Mientras México se prepara para las elecciones generales más grandes de su historia, las organizaciones criminales han convertido en su blanco predilecto a los políticos locales en zonas donde dominan los carteles, lo que genera preocupación entre los expertos que temen que los comicios de junio podrían ser los más sangrientos de la historia reciente.

Esa realidad la conoció de cerca Julián López, coordinador del partido opositor Movimiento Ciudadano en el estado sureño de Guerrero, quien milagrosamente logró sobrevivir a un secuestro, junto con dos colaboradores, que tuvo lugar la madrugada del 7 de febrero cuando se trasladaba en su camioneta por una autopista de esa entidad.

El político, de 43 años, y sus dos colaboradores estuvieron cerca de una hora en manos de sus captores quienes, tras golpearlos y despojarlos de sus teléfonos móviles y otras pertenencias, los llevaron a un terreno cercano a un basurero y los obligaron a hincarse antes de empujarlos al suelo para abandonarlos en medio de la noche.

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Dos aspirantes a la alcaldía de Maravatío, en el estado occidental de Michoacán, no tuvieron igual suerte. El lunes fueron asesinados por pistoleros con pocas horas de diferencia. Uno pertenecía al partido gobernante Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el otro al conservador partido Acción Nacional (PAN). Un tercer aspirante a alcalde de esa ciudad fue secuestrado y hallado muerto en noviembre.

El 10 de febrero, un hombre que aspiraba a ser el candidato a diputado por el partido Morena en Ecatepec, un extenso suburbio de la Ciudad de México, recibió un disparo mortal en plena calle junto a su hermano. Un mes antes, el 5 de enero, fue asesinado el dirigente local del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato a la alcaldía de Suchiate en el estado sureño de Chiapas. El mismo día, en el estado noroccidental de Colima, un candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano en la localidad de Armería fue tiroteado por pistoleros mientras se encontraba en su vehículo.

Aun así, López se ha negado a viajar en vehículos blindados y a recibir protección de elementos armados desde su secuestro.

“¿Cómo se verá un dirigente moviéndose en el estado de Guerrero blindado y protegido por policías?, se preguntó el dirigente. “Eso no es la realidad con la que debemos estar trabajando en la entidad”.

Miles de políticos locales se encuentran en un dilema similar. De acuerdo con registros de la asociación civil local Data Cívica, que lleva adelante un proyecto de investigación sobre violencia política en México, desde septiembre —cuando la mayoría de las organizaciones iniciaron sus procesos de precampaña— hasta el 10 febrero se han reportado 30 agresiones a precandidatos e integrantes de partidos, en su mayoría políticos locales.

Itxaro Arteta, vocera de la asociación, indicó a The Associated Press que en enero pasado se reportaron ocho ataques a precandidatos, superando en más del doble las cifras de otros años, con lo que se convirtió en el “enero más violento” del que tienen registro desde 2018.

El escenario que avecina es “preocupante” puesto que en los procesos en los que hay muchos cargos locales en disputa suele subir la violencia política, reconoció Arteta. En los comicios generales del 2 de junio, que ya son considerados los más grandes de la historia, se elegirán más de 19.000 autoridades locales.

La compleja situación que enfrentan los políticos locales mexicanos también se evidenció en el análisis “Urnas y Tumbas” que realizaron investigadores del Seminario sobre Violencia y Paz del centro académico Colegio de México, que estudió 32 asesinatos de candidatos ocurridos en el proceso del 2021.

Entre los hallazgos a los que llegó la investigación, que se publicó el mes pasado, está que la violencia electoral letal en México es “eminentemente local, porque 85% de las víctimas competían por cargos municipales”, que los ataques suelen ser contra opositores al alcalde de turno, y que los asesinatos por lo general ocurren “sin aviso y en ataques rápidos”.

Al profundizar sobre las causas que ocasionan la alta incidencia de los asesinatos de políticos locales, el politólogo Manuel Pérez Aguirre, coordinador de la investigación del Seminario sobre Violencia y Paz, dijo a la AP que los estudios académicos han mostrado que en México “al crimen organizado le importa muchísimo el poder local” y es por ello que “buscan establecer el control en el nivel municipal”.

Pérez Aguirre afirmó que la situación de indefensión e inseguridad en la que viven muchos políticos locales potencian las posibilidades de que sean víctimas fáciles de los grupos criminales.

Esa vulnerabilidad se ha agravado durante el sexenio de López Obrador que ha orientado su política de seguridad a fortalecer el poder central de la Guardia Nacional, que desde el 2019 se ha convertido en su gran apuesta para hacer frente a la delincuencia, en detrimento de las policías estatales y municipales.

En el ciclo electoral 2020-2021 que estudió Pérez Aguirre se registraron más de 1.000 ataques contra políticos y 102 asesinatos, según la empresa mexicana de análisis político Etellekt Consultores. Esa cifra de muertos fue menor a la reportada en el 2018 cuando ocurrieron 152 homicidios de políticos.

Pese a las alertas de los analistas y partidos, López Obrador descartó que se vaya a desatar la violencia política-electoral en los comicios de junio, y anunció que las autoridades federales sólo ofrecerán seguridad a los candidatos presidenciales y los que competirán por las ocho gobernaciones y la alcaldía de la Ciudad de México, el Senado y la Cámara de Diputados.

La decisión del gobierno ha sido objetada por analistas y dirigentes políticos que estiman que no se debe dejar desasistidos a los políticos locales.

La firma local de consultoría en riesgo político y planeación Integralia Consultores reconoció en un informe que publicó en febrero que en algunas localidades del país existe mayor riesgo de intervención del crimen organizado en la política debido a que hay una “acumulación de mercados ilícitos”, de “grupos criminales en conflicto armado”, y un “Estado de derecho débil”.

Según Integralia Consultores la injerencia del crimen organizado en México no sólo se limita a las agresiones, asesinatos y amenazas a políticos y funcionarios, sino que también interviene en los procesos electorales por la vía del “financiamiento a campañas”, “imposición de candidaturas”, “movilización o inhibición del voto”, y la “alteración de la votación en casillas”.

Como consecuencia de la escalada de la violencia al menos dos alcaldes del PAN ya decidieron no participar en la contienda de junio, anunció Marko Cortés, presidente nacional del PAN, que se abstuvo de precisar la localidad donde encontraban por razones de seguridad.

Igual situación enfrenta el viejo partido PRI. El presidente de esa organización en Michoacán, Guillermo Valencia, dijo a la AP que ya cuatro candidatos en esa entidad renunciaron debido a amenazas de grupos criminales, y admitió que tiene problemas para encontrar candidatos en otras localidades.

Pese a los riesgos que enfrentan a diario algunos dirigentes locales, López se niega a renunciar y está decidido a seguir en el activismo político.

“Definitivamente no nos podemos rendir, no podemos claudicar, tenemos que seguir trabajando quienes creemos que las cosas pueden mejorar”, afirmó.