SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) alertó sobre los riesgos y perjuicios que implicaría aumentar aún más la carga tributaria sobre el ron, en un momento en que la industria sigue sufriendo los efectos devastadores de la reforma fiscal aplicada en 2012.

En un encuentro con periodistas y líderes de opinión, el economista Magín J. Díaz, de la firma Ecomod Consulting, y la portavoz de Adopron, Circe Almánzar, presentaron los hallazgos de una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal de la industria, denominada “Ron dominicano: carga tributaria actual y secuelas de una reforma.”

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Plantearon que la reforma de 2012, con un fuerte incremento a la carga tributaria del ron, dejó lecciones que hoy llaman a reflexión, como la caída de las recaudaciones del Estado, el aumento del mercado ilícito y la afectación de la salud de cientos de ciudadanos que migraron a bebidas de bajo precio e inseguras.

“Concretamente, a partir de esa reforma, se perdió un millón de cajas o 4 millones de litros de la industria formal. Las recaudaciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) fueron en 2016 menores a las de 2011 y al Gobierno le tomó al menos seis años controlar el mercado ilícito y el fraude. Es decir, perdió el Estado, perdió la industria y perdieron los consumidores”, resaltó Díaz.

Recordó que fue en 2021 cuando el Gobierno pudo alcanzar el nivel de recaudaciones por el ISC de 2011, pero indicó que hasta este momento la industria ronera aún no ha recuperado los niveles de ventas declarados en 2012, debido al impacto de esa reforma aplicada hace más de una década.

Díaz y Almánzar coincidieron en que sería altamente perjudicial, con esos antecedentes, subir más la carga fiscal al ron, tomando en cuenta que, además, la recaudación total de bebidas alcohólicas ha caído en los últimos dos años, marcando en 2023 el nivel más bajo de las últimas dos décadas.

Según el estudio de Ecomod Consulting, el peso tributario actual sobre el ron dominicano es el más alto de las bebidas alcohólicas en toda la región, alcanzando casi el doble del promedio regional. Esta carga impositiva ha colocado una presión desmedida sobre la industria, afectando tanto a los productores como a los consumidores.

“Los consumidores de bajos ingresos han sido los más perjudicados, ya que la carga tributaria promedio actual del ron es de aproximadamente el 60% en el segmento de bajo precio. Este impacto regresivo de los impuestos ha llevado a que muchos dominicanos busquen alternativas más baratas y de menor calidad, poniendo en riesgo su salud y seguridad”, destaca la investigación presentada.

Por su lado, Almánzar subrayó: “Aumentar aún más la carga tributaria sobre el ron podría tener consecuencias catastróficas para la industria, el Estado y los consumidores. La elasticidad de la demanda del ron es alta, lo que significa que cualquier incremento en impuestos podría llevar a una mayor evasión y al fortalecimiento del mercado ilícito.”

«Debemos proteger nuestra industria y a nuestros consumidores de decisiones fiscales desmedidas que solo agravan los problemas existentes. No podemos permitir que el ron dominicano, un símbolo de nuestra identidad cultural, sea llevado al borde de la desaparición”, afirmó Almánzar.

Adopron hizo un llamado a las autoridades y a la opinión pública para considerar las implicaciones de cualquier nueva reforma fiscal sobre el ron. Indicó que es crucial encontrar un equilibrio que permita la sostenibilidad de la industria, proteja a los consumidores y garantice la recaudación fiscal sin incentivar el mercado ilícito.

Sobre Adopron

La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), un gremio industrial creado en 1978, agrupa a importantes empresas como Casa Brugal, Barceló & Compañía, Isidro Bordas, Bermúdez, Vinícola del Norte, Yazoo, Don Miguel, Alcoholes Finos Dominicanos, Siboney y Matusalem.

La industria del ron es uno de los mayores contribuyentes fiscales de la nación, pagando más de RD$7,200 millones en impuestos, de los cuales RD$5,500 millones corresponden al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Anualmente, compran más de 2 mil millones de pesos en el mercado local.

Adopron representa una industria que contribuye significativamente a la economía del país, con una producción anual de aproximadamente 6 millones de cajas de ron, de las cuales más de 2.5 millones se destinan a los mercados internacionales más exigentes, incluyendo Estados Unidos, España, Italia, Rusia, Japón y Chile, llegando a más de 75 países a nivel mundial.

Santo Domingo.- De la mano de Mamsa Sports Performance, la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) reveló los más destacados del Minicamp, quienes estarán hábiles para ser elegidos en el Sorteo de Novatos 2024 de La Súper Liga de la LNB.

Los equipos de La Súper Liga, que este 5 de junio seleccionarán a los nuevos integrantes del circuito de primera división, ya conocen que Luis Alejandro Severino fue el de mejor salto vertical con 32.2 centímetros, seguido por Kobbie Pérez (31.4) y Miguel Ángel García (30.8).

Kobbie Pérez también se destacó en la prueba de reacción cognitiva, la cual mide la capacidad de un atleta para responder rápidamente a estímulos visuales, auditivos o táctiles. Su tiempo fue de 11.22 segundos, por delante de Jhon Peña (11.69) y Reggie Pérez (11.8).

En la prueba de agilidad, el prospecto Samuel Elián Rijo fue el principal con 11.3 segundos, por delante de Yasuel Batista (11.31) y Hamlet Ruiz (11.51).

En cuanto al InBody, dispositivo de análisis corporal que mide la composición de masa muscular, porcentaje de grasa, grasa visceral, entre otros, José Carlos Borbón y Kobbie Pérez tuvieron un score de 97, resultando ser los superiores.

