No tuvo que pasar mucho tiempo para que los efectos de la guerra en Irán se irradiaran por todo el mundo.

Desde que comenzaron los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, los precios de los combustibles se han disparado a niveles inéditos y los hogares han comenzado a sentir los efectos de la crisis energética con aumentos en el precio de la gasolina o la tarifa de la luz.

Y los gobiernos están buscando cómo amortiguar el impacto que ha provocado el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz por donde transita la quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Los países asiáticos, que se encuentran entre los más afectados, han declarado la emergencia nacional, reducido la jornada laboral a cuatro días, cerrado las escuelas o entregado subsidios para enfrentar un escenario que parecía improbable hace apenas un mes.

El mundo enfrenta “la mayor amenaza a la seguridad energética global de la historia”, advirtió hace unos días Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Las medidas adoptadas por los gobiernos de todo el mundo para subsanar el enorme déficit en el suministro de petróleo y gas provocado por la guerra no han logrado reducir los temores de una espiral inflacionaria.

Los costos de la energía, con descensos y rebotes, siguen una tendencia alcista y el precio del barril de petróleo Brent ha estado rondando los US$110 en las últimas jornadas.

A esos niveles, se calcula que desde el inicio de la guerra el barril de petróleo ha aumentado su valor en cerca de 50% y el precio del gas natural en Europa también ha escalado sobre el 50%.

Empresas aéreas han anunciado un aumento en el precio de sus billetes, mientras que la producción agrícola también está sufriendo el golpe por la subida en el precio de los fertilizantes.

Cuando grandes inversores y analistas energéticos comenzaron a hablar de una posible recesión económica mundial si la crisis no se resolvía pronto, sonaba como una advertencia un tanto exagerada. Lamentablemente, en la medida que el conflicto no da indicios de llegar a su fin, las probabilidades de que eso ocurra no parecen ahora tan distantes.

Los gobiernos de todo el mundo están liberando al mercado una cifra récord de 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas y EE.UU. ha suspendido temporalmente las sanciones aplicadas a ciertos cargamentos de petróleo iraní y ruso, para que las refinerías que sufren escasez de suministros puedan comprarlos.

Te mostramos un panorama sobre qué están haciendo algunos países seleccionados para enfrentar la crisis.

Los países asiáticos

Asia se encuentra particularmente expuesta ante el bloqueo del estrecho de Ormuz. El año pasado, casi el 90% de todo el petróleo y el gas que transitó por la vía fluvial tenía como destino la región.

Filipinas importa cerca del 98% del crudo desde el golfo Pérsico, y el conflicto ha tenido repercusiones de amplio alcance en el país, afectando desde el sector del transporte hasta el precio del arroz.

El precio de la gasolina y el diésel se ha disparado a más del doble de su nivel previo a la guerra.

El gobierno declaró el estado de emergencia energética nacional, citando el “peligro inminente” que el conflicto en Medio Oriente representa para los suministros de combustible del país.

La declaración de emergencia le permite gestionar el movimiento, el suministro, la distribución y la disponibilidad de combustible, alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.

Desde el estallido de las hostilidades, el gobierno ha otorgado subsidios a los transportistas y ha implementado una semana laboral de cuatro días para los funcionarios públicos con el fin de ahorrar combustible.

Sri Lanka declaró festivo todos los miércoles para las instituciones públicas, mientras que Tailandia y Vietnam le han pedido a sus ciudadanos que trabajen desde casa en un intento por ahorrar combustible.

Incluso los funcionarios tailandeses han tenido que suspender los viajes al extranjero y utilizar las escaleras en lugar de los ascensores.

Otros países como Pakistán anunciaron el cierre de actividades económicas en determinados horarios y pidieron que, quienes pueden hacerlo, trabajen desde casa.

Países como Japón y Corea del Sur, que dependen en gran medida del petróleo y del gas que transitan por el estrecho de Ormuz, también han sufrido directamente las consecuencias del conflicto.

Japón está liberando más petróleo al mercado y Corea del Sur anunció que el gobierno levantará los límites a la capacidad de generación eléctrica a base de carbón y elevará la tasa de utilización de las centrales nucleares hasta un 80%. Y por primera vez en décadas fijó un tope a los precios internos de los combustibles.

India ha tomado medidas como recortar el suministro de gas licuado destinado a la industria para que los hogares tengan suficiente gas para cocinar, mientras que Vietnam recurrió a su fondo de estabilización de precios de combustibles para amortiguar las alzas de precio.

Algunos países han tenido que racionar el combustible para prolongar la duración de sus reservas, como es el caso de Sri Lanka. Otros, como Tailandia y Filipinas, están en negociaciones para adquirir petróleo ruso.

Para proteger su mercado, China ordenó una prohibición temporal de la exportación de productos refinados como gasolina y diésel.

Qué pasa en Europa y Estados Unidos

España aprobó un plan valorado en unos US$5.700 millones para mitigar los efectos de la crisis energética.

