San Francisco y San Diego, dos de las ciudades santuario más grandes de California, están bajo investigación federal por las presuntas acciones de funcionarios locales que obstaculizaron al ICE y permitieron que migrantes criminales quedaran en libertad, según ha sabido The California Post.
Cuatro cartas contundentes —enviadas el martes por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes— exigen registros de los departamentos de policía y alguaciles de San Francisco y San Diego, mientras la segunda administración del presidente Trump intensifica su ofensiva contra las ciudades santuario de tendencia demócrata.
El foco más severo podría recaer en San Francisco, la ciudad de la Bahía famosamente liberal que ha estado en el centro de la lucha nacional por las ciudades santuario durante décadas, tras adoptar una ordenanza de refugio en 1989.
En una carta al jefe de policía de San Francisco, Derrick Lew, los representantes Jim Jordan (R-Ohio) y Tom McClintock (R-CA) acusaron a las autoridades de San Francisco de no notificar a los funcionarios federales de inmigración sobre las detenciones que involucraban a “extranjeros criminales”, y exigieron registros desde principios de 2024.
“En la práctica, las políticas pro-inmigración ilegal de San Francisco aseguran que criminales peligrosos sean liberados de la custodia del SFPD —o nunca sean aprehendidos por el SFPD— y queden libres para reincidir”, escribieron los legisladores.
La carta a Miyamoto fue aún más directa, acusando al alguacil de San Francisco de defender las políticas santuario de la ciudad “incluso cuando se enfrenta a los efectos peligrosos” de las mismas.
El comité citó una declaración pasada de Miyamoto de que “de miles de solicitudes de detención” del ICE, su oficina “solo había honrado una”.
La carta incluso llegó a acusar a la oficina de Miyamoto de bloquear a los federales para entrevistar a David DePape, un ciudadano canadiense que golpeó al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un ataque con martillo en octubre de 2022 en el hogar de la pareja.
“A pesar de su afirmación de que las leyes pro-inmigración ilegal de California y San Francisco ‘fueron creadas para defender la justicia, no para proteger a quienes amenazan la seguridad pública’, las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades a las que sirve”, escribieron los legisladores.
La carta a Miyamoto exigió todas las políticas sobre las interacciones de la oficina del alguacil con el ICE, todas las políticas y comunicaciones sobre no ciudadanos estadounidenses, y cualquier información sobre solicitudes de detención y arrestos del ICE desde 2020.
Tanto al jefe de policía como al alguacil de San Francisco se les indicó que incluyeran cualquier correspondencia relacionada con inmigración con la oficina del alcalde Daniel Lurie, quien tuvo una llamada a finales de 2025 con Trump que llevó al presidente a cancelar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el Área de la Bahía, solo meses después de que se desplegaran tropas en Los Ángeles.
Lurie ha evitado constantemente mencionar el nombre de Trump en declaraciones públicas para evitar provocar la ira del presidente.
El comité también envió cartas al jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, y a la alguacil del condado de San Diego, Kelly Martinez, aumentando la presión sobre la segunda ciudad más grande de California, que también tiene profundos vínculos con comunidades inmigrantes y una larga historia de limitar la participación local en la aplicación federal de inmigración.
Alrededor de una cuarta parte de los residentes de San Diego son nacidos en el extranjero, según datos del censo, y la ciudad está a solo millas de la frontera entre Estados Unidos y México.
La carta a Wahl citó la política del Departamento de Policía de San Diego que dice que los oficiales “no pueden preguntar sobre el estatus migratorio, participar en la aplicación de inmigración o ayudar en arrestos migratorios”.
Los legisladores también señalaron la aprobación unánime en abril por parte del Concejo Municipal de San Diego de la Ordenanza de Debido Proceso y Seguridad, que requiere una orden judicial antes de que los agentes federales de inmigración puedan acceder a propiedades municipales no públicas.
La carta a Martinez citó una ordenanza de finales de 2024 del condado de San Diego que buscaba prohibir que las autoridades del condado ayudaran al ICE con deportaciones. Martinez dijo anteriormente que su oficina seguiría la ley estatal y que los supervisores del condado “no establecen políticas para la Oficina del Alguacil”.
El comité también destacó varios casos citados por el ICE, incluida la muerte de Aiden Antonio Torres De Paz, de 11 años, quien perseguía una pelota de fútbol cuando fue atropellado y asesinado en noviembre de 2025 por un ciudadano mexicano que, según funcionarios de inmigración, había sido previamente deportado del país.
La oficina de Martinez rechazó la solicitud de detención del ICE, escribieron los legisladores.
La carta también señaló que se rechazaron detenciones para un inmigrante indocumentado arrestado por “crueldad deliberada hacia un niño y agresión con arma mortal usando fuerza que podría causar lesiones corporales graves”, así como para otro individuo arrestado por “agresión agravada con arma mortal y agresión contra un excónyuge”.
En solo un año, California supuestamente se negó a honrar detenciones que “resultaron en la liberación de 4,561 inmigrantes ilegales criminales”, con presuntos delitos que van desde homicidio y robo hasta agresión.
Las cartas de California son parte de una ofensiva republicana más amplia contra las ciudades santuario durante el segundo mandato de Trump. El comité envió recientemente demandas similares a funcionarios en la ciudad de Nueva York, Boston, Chicago, Colorado, Los Ángeles, Filadelfia y el condado de Arlington, Virginia.
El comité exigió documentos y comunicaciones sobre las interacciones de cada agencia con el ICE, políticas relacionadas con no ciudadanos estadounidenses, el número de solicitudes de detención del ICE recibidas y rechazadas, y comunicaciones con funcionarios locales sobre la aplicación de inmigración.
Las agencias tienen hasta el 16 de junio para responder.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**