Por FELIX ARIAS
La pregunta puede sonar dura, pero es necesaria: ¿Conani es una institución fallida? La respuesta no debe partir de la emoción del momento ni de un escándalo aislado, sino de una revisión honesta de su papel, sus responsabilidades y los resultados que el país espera de una entidad llamada a proteger a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, se define oficialmente como el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Su misión es garantizar derechos fundamentales mediante la rectoría efectiva de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. Es decir, no se trata de una oficina secundaria: es una institución clave del Estado dominicano para prevenir, atender y coordinar respuestas frente al abandono, el abuso, la violencia, la explotación, la negligencia familiar y otras formas de vulneración.
Sin embargo, cuando una entidad tiene un mandato tan amplio y sensible, su desempeño no puede medirse únicamente por comunicados, planes estratégicos o cifras de atenciones. Debe medirse por su capacidad real para proteger vidas, reducir riesgos, supervisar espacios de acogida, actuar con rapidez, coordinar con tribunales y fiscalías, y garantizar que ningún menor bajo protección del sistema termine expuesto a nuevas formas de daño.
Una institución con mandato fuerte, pero resultados cuestionados
CONANI ha informado que durante 2025 atendió 27,421 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, vulnerabilidad o vulneración de derechos. También reportó acogida residencial, reinserciones familiares, informes sociofamiliares, evaluaciones psicológicas y procesos de adopción. Esas cifras muestran volumen de trabajo, pero también revelan la magnitud del problema: miles de menores llegan cada año al sistema porque antes hubo fallas en la familia, la comunidad, la escuela, la justicia o el propio Estado.
El punto crítico es que atender casos no siempre equivale a resolverlos. Un expediente abierto, una evaluación realizada o una reinserción familiar no garantizan por sí solos protección sostenida. La institución necesita seguimiento, personal suficiente, protocolos verificables, supervisión externa y consecuencias cuando los procesos fallan. Sin esos elementos, el sistema corre el riesgo de convertirse en una maquinaria burocrática que registra vulneraciones, pero no necesariamente las evita.
Los fallos del sistema
Los principales fallos de CONANI no parecen estar solo en la existencia de la institución, sino en su capacidad operativa y de rectoría. Primero, hay un problema de prevención: demasiados casos llegan cuando el daño ya ocurrió. Segundo, existe un desafío de supervisión en hogares de paso y espacios de acogida, donde el Estado asume una responsabilidad directa sobre menores que ya han sido vulnerados. Tercero, hay debilidades de coordinación con otras instituciones, porque la protección infantil no depende únicamente de CONANI, sino también de tribunales, Ministerio Público, Policía, Salud Pública, Educación, ayuntamientos y juntas locales de protección.
También hay un fallo de confianza pública. Cada caso grave que involucra a menores bajo protección estatal golpea la credibilidad de todo el sistema. Y cuando la ciudadanía percibe que las respuestas son tardías, defensivas o meramente administrativas, la pregunta vuelve con más fuerza: ¿estamos ante una institución que protege o ante una estructura que reacciona después de cada tragedia?
No basta con más discursos: se necesita reforma real
Decir que CONANI es una institución fallida puede ser una conclusión extrema si se ignora el trabajo técnico que allí realizan muchos profesionales. Pero también sería irresponsable negar que el modelo necesita una revisión profunda. La protección de la niñez no puede depender de esfuerzos individuales ni de respuestas improvisadas ante la presión mediática. Requiere presupuesto suficiente, personal especializado, auditorías independientes, trazabilidad de casos, evaluación de resultados y una política clara de rendición de cuentas.
El país necesita saber cuántos casos se atienden, sí, pero también cuántos se resuelven de manera segura; cuántos menores son reintegrados sin recaer en ambientes de violencia; cuántos hogares de paso cumplen estándares adecuados; cuántas alertas se investigan a tiempo; y qué funcionarios o proveedores responden cuando hay negligencia.
La verdadera pregunta no es si CONANI debe desaparecer. La pregunta es si puede seguir funcionando con las mismas debilidades mientras la niñez vulnerable espera protección real. Si la institución es el órgano rector del sistema, entonces debe comportarse como tal: liderar, prevenir, supervisar, corregir y rendir cuentas.
Una institución encargada de proteger a los más indefensos no puede conformarse con administrar crisis. Debe anticiparlas. Debe evitar que ocurran. Y cuando falla, debe reconocerlo con transparencia. Solo así CONANI podrá dejar de ser vista como parte del problema y comenzar a recuperar su papel como garantía de protección para los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana.
Fuentes consultadas: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ley 136-03 y materiales públicos de UNICEF sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes en República Dominicana.