A pesar de la amnistía, todavía quedan 508 presos políticos en Venezuela. Si bien es cierto que gracias a la ley se han otorgado libertades plenas a unas 200 personas, la realidad es que los tribunales también están negando la amnistía a algunos presos políticos, según ha denunciado la organización Foro Penal. Pero eso no es todo, ya que se han producido al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos desde enero, de acuerdo con la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Al cumplirse un mes de la entrada en vigor de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cuatro abogados venezolanos atienden a 20minutos para hacer balance de la norma, que presenta deficiencias e incongruencias.
“De las casi 700 personas que han sido excarceladas desde enero [cuando la Asamblea Nacional anunció la liberación de “un número importante” de presos políticos] a unas 200 se les ha otorgado la amnistía. Pero todavía quedan más de 500 privados de libertad”, asegura el abogado y presidente de Foro Penal, Alfredo Romero. “La ley es más una bandera que una solución global, porque realmente no se necesita una amnistía para otorgar la libertad a personas que están injustamente presas o arbitrariamente detenidas. Tan es así que han excarcelado a muchísimas más personas sin amnistía que con ella“, expone tras confirmar que se han concedido libertades plenas a personas que ya estaban libres desde hace tiempo pero que todavía tenían procesos pendientes.
“Esta es una amnistía hecha por los mismos victimarios y son ellos los que, de alguna manera, regulan lo que sería la posibilidad o no de liberar a las personas”, sostiene Romero, quien destaca que la norma no parte de que en Venezuela ha habido detenciones arbitrarias, sino de una supuesta reconciliación y de que se está otorgando “clemencia” a unas personas que supuestamente cometieron delitos. “La amnistía es una mentira en sí misma. No se está considerando a los beneficiarios como víctimas, sino como delincuentes a los que se les da clemencia”, manifiesta el abogado.
De la misma manera opina el abogado penalista Omar Mora Tosta. “No se necesita una ley de amnistía cuando tenemos la posibilidad de usar las herramientas del Código Orgánico Procesal Penal para la liberación de los presos y perseguidos políticos”, sostiene. De acuerdo con él, las causas abiertas podrían cerrarse mediante sobreseimientos, revisiones y anulaciones de condena, nulidades y otros mecanismos. “Así como inicialmente hubo una orden que estableció la detención y desaparición forzada de todas esas personas, tendría que haber una orden similar que los liberara porque este es un tema absolutamente político, no jurídico“.
Alonso Medina Roa, quien también es abogado penalista, tiene una visión más pragmática. “La ley de amnistía, como instrumento político-jurídico, siempre va a resultar positivo para cualquier sociedad que ha sufrido una turbulencia político-ciudadana. Si bien es cierto que la norma puede tener deficiencias, no menos cierto es que ha generado un saldo positivo”, dice antes de recordar que la situación actual es mejor que la de hace meses. “No podemos abstraernos de la realidad político social de los últimos 27 años”, afirma el también presidente de la Coalición por los Derechos Humanos y recuerda que todavía sigue habiendo falta de autonomía e independencia de los poderes en el país.
Contradicciones de la ley
De acuerdo con Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, la ley tiene incoherencias. El letrado destaca que hay una contradicción entre el artículo 1 —que sostiene que el objetivo de la ley es conceder una amnistía “general y plena”— y el número 8, que limita el otorgamiento de la amnistía a los delitos cometidos en 13 momentos concretos de los últimos 27 años. Según indicó tras la aprobación de la norma el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, 15 años quedan “completamente por fuera” del alcance de la ley y si se suman los meses incluidos en la misma estos no llegan a más de 20. Apitz critica, asimismo, que la ley se refiera a dichos acontecimientos simplemente como “hechos” y no como “hechos políticos”. Con ello, “convierten participar en marchas y elecciones en hechos delictuales”.
Además, Apitz considera que “hay un texto en el cual pareciera ser que la intención es perdonar”, algo incompatible con la naturaleza de este tipo de normas. “Una ley de amnistía no es para perdonar. No es un indulto. Si es amnistía, de lo que se trata es de un olvido de hechos que sucedieron”, reflexiona el abogado. En este punto, afirma que hay “graves deficiencias”: no está previsto el derecho a la reparación integral de las víctimas y no se ordena la investigación de las violaciones de derechos humanos que se han cometido. “¿Por qué es tan importante que se hagan averiguaciones? Porque hay que determinar la verdad. Tiene que haber una verdad histórica para garantizar la no repetición“, manifiesta antes de expresar que son estas cuestiones las que hacen que la ley no cumpla con los estándares internacionales.
