; corren el riesgo de perder a personal clave especialmente a aquellos que llevan aquí tres, seis o más años, ya que todo el ciclo de planificación corporativa del capital humano se ha visto trastocado de la noche a la mañana y requiere cambios”.
Por último, mencionó que están las personas con visas basadas en el empleo en particular aquellas que llevan mucho tiempo en el país con ingresos elevados (el perfil de inmigrante que esta administración ha dicho reiteradamente que desea seguir atrayendo a EE. UU.) y que suelen tener familias, cónyuges e hijos con sus propias carreras y autorizaciones de trabajo derivadas, situaciones que ahora quedan en un limbo.
“Si se obliga a los solicitantes a salir al extranjero y se alteran sus plazos, los cónyuges pueden perder su autorización de trabajo y los hijos corren el riesgo de superar el límite de edad permitido, viéndose obligados a iniciar el trámite de nuevo por su cuenta, posiblemente en un país que nunca han conocido ni habitado”.
En última instancia, expuso que las empresas, estudiantes e inmigrantes han construido toda una vida con planes que abarcan décadas en torno a este proceso, basándose en expectativas claras sobre los pasos necesarios para continuar legalmente en él.
Los estudiantes internacionales suelen seguir una trayectoria que va desde las oportunidades de transición hasta la visa H-1B, pasando por el proceso PERM y, finalmente, el ajuste de estatus para la residencia permanente.
“Cambiar las reglas a mitad del camino, sin previo aviso ni tiempo para adaptarse, no solo generará una creciente confusión entre los inmigrantes que ya están aquí, sino que también disuadirá a cualquiera que esté considerando emprender este camino”.
Sujeto a la discreción
Jeff Joseph, presidente de la Asociación de Abogados de Migración de Estados Unidos dijo que la inquietud principal sobre el memorando que hace referencia específica a la sección 245 de la ley, radica en que los funcionarios encargados de ejercer su discrecionalidad, puedan interpretar su autoridad de forma negativa”.
¿Quiénes probablemente no se verán afectados?
No deberían verse afectados los solicitantes de asilo y los refugiados que ajustan su estatus conforme a una disposición legal totalmente distinta: la sección 209.
Tampoco los menores inmigrantes especiales ni los refugiados bajo la ley NACARA, los ciudadanos haitianos amparados por la Ley de Ayuda a Haitianos (Haitian Relief Act) ni las personas que tramitan su ajuste de estatus ante un tribunal de inmigración tampoco deberían verse afectadas por este memorando, ya que este se aplica específicamente a las decisiones de USCIS y no a las del tribunal de inmigración.
Joseph precisó que aunque el memorando no dice la fecha de entrada en vigor, se empezó a aplicar de inmediato el mismo día que se emitió.