Tres dominicanos fueron acusados por autoridades federales de Estados Unidos de intentar introducir un cargamento de cocaína a Puerto Rico a bordo de una lancha rápida procedente de República Dominicana.
Los imputados fueron identificados como José Manuel Clase Montilla, Daniel Luis Cuevas y Pedro Emmanuel Carrión Sánchez, quienes fueron interceptados por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) el pasado 15 de mayo mientras navegaban hacia la costa norte de Puerto Rico.
De acuerdo con la investigación, los agentes detectaron una embarcación que navegaba sin luces y procedieron a ordenarle que se detuviera.
Sin embargo, en lugar de obedecer las instrucciones, los ocupantes comenzaron presuntamente a lanzar varios fardos al agua mientras intentaban continuar la marcha.
Las autoridades lograron interceptar la lancha, que posteriormente terminó hundiéndose durante la operación.
Tras el operativo, los agentes recuperaron cinco fardos que contenían aproximadamente 178 kilogramos de cocaína.
Según las investigaciones federales, la estructura criminal utilizaba lanchas rápidas para transportar drogas desde las costas de Sabana del Mar y Miches, en República Dominicana, con destino a Puerto Rico.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los tres hombres formaban parte de una operación dedicada al tráfico internacional de narcóticos mediante embarcaciones de alta velocidad.
El pasado 28 de mayo, un gran jurado federal en Puerto Rico emitió una acusación formal de nueve cargos contra los tres dominicanos por delitos relacionados con la importación de cocaína a territorio estadounidense.
Además de los cargos por narcotráfico, los acusados también enfrentan una acusación por entrada ilegal a Estados Unidos.
En el caso de Pedro Emmanuel Carrión Sánchez, las autoridades le atribuyen un cargo adicional por desobedecer la orden de detener la embarcación, al ser señalado como la persona que tenía el control de la lancha al momento de la intervención.
La acusación federal establece además que los procesados podrían ser obligados a entregar cualquier propiedad o activo que haya sido obtenido como resultado de las actividades ilícitas investigadas.
Asimismo, las autoridades buscan el decomiso de bienes que presuntamente hayan sido utilizados para facilitar la comisión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El caso es procesado por el fiscal federal auxiliar Luis A. Valentín y forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para combatir las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para introducir narcóticos a Puerto Rico y territorio continental de Estados Unidos.