Mientras México se prepara para las elecciones generales más grandes de su historia, las organizaciones criminales han convertido en su blanco predilecto a los políticos locales en zonas donde dominan los carteles, lo que genera preocupación entre los expertos que temen que los comicios de junio podrían ser los más sangrientos de la historia reciente.

Esa realidad la conoció de cerca Julián López, coordinador del partido opositor Movimiento Ciudadano en el estado sureño de Guerrero, quien milagrosamente logró sobrevivir a un secuestro, junto con dos colaboradores, que tuvo lugar la madrugada del 7 de febrero cuando se trasladaba en su camioneta por una autopista de esa entidad.

El político, de 43 años, y sus dos colaboradores estuvieron cerca de una hora en manos de sus captores quienes, tras golpearlos y despojarlos de sus teléfonos móviles y otras pertenencias, los llevaron a un terreno cercano a un basurero y los obligaron a hincarse antes de empujarlos al suelo para abandonarlos en medio de la noche.

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Dos aspirantes a la alcaldía de Maravatío, en el estado occidental de Michoacán, no tuvieron igual suerte. El lunes fueron asesinados por pistoleros con pocas horas de diferencia. Uno pertenecía al partido gobernante Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el otro al conservador partido Acción Nacional (PAN). Un tercer aspirante a alcalde de esa ciudad fue secuestrado y hallado muerto en noviembre.

El 10 de febrero, un hombre que aspiraba a ser el candidato a diputado por el partido Morena en Ecatepec, un extenso suburbio de la Ciudad de México, recibió un disparo mortal en plena calle junto a su hermano. Un mes antes, el 5 de enero, fue asesinado el dirigente local del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato a la alcaldía de Suchiate en el estado sureño de Chiapas. El mismo día, en el estado noroccidental de Colima, un candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano en la localidad de Armería fue tiroteado por pistoleros mientras se encontraba en su vehículo.

Aun así, López se ha negado a viajar en vehículos blindados y a recibir protección de elementos armados desde su secuestro.

“¿Cómo se verá un dirigente moviéndose en el estado de Guerrero blindado y protegido por policías?, se preguntó el dirigente. “Eso no es la realidad con la que debemos estar trabajando en la entidad”.

Miles de políticos locales se encuentran en un dilema similar. De acuerdo con registros de la asociación civil local Data Cívica, que lleva adelante un proyecto de investigación sobre violencia política en México, desde septiembre —cuando la mayoría de las organizaciones iniciaron sus procesos de precampaña— hasta el 10 febrero se han reportado 30 agresiones a precandidatos e integrantes de partidos, en su mayoría políticos locales.

Itxaro Arteta, vocera de la asociación, indicó a The Associated Press que en enero pasado se reportaron ocho ataques a precandidatos, superando en más del doble las cifras de otros años, con lo que se convirtió en el “enero más violento” del que tienen registro desde 2018.

El escenario que avecina es “preocupante” puesto que en los procesos en los que hay muchos cargos locales en disputa suele subir la violencia política, reconoció Arteta. En los comicios generales del 2 de junio, que ya son considerados los más grandes de la historia, se elegirán más de 19.000 autoridades locales.

La compleja situación que enfrentan los políticos locales mexicanos también se evidenció en el análisis “Urnas y Tumbas” que realizaron investigadores del Seminario sobre Violencia y Paz del centro académico Colegio de México, que estudió 32 asesinatos de candidatos ocurridos en el proceso del 2021.

Entre los hallazgos a los que llegó la investigación, que se publicó el mes pasado, está que la violencia electoral letal en México es “eminentemente local, porque 85% de las víctimas competían por cargos municipales”, que los ataques suelen ser contra opositores al alcalde de turno, y que los asesinatos por lo general ocurren “sin aviso y en ataques rápidos”.

Al profundizar sobre las causas que ocasionan la alta incidencia de los asesinatos de políticos locales, el politólogo Manuel Pérez Aguirre, coordinador de la investigación del Seminario sobre Violencia y Paz, dijo a la AP que los estudios académicos han mostrado que en México “al crimen organizado le importa muchísimo el poder local” y es por ello que “buscan establecer el control en el nivel municipal”.

Pérez Aguirre afirmó que la situación de indefensión e inseguridad en la que viven muchos políticos locales potencian las posibilidades de que sean víctimas fáciles de los grupos criminales.