El InBody proporcionó a los equipos datos precisos y detallados de las condiciones físicas de los jugadores en el momento del Minicamp. Juan Correa y Reggie Pérez lograron sendos scores de 96.

Para el Draft 2024 de La Súper Liga de la LNB hay altas expectativas, ya que talentos como Omar Silverio, Lewin Duarte, Steven Vernplancken y Eusebio Suero figuran entre los más de 200 que buscarán un lugar entre los ocho equipos que componen el torneo.

Un arubeño habría fallecido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-XX-20, en Najayo, San Cristóbal, tras una infección general producida por una herida en la boca que le causó un médico con una jeringa, quien finalmente lo atendió después de «más de 11 meses» clamando por asistencia debido a un dolor de muela.

Una hermana del recluso Jarick Patrick Steven Farro, de 31 años, describe «la falta de humanidad» de las autoridades de la cárcel a la demanda de su pariente de que se le llevara con un facultativo y que, al momento de ser atendido, le agravaron su situación por la lesión que le causaron y la cual no fue tratada con antibiótico.

El interno falleció por la infección general el pasado 24 de mayo, narra su hermana Joselyn Farro. El Defensor del Pueblo informó a Diario Libre que iniciará las investigaciones para que la Dirección General de Servicios Penitenciarios ofrezca un informe con los pormenores que dieron como resultado la muerte de Jarick Patrick Steven Farro en el recinto penitenciario de Najayo Hombres.

En una carta enviada a la procuradora general, Miriam Germán, y al director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, el segundo suplente del Defensor del Pueblo, Miguel Puello Maldonado, manifiesta su «profunda preocupación» porque diariamente reciben informaciones sobre las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad.

La hermana describió que «el doctor en el penitenciario le hirió varias veces con agujas, causando sangrado abundante, y al asistir el día 10 de mayo de 2024 al dentista en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, no se pudo extirpar la muela».

Agregó Joselyn Farro que en el Centro Odontológico «le lastimaron, según su testimonio, la garganta y la cavidad de la muela» y al despacharlo le hicieron una receta que no pudo consumir porque «no podía tragar». En una misiva al Defensor del Pueblo, Farro afirma que se informó a la directora del Centro Penitenciario CCR-XX-20 Najayo, de San Cristóbal, Arelis Uribe, pero que «no se hizo ninguna acción» para suministrarle antibióticos inyectables.

Según Farro, a su hermano se le restringió las visitas «en más de tres ocasiones por largas temporadas» y que «aún con la situación de gravedad» que presentaba Jarick, que le impedía tragar, «no permitieron entregar alimentos especiales para garantizar su salud».

Tampoco se le informó a la familia ni a la Embajada de Holanda (de donde también los arubeños tienen pasaportes). Una primera vez fue llevado al hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, el 23 de mayo, acompañado de un custodio, según la certificación de ese centro de salud, por «referir dolor de muelas y salida de secreción de sangre». Según el nosocomio, el paciente se manejó «con analíticas, hidratación y la administración de analgésicos antiinflamatorios».

El hospital recomendó su ingreso, pero «el paciente firma el alta a petición». Su hermana dice que Jarrick quería que lo trasladaran a una clínica y que su familia cubriría los gastos.

No se le llevó a una clínica, sino al centro penitenciario donde fue sacado al día siguiente otra vez de emergencia. «El 24/5/2024 paciente nueva vez (extraído por custodio) y es recibido en triage de emergencia por el médico, en ese momento se coloca diagnóstico de odontalgia tratada con analgésico antiinflamatorios no esteroides tipo Diclofenac por vía intramuscular y se indican analíticas», agrega la certificación del hospital Juan Pablo Pina.

Posteriormente, comenzó un cuadro de dificultad respiratoria «expulsando contenido hemático de la cavidad oral, con historia de que días previos, sin especificar cantidad exacta, le había sido extraída una pieza dentaria, y que desde entonces se había mantenido presentando dolor y sangrado del área donde se le había trabajado».

El parte del centro asistencial dice que se le colocó oxígeno, a las 5:16 de la tarde, con «esteroides tipo hidrocortisona endovenosos, pero el mismo inicia hemorragia masiva por cavidad oral, por lo cual es trasladado al área de trauma shock de manera inmediata para aspiración e intubación endotraqueal» y que al presentar «parada cardiorrespiratoria» se le inician «maniobras de reanimación básicas y avanzadas de 30 minutos (según protocolo de reanimación)».

Ante la no respuesta positiva, «se realiza EKG (electrocardiograma) que reporta línea isoeléctrica, declarándose fallecido a las 8:20 de la noche», concluye el centro médico de San Cristóbal. Joselyn Farro también se queja «de la pesadilla» que vivieron para reclamar los restos de su hermano, en el Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif).

«No había personas para hacer actas de defunción o dar información; esas áreas trabajaban en ‘horario laboral y no hay turnos’, o sea las personas no pueden morir fines de semana», dice.

Finalmente pudo retirar el cuerpo por la gestión del Defensor Público, el pasado viernes 31 de mayo en la tarde. El Defensor del Pueblo informó que previo a la entrega del cadáver del hoy occiso, ya se le había tomado las pruebas para realizarle la autopsia.

Sostiene que el fallecimiento del joven que, según la denuncia falleció por no recibir atención médica oportuna, es «una grave violación de los derechos humanos» de la víctima «y refleja una falta de humanidad por parte del centro penitenciario» que transgrede el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 113-21 relativo a los derechos de las personas en prisión.