“Mentiría si dijera que ese día pensaba que había llegado mi hora, pero sabía que un día sería un rehén de este sistema. Lo he descrito como la muerte, porque sabes que algún día llegará, pero no cuándo”. Así se manifiesta la exdiputada venezolana Dignora Hernández en conversación telefónica con 20minutos al ser preguntada por el 20 de marzo de 2024. Ese día fue arrestada por el régimen chavista y trasladada a El Helicoide, la cárcel más temida del país, y en la que pasaría los siguientes 690 días de su vida. “En las primeras horas sientes que caes a un abismo, que no tienes piso, que vas cayendo profundamente”, afirma al recordar algunos de los momentos más difíciles de su cautiverio.
Cuando fue detenida, Hernández ya era miembro del comando de campaña de la líder opositora María Corina Machado, a quien el chavismo le impidió participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Su arresto fue tan solo uno de los cientos que llevó a cabo el régimen contra miembros de la oposición en el contexto de los comicios en los que resultó ganador Edmundo González Urrutia. Hoy en día, ella forma parte de los 690 presos políticos que han sido excarcelados desde que el Gobierno de Delcy Rodríguez anunciara la liberación de un “número importante” de personas. A pesar de ello y de la ley de amnistía, 508 ciudadanos siguen privados de libertad por motivos políticos, según el último balance de la organización Foro Penal.
Aquel 20 de marzo Hernández le dijo a su sobrina que saldría un momento de casa. “Al hacerlo, una veintena de hombres se abalanzaron sobre mí. Por instinto hui, pero lamentablemente me estaban esperando en los cuatro puntos cardinales”, recuerda la también profesora de historia. Ninguno de ellos se identificó. Nadie le leyó sus derechos ni tampoco le dijeron de qué la acusaban a pesar de que ella lo preguntó en repetidas ocasiones. Más tarde se enteraría de que había sido imputaba por los delitos de conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. “Me sentía escindida de la realidad, la estaba viendo pasar”.
El momento de su detención fue grabado y difundido por redes sociales. “¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor, por favor, no!”, gritó desesperadamente esta mujer de 57 años en una calle de Caracas mientras la subían al vehículo que la trasladaría a El Helicoide. Ella no fue consciente de la grabación ni del impacto que generó hasta mucho después. “Cuando salí [de la cárcel] muchas personas me hicieron referencia al vídeo del grito. Al verlo, lloré y lo entendí. Era de pánico“, rememora Hernández, quien considera que los funcionarios del régimen la tenían ‘fichada’ desde hacía días. Además, destaca que la llevaron directamente a la temida prisión, algo que no suele suceder con el resto de presos políticos.
“¿Te diste cuenta de que gritaste y nadie vino a defenderte?”, le echaban en cara los funcionarios mientras le gritaban y la llevaban a El Helicoide, donde fue amenazada con su familia. “Yo no tengo hijos, pero mi sobrina es como mi hija. Me la nombraban muchísimas veces y yo entraba en crisis. Me decían que me la iban a traer para que me hiciera compañía“, relata Hernández, a quien también le decían que le traerían a dos amigas. Cuatro meses después cumplieron su amenaza y arrestaron a su compañera María Oropeza, quien grabó su detención en redes sociales.
Yo no tengo hijos, pero mi sobrina es como mi hija. Me decían que me la iban a traer para que me hiciera compañía
Hernández compartía un espacio de 4×3 metros junto a cuatro mujeres. Allí no había ventanas, solo una luz blanca, y durante el primer año llegó a estar unos 45 o 50 días seguidos sin ver el sol. “El área era lo más parecido a un búnker y allí el único ruido que podíamos escuchar era el de nuestra propia voz“, continúa antes de recordar que las cucarachas y los ratones se metían por las puertas. También les colocaron un aire acondicionado sobre el cual no tenían control. “Lo ponían en 17 grados y pasamos frío un año entero”, añade antes de confesar que “la gente se mantiene a punta de psicotrópicos” para poder conciliar el sueño. Afortunadamente, ese no fue su caso.
Mientras tanto, Hernández seguía sufriendo los efectos de la urticaria de origen desconocido que padece. “No se sabe a qué reacciono y tuve más de 20 emergencias médicas con riesgo de edema de glotis [inflamación súbita de laringe que obstruye las vías respiratorias]”, sostiene la profesora, a quien se le hinchaban la cara, las manos, la boca y los ojos. A esto se sumaban dos tumoraciones: una en el riñón y otra en la glándula suprarrenal, de las cuales nunca fue atendida durante su cautiverio.
La exdiputada manifiesta que sí recibió atención médica para su alergia y que le administraron un medicamento para frenarla, pero solo hasta después de los comicios electorales. “Cuando pregunté por qué no me lo daban me dijeron que era porque venían las elecciones, que no me la podían inyectar porque no sabían como iba a reaccionar, porque si me moría, la oposición iba a usarlo como una bandera política. A ellos lo único que le interesaba era que no te murieras en El Helicoide“, sentencia antes de recordar que cuando le dijeron que iba a salir de la cárcel aseguró estar “perfectamente bien”. “No quería que por ninguna razón dijeran que no saldría hasta que no me curara”, agrega.