Esa vulnerabilidad se ha agravado durante el sexenio de López Obrador que ha orientado su política de seguridad a fortalecer el poder central de la Guardia Nacional, que desde el 2019 se ha convertido en su gran apuesta para hacer frente a la delincuencia, en detrimento de las policías estatales y municipales.

En el ciclo electoral 2020-2021 que estudió Pérez Aguirre se registraron más de 1.000 ataques contra políticos y 102 asesinatos, según la empresa mexicana de análisis político Etellekt Consultores. Esa cifra de muertos fue menor a la reportada en el 2018 cuando ocurrieron 152 homicidios de políticos.

Pese a las alertas de los analistas y partidos, López Obrador descartó que se vaya a desatar la violencia política-electoral en los comicios de junio, y anunció que las autoridades federales sólo ofrecerán seguridad a los candidatos presidenciales y los que competirán por las ocho gobernaciones y la alcaldía de la Ciudad de México, el Senado y la Cámara de Diputados.

La decisión del gobierno ha sido objetada por analistas y dirigentes políticos que estiman que no se debe dejar desasistidos a los políticos locales.

La firma local de consultoría en riesgo político y planeación Integralia Consultores reconoció en un informe que publicó en febrero que en algunas localidades del país existe mayor riesgo de intervención del crimen organizado en la política debido a que hay una “acumulación de mercados ilícitos”, de “grupos criminales en conflicto armado”, y un “Estado de derecho débil”.

Según Integralia Consultores la injerencia del crimen organizado en México no sólo se limita a las agresiones, asesinatos y amenazas a políticos y funcionarios, sino que también interviene en los procesos electorales por la vía del “financiamiento a campañas”, “imposición de candidaturas”, “movilización o inhibición del voto”, y la “alteración de la votación en casillas”.

Como consecuencia de la escalada de la violencia al menos dos alcaldes del PAN ya decidieron no participar en la contienda de junio, anunció Marko Cortés, presidente nacional del PAN, que se abstuvo de precisar la localidad donde encontraban por razones de seguridad.

Igual situación enfrenta el viejo partido PRI. El presidente de esa organización en Michoacán, Guillermo Valencia, dijo a la AP que ya cuatro candidatos en esa entidad renunciaron debido a amenazas de grupos criminales, y admitió que tiene problemas para encontrar candidatos en otras localidades.

Pese a los riesgos que enfrentan a diario algunos dirigentes locales, López se niega a renunciar y está decidido a seguir en el activismo político.

“Definitivamente no nos podemos rendir, no podemos claudicar, tenemos que seguir trabajando quienes creemos que las cosas pueden mejorar”, afirmó.

Aunque las uniones de pareja están prohibidas por ley antes de los 18 años, el último censo muestra que son un hecho frecuente en muchas regiones.

Mientras que Unicef las considera una violación a los derechos humanos en Ecuador, 5.217 adolescentes entre 12 y 14 años que fueron censados dijeron que su estado civil es de unión libre o matrimonio; en tanto que 742, en el mismo rango etario, aseguraron ser separados, divorciados o viudos. El último censo se realizó durante el 2022 y el año pasado se publicaron los resultados. Las cifras indican, según expertos, una oscura realidad de uniones tempranas ilegales en el país.

Según la información oficial, 100.957 niñas, niños, adolescentes y jóvenes comprendidos entre 12 y 19 años registran algún tipo de unión de hecho o de derecho. De estos casos, más de 5.000 se encuentra en la población entre 12 y 14 años.

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A mediados de febrero se publicó un análisis situacional sobre los derechos de la niñez y adolescencia denominado Ecuador: niñez y adolescencia en 360°: Estado de Situación sobre Niñez y Adolescencia en el Ecuador. El documento fue elaborado por tres organizaciones: ChildFund, Kindernothilfe KNH y World Vision. En este se abordaron temáticas como: violencia sexual, tránsito irregular de menores de edad por la selva de Darién, trabajo infantil, consumo de alcohol en niños y adolescentes; casos de suicidios registrados; abandono del sistema educativo, entre otras.

Uno de los puntos analizados por las fundaciones fue el estado conyugal de los niños y adolescentes. En el documento resaltan que: “Las estadísticas nacionales sobre matrimonios y divorcios publicadas previo al Censo 2022 ya no señalaban estos casos antes de los 18 años; sin embargo, la información publicada por el VIII Censo de Población y VII de Vivienda (2022) por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) da cuenta de la Población de 12 años o más por estado conyugal”.