El paquete, que se aplicará hasta fines de junio, incluye una rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la gasolina y el diésel, un recorte del impuesto especial sobre los hidrocarburos y rebajas en las tarifas eléctricas a través de la disminución de impuestos específicos que afectan al sector.

Otras medidas apuntan a un recorte del impuesto al consumo para el gas natural, los pellets y la leña, como también ayudas directas para transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores, y un congelamiento del precio máximo de venta de butano y propano.

El gobierno alemán apostó por regular el mercado, antes que entregar subsidios directos, presentando una ley para que las gasolineras solo puedan subir los precios una vez al día.

Por otro lado, descartó la idea de volver a comprar gas ruso.

Por su parte Italia tiene previsto utilizar el IVA adicional recaudado por la subida de los carburantes para compensar a los consumidores, y sancionar a empresas que aprovechen la crisis para aumentar sus márgenes de ganancias, mientras que Portugal anunció una reducción temporal y extraordinaria del impuesto sobre el diésel.

Hungría fijó un tope al precio de la gasolina y el diésel, y anunció que liberará parte de las reservas estatales para garantizar el suministro. El gobierno le reclamó a la Unión Europea que levante el veto al gas y el petróleo rusos para paliar la subida de precios.

Al otro lado del Atlántico, el gobierno estadounidense ha insistido en que el aumento de los precios de la energía es algo temporal y que la agenda de la Casa Blanca está centrada en aumentar la producción de petróleo aprobando nuevos permisos de perforación.

La primera economía del mundo ha optado por levantar sanciones al petróleo ruso, modificar normas marítimas para reducir costos y liberar reservas estratégicas de crudo.

América Latina no es inmune

Para enfrentar la crisis energética, el gobierno de Brasil está aplicando un plan fiscal con medidas como la eliminación temporal de dos impuestos sobre el diésel y la entrega de una subvención a productores e importadores de ese combustible.

El gobierno también definió un impuesto sobre las exportaciones de combustible para estimular el procesamiento en las refinerías brasileñas y le entregó nuevos poderes a la Agencia Nacional de Petróleo para fiscalizar aumentos excesivos de precios por parte de los distribuidores de combustibles.

El plan va acompañado de la entrega de ayudas a las familias más vulnerables.

En México, el gobierno activó el subsidio a las gasolinas, aumentó el apoyo fiscal al diésel y llegó a un acuerdo con las empresas para fijar un precio máximo a este combustible.

El alza del precio del crudo ha generado un aumento en los ingresos petroleros de México, pero como el país debe importar gasolina para cubrir su demanda, los efectos del shock energético afectan a la nación norteamericana y generan la necesidad de estímulos fiscales para mitigar las subidas de precio de los combustibles.

Por otro lado, Colombia venía disminuyendo progresivamente el precio de la gasolina en los últimos meses, tal como estaba planeado. Sin embargo, el gobierno advirtió que si el valor internacional del combustible continúa subiendo, el precio interno tendría que ajustarse, una decisión nada fácil de tomar en plena campaña presidencial.

El escenario actual le ha presentado grandes dificultades a un gobierno que tomó la decisión de terminar con los subsidios a los combustibles fósiles.

Argentina no ha anunciado por ahora medidas para paliar los efectos del alza de precios, como tampoco lo ha hecho Ecuador, donde el gobierno eliminó el subsidio del diésel en septiembre del año pasado y estableció un sistema de banda de precios que se aplica desde diciembre.

Otro país que tampoco ha anunciado medidas de mitigación por los efectos de la guerra es Bolivia. El gobierno puso fin en diciembre a los subsidios a los combustibles con el fin de contener el déficit fiscal. La medida provocó gigantescos aumentos de precios de la gasolina y el diésel y una ola de protestas.

Ante la presión, el gobierno accedió a incorporar algunas medidas de compensación y apoyos sociales, pero en el escenario actual, no se han anunciado medidas para paliar los efectos de la crisis energética global.

Y en Chile, el gobierno adelantó hace una semana que el país viviría un aumento histórico en el valor de la energía de más del 30% en la gasolina y superior al 60% en el diésel.

El anunció provocó que miles de automovilistas salieran a las calles y colapsaran las gasolineras para llenar sus tanques.

En medio de duras críticas y protestas, las autoridades reafirmaron su decisión, aunque presentaron un paquete de medidas paliativas que fue aprobado por el Congreso.

Las medidas incluyen una congelación de las tarifas del transporte público en Santiago, ayudas para algunos transportistas y un subsidio al precio del kerosene (parafina) durante los próximos meses.

El paquete dejó fuera el gas y no incluyó ayudas para el sector de los transportistas. Aunque en Chile el valor de los combustibles los fija el mercado, el país contaba con un mecanismo de estabilización de precios que fue modificado por el actual gobierno.

