Santo Domingo.- La medida de coerción solicitada contra Jochi Gómez y Hugo Beras, ex director del INTRANT, establece que ambos desempeñaron roles clave en la organización criminal que desvió fondos públicos mediante la manipulación de contratos estatales y el lavado de activos. 

El documento del Ministerio Público consta de 304 páginas y plantea que por la gravedad de los hechos imputados y cometidos, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, podría ser de hasta 20 años.

El relato del Ministerio Público expone que mientras Beras utilizó su cargo para adjudicar contratos de manera fraudulenta, Gómez se benefició económicamente y operó las empresas que sirvieron como vehículos para el saqueo de fondos estatales, todo esto bajo un manto de legalidad aparente, pero basado en falsificación de documentos, usurpación de identidades y abuso de poder .

A Jochi Gómez, dueño de Aurix, le atribuyen la responsabilidad de al menos cinco violaciones graves a las leyes. A continuación un desglose, según el Ministerio Público:

1. Empresas de fachada: José Ángel Gómez Canaán fue el principal beneficiario económico de la estructura de corrupción. Utilizó empresas de carpeta o fachada como Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S. para recibir contratos estatales millonarios sin cumplir con los requisitos legales y técnicos. Estas empresas, creadas específicamente para este proceso, no tenían experiencia previa en el manejo de sistemas semafóricos y de videovigilancia, lo que fue deliberadamente ocultado.

2.Usurpación de identidad empresarial: Para lograr que Transcore Latam S.R.L. fuera adjudicada en la licitación, Gómez Canaán usurpó la identidad de la empresa estadounidense TransCore LP. Creó la empresa Transcore Latam S.R.L. en República Dominicana con documentación falsa, simulando que era una filial de la entidad estadounidense, lo que fue desmentido posteriormente por los representantes legales de dicha empresa .

3.Lavado de activos: Una vez adjudicado el contrato a Transcore Latam S.R.L., Gómez Canaán, a través de una red de transferencias bancarias, desvió el dinero obtenido del Estado a otras cuentas vinculadas a INPROSOL S.R.L. y a sus socios en el esquema de corrupción. Estas operaciones financieras se utilizaron para movilizar fondos ilícitos y blanquear el dinero derivado de la corrupción.

4.Sabotaje de la red semafórica: Gómez Canaán es acusado de utilizar su control sobre la red semafórica para sabotear el sistema a finales de agosto de 2024, causando caos en el tránsito de Santo Domingo. Este acto de sabotaje es parte de una serie de actos que las autoridades catalogan como terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado .

5.Acceso ilegal a tecnología de defensa: Gómez Canaán logró que el Ministerio de Defensa le otorgara, de manera ilegal, contratos para adquirir y utilizar tecnología reservada para las agencias de inteligencia y defensa del Estado. Esta tecnología fue introducida en el país y utilizada para actos ilícitos, como el espionaje y la manipulación de sistemas de seguridad, lo que representó un grave riesgo para la seguridad nacional .

Mientras, estas son las supuestas violaciones de Hugo Beras:

1. Adjudicación fraudulenta de contratos: Hugo Beras, durante su mandato en el INTRANT entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, dirigió la adjudicación de contratos millonarios a empresas que no cumplían con los requisitos técnicos, principalmente a Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S., ligadas a José Ángel Gómez Canaán. Esta adjudicación fue parte de un proceso de licitación manipulado desde el inicio para favorecer a estas empresas, sin transparencia ni competencia justa .

2.Inflación del presupuesto: Uno de los actos más graves de corrupción fue el aumento injustificado del presupuesto para la modernización del sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo, que pasó de RD$104 millones a RD$1,200 millones, sin estudios técnicos que justificaran este incremento. Esta inflación presupuestaria permitió desviar más fondos hacia la red de corrupción.

3.Manipulación del proceso de licitación: Beras, en conjunto con sus colaboradores Frank Atilano y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, diseñaron un pliego de condiciones a medida de Transcore Latam S.R.L., empresa de fachada de José Ángel Gómez Canaán. Este pliego se presentó sin participación de los miembros del Comité de Compras, y su elaboración se llevó a cabo fuera de las instalaciones del INTRANT, en la sede de Aurix S.A.S. (empresa de Gómez) .

4.Falsificación de documentos: Hugo Beras autorizó y participó en la creación de documentos falsificados, como certificaciones que aseguraban la correcta entrega de bienes y servicios por parte de las empresas contratadas, cuando en realidad estos servicios no se habían ejecutado. Además, bajo su dirección, se certificó falsamente que el Intrant contaba con los fondos necesarios para realizar la licitación, cuando estos fondos no estaban disponibles hasta varios meses después .

El Excónsul haitiano Edwin Paraison, lamentó que voces en los medios y en las redes sociales sigan promoviendo la enemistad entre República Dominicana y Haití.

En un comunicado enviado a la prensa, el exfuncionario haitiano aseguró que actores buscan influir no solo en las políticas públicas, sino también incitar a ciudadanos comunes a intervenir en áreas sensibles como la gestión migratoria

A continuación el comunicado íntegro de Paraison

Relaciones Dominico-Haitianas: Un Llamado a la Cooperación y Solidaridad

Las relaciones entre la República Dominicana y Haití atraviesan nuevamente un momento de preocupación, evocando ecos del pasado conflictivo del siglo XIX, marcado por la construcción de los Estados-nación de ambos países. Sin embargo, la realidad actual es diferente. La interdependencia entre ambas naciones, particularmente en la zona fronteriza, se ha demostrado claramente durante la reciente disputa sobre la construcción de un canal de riego en Ouanaminthe, en Haití. Esta constatación nos impulsa hacia una política de buena vecindad, cooperación y solidaridad.