La ansiada noticia —que Hernández recibió con escepticismo y euforia—llegó el 8 de febrero de este año, días antes de que fuera aprobada en la Asamblea Nacional la ley de amnistía, la cual califica como un “mecanismo imperfecto” al que tuvo que acogerse para conquistar la libertad. “Esa es una ley con la que ellos [el régimen] quieren que les pidamos perdón por unos delitos que nunca cometimos. Y que, además, nos comprometamos a no hacer lo que nunca hicimos”, zanja.
De la misma manera opina Víctor Castillo, quien fue detenido por el régimen cuando era director del comando de campaña del partido de Machado en el estado Portuguesa. “Es una norma fuera de todo rango constitucional, una ley que mantiene vigentes la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar”, afirma este ingeniero de sistemas dedicado al sector agrícola en referencia a las leyes promulgadas para castigar severamente a quienes publiquen mensajes en redes sociales en contra del régimen y a los que apoyen sanciones internacionales contra el mismo. “Encarcelar a 2.000 venezolanos inocentes fue una decisión política, por lo que no se necesita una ley de amnistía, sino que den una orden política y terminen de liberar a los presos políticos”, sostiene.
Una persecución de película
Para este padre de familia de 40 años la pesadilla comenzó el 28 de abril de 2024, día en que tres funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) se presentaron en su casa, ubicada en el estado Portuguesa, con una orden de arresto. Castillo se subió al vehículo de los agentes y en ese momento sucedió lo impensable: su mujer se subió a su coche y decidió perseguir al vehículo para averiguar a dónde llevaban a su marido. “Íbamos a 140 km/h y mi esposa venía detrás. Pero poco después aparecieron más funcionarios en una patrulla del SEBIN y empezaron a tirarle el vehículo, a maniobrar para que ella se saliera de la vía“, afirma.
A diferencia de Hernández, Castillo no fue trasladado a El Helicoide desde el minuto uno ni en solitario. Tanto él como otros dos compañeros de su mismo estado fueron enviados primero a las dependencias del SEBIN y después en avioneta hasta Caracas. “Nos trasladaron como si fuéramos delincuentes, narcotraficantes. Y finalmente llegamos al centro de tortura más grande de Latinoamérica, a las mazmorras del régimen”, dice. Al llegar al centro, el comisario le pidió que leyera un texto que le habían redactado mientras lo grababan. “Querían que involucrara a más personas, pero siempre me negué. Durante 13 días me interrogaron y me preguntaron si conocía a una determinada persona. Pero yo siempre les dije que no involucraría a personas inocentes”, asegura.
Mi hija me dijo: ‘Papá te vine a buscar’. Eso me desgarró el alma y el corazón
Después de esos 13 días lo llevaron a él y a sus compañeros ante un juez. “Nos dijeron que teníamos que firmar la defensa pública. Nunca nos dieron derecho a tener un abogado privado“, relata Castillo tras afirmar que lo acusaron de los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Castillo estuvo 21 meses en El Helicoide y asegura que una de las cosas más terribles fue no poder ver a sus seres queridos. “Pasé dos meses sin tener contacto con mi familia. Mi esposa, mi madre y mis hijos estaban desesperados. Eso fue terrible para mí y hay que estar mentalmente preparado para poder soportarlo”, indica este ingeniero de sistemas que ni siquiera se atrevía a pedirle a su mujer que le llevara comida.
“Yo sabía la situación por la que estaba pasando mi familia. No le iba a quitar comida de la boca a mi esposa y a mis hijos para que me lo llevaran para allá”, confiesa Castillo antes de recordar la primera vez que su hija de seis años —a quien su madre le dijo desde el principio que su padre estaba detenido por motivos políticos— pudo visitarlo. “Me dijo: ‘Papá te vine a buscar. Nos vamos por la puerta por donde entré’. Eso me desgarró el alma y el corazón“, afirma emocionado antes de describir las condiciones en las que se encontraba en El Helicoide. En su caso, estaba en un espacio aún más pequeño que Hernández.
Castillo fue puesto en libertad el 1 de febrero de este año, aunque tanto él como Hernández tienen prohibido salir del país y deben presentarse cada 30 días ante el tribunal. A ninguno se le permitió tener un abogado privado mientras estuvieron dentro. “A Maduro el primer día le designaron a su abogado de confianza y a los presos políticos se les ha vulnerado ese derecho”, asegura antes de lamentar en lo que se ha convertido el sistema judicial. “Es lamentable que el Ministerio Público, la institución que te investigue, te cree un falso expediente”, manifiesta. Y también se pronuncia sobre el anuncio del régimen de cerrar el centro de detención: “El cierre de El Helicoide no borrará los crímenes que han cometido. No podrán borrar la historia”.
“El cierre de El Helicoide no borrará los crímenes que han cometido. No podrán borrar la historia”.
A pesar del sufrimiento vivido, este padre de familia asegura que seguirá luchando. “Salí a las ocho y media de la mañana de las mazmorras del régimen y a las seis de la tarde estaba a las afueras de El Helicoide acompañando a todas esas madres que sufren por sus hijos detenidos. No vamos a descansar hasta que se libere al último preso político que hay en este país“, sentencia tras poner en valor el trabajo de María Corina Machado para lograr una transición en Venezuela.
