Esta semana comenzó uno de los pocos eventos verdaderamente mundiales, la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con partidos que se llevaran acabo en los tres países de Norteamérica, se han preparado planes para recibir a millones de visitantes en Estados Unidos; solo en Nueva York y Nueva Jersey se espera la asistencia de 1.2 millones de personas para los ocho partidos programados en el estadio MetLife, incluida la final.
Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto cómo el sueño de camaradería y deportividad a nivel mundial se transformaba en otra pesadilla xenófoba.
Aficionados extranjeros que habían obtenido la aprobación para visitar EE. UU. hace meses han informado de revocaciones de último momento que podrían impedirles viajar y hacerles perder los miles de dólares invertidos en pasajes aéreos, entradas para los partidos y alojamiento. Seguidores de Marruecos y Escocia también han reportado la denegación o revocación de sus documentos de viaje.
Incluso a un árbitro de fútbol, Omar Abdulkadir Artan, elegido Árbitro Masculino del Año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol y el primer somalí seleccionado para arbitrar en una fase final de la Copa Mundial de la FIFA, se le negó la entrada a Estados Unidos al llegar a Miami y fue apartado del torneo. Somalia figura entre los países sujetos a las restricciones de viaje impuestas por la administración Trump.
La administración ha dejado claro que retirar la bienvenida a los extranjeros es una prioridad absoluta, incluso cuando su presencia aportaría grandes beneficios económicos a EE. UU. y mejoraría la imagen de la nación ante países que han visto deteriorarse su opinión sobre el país. Con cada nueva política antiinmigrante, la administración refuerza la idea de que solo una parte cada vez más reducida del mundo y de las personas que viven aquí, debería sentirse como en casa en este país.
El llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha amenazado varias veces con aumentar la presencia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Nueva York en respuesta a la promulgación, por parte de la gobernadora Kathy Hochul, de varias leyes destinadas a proteger a los neoyorquinos frente a las agresivas medidas federales de control migratorio. Esto sucede poco después de que el exdirector del ICE, Todd Lyons, afirmara que la agencia desempeñaría un papel “clave” en la seguridad de los partidos del Mundial y contaría con una mayor presencia de las fuerzas del orden. En una entrevista reciente con el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin afirmó que “no estaban allí para realizar detenciones masivas de personas”; sin embargo, como hemos visto, no se puede confiar en estas agencias.
Esto significa que no solo los aficionados al fútbol provenientes del extranjero podrían evitar asistir a los partidos. Es probable que millones de familias inmigrantes, para quienes esta podría haber sido una oportunidad única en la vida de animar a sus equipos favoritos, se queden en casa, tras un año y medio viviendo bajo el terror por realizar las tareas y actividades cotidianas más simples.
La ciudad de Nueva York ha aprobado leyes para ampliar la comunicación multilingüe, ha creado programas culturales y ha mejorado las instalaciones públicas para los aficionados visitantes, entre otras inversiones. Irónicamente, las comunidades inmigrantes llevan décadas luchando por esos mismos servicios de acceso lingüístico en escuelas, oficinas gubernamentales, agencias públicas y procesos electorales. El acceso lingüístico no debería cobrar importancia únicamente cuando llegan los turistas.
Los preparativos ya en marcha demuestran que los gobiernos saben cómo crear entornos inclusivos cuando deciden hacerlo. Ese mismo compromiso debería extenderse más allá de los turistas y aplicarse por igual a las comunidades que consideran estas ciudades su hogar, para que se sientan seguras y bienvenidas.
Un evento destinado a celebrar la unidad internacional y el intercambio cultural no puede tener éxito si las políticas migratorias socavan esos mismos valores. Sin expectativas claras ni protecciones adecuadas, nuestras comunidades inmigrantes podrían enfrentarse a la discriminación por perfil racial o a interacciones innecesarias con la policía y las autoridades migratorias.
Por ello, LatinoJustice urge a las ciudades anfitrionas y a las agencias gubernamentales a mantener con las personas que ya residen aquí el mismo nivel de compromiso que están demostrando hacia los turistas visitantes. Nuestros gobiernos deben mantener esos compromisos incluso después de que concluya el torneo y dedicar recursos significativos a proteger los derechos constitucionales y civiles de la población.
Asimismo, exigimos garantías transparentes de que los operativos de seguridad de la Copa del Mundo no se utilizarán como pretexto para una aplicación discriminatoria de las leyes migratorias, de que ni los aficionados ni los participantes serán objeto de medidas basadas en su origen nacional o estatus migratorio, y de que se respetarán las protecciones constitucionales durante todo el torneo.
La Copa del Mundo representa una oportunidad extraordinaria para mostrar lo mejor de Estados Unidos. Las inversiones que realizamos hoy deberían dejar un legado que trascienda los estadios renovados, deben dejar protecciones más sólidas para nuestras comunidades, independientemente de su lugar de nacimiento, garantizando así que puedan participar en la vida pública de Estados Unidos sin temor.
Lourdes M. Rosado es presidenta y asesora legal de LatinoJustice