Estos datos son sorprendentes pues en Ecuador las uniones tempranas están prohibidas. Además, todo caso de relación sexual entre un mayor de edad y un menor es delito.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha explicado que: “El matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos. Cada niño y niña tiene el derecho a ser protegido de esta práctica nociva que tiene consecuencias devastadoras para las personas y para la sociedad en su conjunto… Independientemente del género, el matrimonio celebrado antes de haber llegado a la edad adulta es una violación de los derechos de las niñas y los niños”. De acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas, América Latina “es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes”.

Las uniones tempranas ilegales

Los expertos Juan Francisco Oña, especialista de World Vision Ecuador y Sybel Martínez, directora de Grupo Rescate Escolar, explicaron a Infobae cuán alarmante es que el censo haya registrado estos casos, donde los menores son especialmente vulnerables.

Oña se refirió a la prohibición de las uniones tempranas, incluido en la modificación al artículo 89 del Código Civil. Esta reforma, realizada en el 2015, estableció que los menores de 18 años no pueden contraer ninguna relación estable y monogámica como el matrimonio o la unión libre. A pesar de esta medida, Oña señala que aún persisten casos de uniones tempranas debido a problemas arraigados en la pobreza y en la falta de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La reforma no tuvo el impacto deseado, indicó el especialista: “Al contrario de de eliminar de de plano las uniones tempranas, las facilitó, ya que el censo muestra que todavía hay personas en esta situación. En lugar de eliminar estos matrimonios prematuros, parece haber facilitado las uniones informales al no contar con un registro oficial”. Según Oña, aunque los niños censados entre 12 y 14 años hayan dicho que están “casados” esto sería una referencia a alguna unión de hecho ilegal. Pues si alguien a esa edad acude al registro civil para casarse, con un mayor de edad, por ejemplo, el adulto sería detenido por infringir un delito.

Además, las uniones tempranas tienen correlación con el embarazo adolescente. Desde 2021 hasta agosto de 2023, se registraron 11.390 embarazos de menores de 14 años en Ecuador. Martínez indica que los niños nacidos de estas uniones tempranas ilegales no pueden ser legalizados, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad al no poder acceder a los beneficios del matrimonio.

Por su parte, Martínez resaltó en la importancia urgente de proteger a los niños y niñas contra las graves repercusiones del matrimonio infantil y explicó que estas uniones obligan, principalmente, a las niñas a dejar la escuela, enfrentarse a embarazos prematuros y ser víctimas de violencia sexual y emocional. Para la experta, es importante la implementación de una educación sexual integral y el empoderamiento femenino para prevenir tales situaciones.

Aunque podrían existir relaciones de este tipo “consensuadas entre adolescentes”, Martínez indicó que: “(Esas uniones) siempre son traducidas en diferencias de poder en donde las niñas llevan la peor parte, no se sabe que las mujeres unidas sufren, por ejemplo, mayores niveles de violencia emocionales físicas sexual que aquellas que están casadas y más aún si son niñas o son adolescentes”.

La pandemia agravó el problema

Durante la pandemia del coronavirus, explicó Oña, las uniones tempranas se hicieron más frecuentes: “Esta práctica se exacerbó porque se veía como una respuesta o una posible solución (económica) en los territorios más pobres. Las familias no tenían trabajo, no podían salir a trabajar, etc. y muchas decidieron decir a sus hijos: ‘Bueno, cásense y y resuelvan su vida’”. En este sentido, la Unicef ya ha advertido que: “El matrimonio infantil y las uniones tempranas son un fenómeno complejo relacionado con desigualdades de género, pobreza, abandono escolar, violencia y embarazo adolescente”.

Martínez, coincide con Oña en que la época más crítica de la pandemia agravó esta situación: “Muchos niños, sobre todo niñas, fueron entregados por las familias a personas que les llevaban más edad, a mayores de edad para saltar deudas, para que les den dinero para subsistencia de esas familias, o sea, para que dejen de ser una carga en casa”, contó.

Pero el problema no solo es económico. También puede tratarse de redes de trata, prostitución, pornografía o trabajo forzado. Entre 2015 y julio de 2022, la Fiscalía General del Estado ha recibido un total de 997 denuncias por trata de personas. De estas denuncias, aproximadamente el 43% corresponden a adolescentes de entre 13 y 17 años, mientras que el 15% involucra a niños y niñas de 0 a 12 años. Según un informe global de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 30% de las víctimas de trata a nivel mundial son menores de edad. Infobae