Gonzalo Castillo trae al escenario la “persecución política” y evoca argumentos de Lula y Trump

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Por Raúl Germán Bautista.- Gonzalo Castillo regresó con fuerza al escenario político luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictara un auto de no ha lugar a su favor, desvinculándolo del caso de corrupción denominado Calamar por el Ministerio Público.

Su reaparición coincide con el repunte electoral que ha mostrado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en recientes encuestas publicadas en el país, en un contexto en el que la organización busca reposicionarse de cara a los próximos procesos electorales.

En escenarios diferentes y bajo marcos jurídicos distintos, figuras como Donald Trump (“es una caza de brujas”) en Estados Unidos, y Luiz Inácio Lula da Silva (“persecución política”), en Brasil, recurrieron a argumentos similares para fortalecer su conexión con sus bases políticas. Ambos lograron posteriormente alcanzar la Presidencia de sus respectivos países.

Y en ese contexto, en su primer discurso de precampaña dentro del PLD, al recibir el respaldo de Charlie Mariotti y otros exsenadores, Castillo afirmó haber sido víctima de persecución política. Esta es una narrativa que ha sido utilizada por diversos líderes en distintos países que enfrentaron procesos judiciales o investigaciones mientras mantenían aspiraciones políticas o una importante influencia pública.

UN ARGUMENTO UTILIZADA EN OTROS ESCENARIOS POLÍTICOS

Aunque las realidades políticas y electorales son distintas, el argumento discursivo presenta un elemento común: transformar una situación judicial en una confrontación política entre un individuo y una estructura de poder más amplia.

En el caso de Castillo, el mensaje plantea que las acciones judiciales no respondieron únicamente a un proceso legal ordinario, sino que estuvieron motivadas por intereses políticos orientados a debilitarlo electoralmente y afectar al PLD.

Especialistas indican que el discurso busca generar identificación con sectores que consideran que determinadas instituciones pueden ser utilizadas como instrumentos de persecución política.

LOS CASOS DE TRUMP Y LULA

Trump desarrolló una narrativa similar durante los procesos judiciales e investigaciones que enfrentó en Estados Unidos. Aunque los casos tenían naturalezas distintas, sostuvo de manera reiterada que era objeto de una “cacería de brujas” impulsada por adversarios políticos y sectores institucionales.

Su estrategia trascendió la defensa jurídica y se convirtió en una herramienta de movilización electoral. Presentó los procesos en su contra como ataques dirigidos no solo a su figura, sino también a sus seguidores y a una visión política determinada. Esa narrativa fortaleció la cohesión de su base y ocupó un lugar central en su campaña.

En Brasil, Lula utilizó una línea argumental con ciertas similitudes. Tras ser condenado y encarcelado en el marco de la operación Lava Jato, sostuvo que existía una persecución política y judicial destinada a impedir su retorno al poder.

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Años después, decisiones judiciales anularon sus condenas por cuestiones procesales y de competencia jurisdiccional, lo que reforzó entre sus simpatizantes la percepción de que había sido víctima de una acción políticamente motivada.

Durante todo el proceso, el tema, a través de una denuncia, llegó a manos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

DIFERENCIAS Y DESAFÍOS DEL ESCENARIO DOMINICANO

Pese a las similitudes discursivas, existen diferencias sustanciales entre los casos. Trump enfrentó investigaciones mientras mantenía una fuerte presencia política y mediática. Lula estuvo privado de libertad y posteriormente recuperó sus derechos políticos.

Castillo, por su parte, enfrenta una realidad dominicana marcada por dinámicas institucionales, electorales y partidarias propias. Además, el posicionamiento actual del Partido Revolucionario Moderno (PRM) continúa siendo superior al del PLD, mientras la precampaña formal aún no ha comenzado.

Aun así, los tres casos reflejan cómo la narrativa de persecución política puede convertirse en una herramienta capaz de transformar procesos judiciales en plataformas de movilización, reposicionamiento electoral y fortalecimiento de liderazgo político.

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