El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, solicitó este martes al Departamento de Justicia que investigue al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al fiscal general estatal Keith Ellison por supuestamente no haber actuado para detener un fraude masivo en programas de asistencia social.
Vance remitió una carta a fiscales federales en la que cita un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, que sostiene que ambos funcionarios demócratas conocían desde hace años irregularidades en programas financiados por el gobierno y permitieron que continuaran, publicó la agencia de noticias Associated Press.
La petición forma parte de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra el fraude gubernamental, una iniciativa encomendada a Vance e interpretada por algunos como una plataforma para fortalecer su perfil político de cara a una eventual candidatura presidencial en 2028.
Minnesota ha sido escenario de varios casos de fraude vinculados a programas destinados a niños y otros servicios sociales. Decenas de personas han sido procesadas en los últimos años por esquemas de malversación de fondos públicos durante las administraciones de Joe Biden y Donald Trump.
La controversia también se centra en la participación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, establecida por la Casa Blanca en enero. La unidad ha sido objeto de escrutinio debido a su cercanía con el Ejecutivo y a preocupaciones sobre una posible influencia política en sus investigaciones.
Minnesota rechazó los señalamientos
El portavoz de Walz, Teddy Tschann, calificó el informe republicano como una “broma” y defendió la actuación del gobernador frente a los casos de fraude detectados en el estado.
Por su parte, Ellison afirmó que la solicitud de Vance carece de fundamento y la describió como un intento de utilizar las instituciones gubernamentales contra adversarios políticos. “La utilización de recursos públicos para perseguir a supuestos opositores políticos socava la confianza en las instituciones”, señaló el fiscal general en un comunicado citado por AP.
El informe republicano sostiene que las advertencias sobre posibles fraudes llegaron a los niveles más altos del gobierno estatal y que los pagos continuaron pese a la existencia de señales creíbles de irregularidades.
Vance argumentó que cualquier funcionario que haya facilitado el fraude, obstaculizado su detección o tomado represalias contra denunciantes debe rendir cuentas.
La disputa se suma a otros enfrentamientos recientes entre la administración Trump y las autoridades de Minnesota, especialmente en materia migratoria. En enero, el Departamento de Justicia emitió citaciones a funcionarios estatales como parte de una investigación relacionada con presuntas acciones que habrían dificultado el trabajo de las agencias federales de inmigración.
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