El aumento en el valor de los combustibles supone la mayor subida desde los años 70.

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El profesor, jurista y amigo Olivo Rodríguez Huerta me compartió recientemente un paper escrito por el abogado José Ignacio González, titulado “La (incompleta) reforma de la regulación de minas en Venezuela”. Casi al mismo tiempo, Alejandro Valerio, también abogado, me envió su artículo “Qué tan atractivo es Venezuela para la minería extranjera”, publicado en el boletín “El diálogo”.

Ambos textos abordan la reforma a la ley minera venezolana desde perspectivas distintas. Esa coincidencia me dio material para escribir una trilogía de artículos. Este es el primero. Su propósito es aportar al debate sobre una reforma minera en la República Dominicana que ordene el Estado, genere confianza, eleve los controles y convierta el potencial mineral en desarrollo legítimo.

Cada vez que un país anuncia una reforma minera, surge la misma expectativa: que un nuevo marco legal traerá orden, confianza, inversión, sostenibilidad y mejores resultados. La promesa resulta atractiva. Sin embargo, la experiencia muestra otra realidad: las leyes, por sí solas, no transforman los sistemas.

Ese es uno de los puntos centrales del debate reciente en Venezuela. Una visión destaca la oportunidad económica de reglas más flexibles, concesiones más largas, arbitraje internacional y apertura al capital extranjero. Otra advierte que la reforma será insuficiente si no enfrenta el problema de fondo: la brecha entre la norma escrita y su aplicación en el territorio, las instituciones y el poder público.

Ese contraste merece atención en la República Dominicana.

No porque ambos países sean equivalentes. No lo son. Tampoco porque debamos copiar modelos externos. Pero toda reforma minera debe responder una pregunta clave: ¿se modifica una ley o se corrige un sistema?

La diferencia importa.

Una ley minera puede modernizar el lenguaje, introducir mejores contratos, actualizar categorías técnicas, incorporar criterios ambientales y ofrecer mayor seguridad al inversionista. Eso suma. Pero si persisten la discrecionalidad administrativa, la fragmentación institucional, los retrasos, la falta de trazabilidad, la debilidad del control territorial o la incapacidad de aplicar la norma, la reforma queda en promesa.

Esa es la advertencia del caso venezolano: el problema minero no es solo normativo. También es institucional.

En la República Dominicana, el debate no debe centrarse en la extensión del texto ni en su modernidad. La pregunta es otra: ¿la nueva ley reducirá la incertidumbre, ordenará competencias, fijará plazos, evitará duplicidades, fortalecerá los controles y ofrecerá reglas claras al Estado, las empresas y las comunidades?

Si la respuesta es sí, hay reforma. Si es no, hay un ajuste formal.

La institucionalidad minera no se limita a un sector. Define la capacidad del Estado para gobernar el territorio, proteger el ambiente, recaudar, supervisar con criterios objetivos y decidir sin arbitrariedad. Es, en esencia, Estado de derecho aplicado a una actividad compleja.

Esto no solo interesa a las empresas. También a ambientalistas, comunidades, medios, academia y otros sectores. Cuando una actividad opera con incertidumbre y baja transparencia, todos pierden: la inversión, el Estado, la confianza pública y la protección ambiental.

El debate dominicano debe evitar dos errores.

El primero es el triunfalismo extractivo: creer que abrir la inversión resolverá todo. Sin reglas claras, coordinación y supervisión, la apertura puede agravar los problemas.

El segundo es el reformismo de papel: producir una ley extensa que intente resolver todo, pero genere más confusión, lentitud o conflictos entre instituciones.

Una reforma madura debe evitar ambos extremos. Debe reconocer el valor económico de los recursos y, al mismo tiempo, fortalecer la gobernanza para reducir discrecionalidad, mejorar el control y generar legitimidad.

La República Dominicana tiene una ventaja: puede hacer una reforma preventiva, no reactiva. No legisla desde el colapso. Puede aprender de otras experiencias y evitar errores.

Pero eso exige honestidad.

Una ley moderna no será efectiva solo por mencionar sostenibilidad o añadir requisitos. Será útil si logra que la autoridad actúe con criterios claros, que los procesos sean predecibles, que el control ambiental funcione y que el Estado enfrente mejor la actividad ilegal.

La legitimidad de una reforma se mide en su capacidad de aplicarse.

La lección venezolana no es que reformar la ley sea inútil. Es que hacerlo sin fortalecer la institucionalidad convierte la modernización en una promesa vacía.

La República Dominicana debe aspirar a más.

Debe construir una ley minera que funcione como arquitectura de decisiones públicas. Una ley que no prometa más de lo que el Estado puede cumplir, pero que corrija la incertidumbre, la lentitud y los conflictos actuales. Una ley que entienda que la seguridad jurídica y la sostenibilidad no compiten. Y una ley que parta de una idea básica: en minería, la calidad de la institucionalidad define los resultados.