El decano critica, asimismo, un párrafo incluido en el artículo 9 de la ley, en el que se excluye de la amnistía a las personas “que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”. A juicio de Apitz, este apartado va dirigido a miembros del partido Vente Venezuela y a su líder María Corina Machado. “¿Qué sentido tiene en este momento la aplicación de esa exclusión cuando el Gobierno ha recibido al jefe del Comando Sur?”, señala antes de nombrar al resto de funcionarios estadounidenses que se han reunido con el Ejecutivo de Delcy Rodríguez.
El caso de los militares
Un día después de la entrada en vigor de la ley, Foro Penal indicó que unas 400 personas vinculadas a operaciones militares quedarían excluidas del beneficio de la amnistía. De ellas, 179 son militares y el resto civiles que habrían estado involucrados en supuestas operaciones militares. Entre ellos, familiares de los propios soldados. Tanto Mora Tosta como Apitz concuerdan en que la ley deja fuera a los militares, aunque Medina Roa difiere. “Se construyó una narrativa social de que los militares presos por causas políticas no eran acreedores de la ley, cuando esta no expresa tal exclusión. La narrativa social superó la situación y hoy en día tenemos un número importante de venezolanos excluidos”, manifiesta.
Medina Roa explica que solo existe un solo supuesto en la ley donde se excluyen personas por el delito de rebelión militar. Concretamente, en el contexto de las manifestaciones de 2019. “No hay una expresión tácita de la exclusión de los militares ni de otros delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar. No hay una explicación tácita que excluya a militares que han sido procesados por tipos penales o por delitos en el Código Penal venezolano”, reflexiona el abogado, quien lleva casos de militares. En este sentido, insiste en que esa narrativa que se ha montado ha hecho que los jueces hagan “un uso abusivo de la discrecionalidad, que se traduce en perjuicio de un grupo importante de privados de libertad”.
“La rebelión es el delito político por excelencia, porque de lo que se trata es de cambiar un Gobierno. Y eso está excluido”
Medina Roa también indica que, de acuerdo con el artículo 3 de la propia ley, no se podría dejar fuera a los militares. “El derecho a la igualdad es un principio que está establecido en la ley para su interpretación. En base a eso, no puede haber exclusión o diferencia entre militares y civiles para acceder al beneficio de la ley”, manifiesta el abogado antes de destacar que “muy pocos” militares han podido acogerse a ella. Apitz también cree que dejar fuera a los militares atenta contra el principio de igualdad, aunque él sí considera que la propia ley los excluye. “La rebelión es el delito político por excelencia, porque de lo que se trata es de cambiar un Gobierno. Y eso está excluido de la ley”, asegura el decano.
María Corina Machado y otros líderes de renombre
Al ser preguntados por cómo afectaría la ley de amnistía a María Corina Machado y a otros líderes políticos de renombre exiliados, los abogados expresan distintas posturas. Mora Tosta recuerda que cada caso es diferente y que todavía es muy pronto para evaluarlos. “A un mes, no vemos avances muy significativos, sino negativas escandalosas como la de Perkins Rocha”, dice en referencia a uno de los asesores jurídicos de la Plataforma Unitaria Democrática [bloque opositor al que pertenece el partido de María Corina Machado], a quien le negaron recientemente la amnistía. Romero, por su parte, hace referencia al párrafo del artículo 9 [el que parece estar dirigido a Machado], pero prefiere no adelantarse.
Apitz se muestra seguro de que no se le concederá amnistía a los presos políticos reconocidos. “No me queda la menor duda. Es una ley selectiva, así que cualquiera con el que se sientan amenazados políticamente, va a ser excluido de la aplicación de la ley. Esté en el extranjero o en territorio nacional“, sentencia tras recordar el caso de Rocha. Mientras que Medina Roa difiere: “Hay un tema de voluntad y entendimiento político que se hace necesario para la implementación de la ley. La exclusión como tal, tácita de forma expresa…sería muy forzado montarnos en esa narrativa. Yo me resisto a referir que tales exclusiones tienen esas precisiones puntuales”, manifiesta.