Desinformación y una Retórica Divisiva

Es lamentable que, a pesar de esta realidad, algunas voces en los medios y en las redes sociales sigan promoviendo la enemistad entre los dos pueblos. Estos actores buscan influir no solo en las políticas públicas, sino también incitar a ciudadanos comunes a intervenir en áreas sensibles como la gestión migratoria, un campo que pertenece exclusivamente a las autoridades y que debe ser manejado conforme a la ley, sin ambigüedades.

Contexto de la Crisis Haitiana

La grave crisis que atraviesa Haití no debería ser motivo para romper la fraternidad, la solidaridad y la paz social que debemos garantizar en nuestra isla compartida. Las recientes manifestaciones marcadas por hostilidades de sectores que se identifican con un cierto nacionalismo y la decisión de la República Dominicana de repatriar hasta 10,000 haitianos por semana generan legítimas preocupaciones de los sectores solidarios de ambos países, así como inquietudes a nivel internacional. Esta medida parece ser una respuesta a la falta de acción de la comunidad internacional frente a los reiterados llamados del gobierno dominicano para reducir el impacto de la crisis haitiana en su territorio.

Es importante señalar que la República Dominicana no está sola en sus críticas hacia la indiferencia internacional. Figuras influyentes, como el Papa Francisco, han expresado repetidamente sus preocupaciones sobre la situación en Haití. Más recientemente, el secretario general de las Naciones Unidas también cuestionó la falta de atención al caso haitiano, subrayando que muchos actores internacionales prefieren financiar conflictos en lugar de destinar recursos a la estabilización de Haití.

Consideraciones Humanitarias

Aunque la frustración dominicana respecto a la comunidad internacional es comprensible, es difícil justificar moralmente la expulsión de personas que huyen de la violencia en Haití. La situación actual refleja más de 700,000 desplazados internos, y los recientes ataques de la banda «Gran Grif» en el bajo Artibonito han causado numerosas víctimas. Las infraestructuras de Haití están gravemente deterioradas, careciendo de capacidad para recibir eficazmente a un gran número de repatriados, lo que podría agravar la inestabilidad y el sufrimiento humanitario.

Desafíos y Voluntad de Cambio

La repatriación masiva en tan poco tiempo plantea desafíos humanitarios, legales y sociales. Por lo tanto, es esencial que este proceso se desarrolle de manera transparente, garantizando los derechos de las personas afectadas. En este sentido, entre las nuevas disposiciones dominicanas, el «Protocolo de Identificación de Migrantes Ilegales y su Retorno Asistido», que propone una colaboración con las autoridades haitianas y condiciones de retorno dignas, es un avance positivo. Si se aplica correctamente, puede representar un paso importante para asegurar la coordinación y asistencia consular necesarias, y preservar los derechos de los repatriados.

Asimismo, el énfasis en la formación continua de inspectores en la gestión de crisis migratorias y derechos humanos, así como la lucha contra el tráfico de personas, son prometedores y conducirán a una gestión profesional y respetuosa de la ley. Estas disposiciones parecen expresar la voluntad dominicana de marcar una diferencia con los errores y debilidades en la gestión reciente de las repatriaciones. La contraparte haitiana, según la letra y el espíritu del acuerdo de 1999 sobre las repatriaciones, debería por su parte lanzar una campaña de sensibilización, particularmente en la región fronteriza y las zonas proveedoras de migrantes, para disuadirlos de emprender viajes clandestinos hacia la República Dominicana.

Cooperación Internacional

Dada la naturaleza transfronteriza del tema, es imperativo coordinar esfuerzos con agencias de la ONU como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ya colaboran con el gobierno dominicano, para asegurar un proceso de repatriación conforme a las convenciones internacionales en la materia y preservando la dignidad humana.

Información y Asistencia Jurídica

Para evitar errores del pasado en las operaciones de repatriación, como dar la impresión de una caza de personas, es esencial que los afectados reciban información clara y accesible sobre sus derechos y opciones legales durante el proceso de repatriación. Las ONG y fundaciones pueden desempeñar un papel crucial en esta tarea, proporcionando asistencia legal y facilitando la regularización de ciertos casos específicos.

Diálogo y Colaboración

En el discurso público, el ejercicio soberano del derecho a la repatriación por parte de la República Dominicana no debe percibirse como una acción política contra Haití o sus nacionales, ya que esto podría aumentar la estigmatización y el sentimiento de rechazo hacia el pueblo vecino y hermano en la sociedad dominicana. El proceso debe enmarcarse en un diálogo continuo entre las autoridades dominicanas y haitianas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias. Este diálogo es esencial para implementar efectivamente las nuevas medidas y abordar las preocupaciones reales de las partes involucradas.

Impacto Económico y Grupos Vulnerables

Desde hace más de un año, la República Dominicana ha cerrado unilateralmente sus fronteras con Haití, lo que ha provocado la suspensión de la entrega de visas (excepto 131 a sindicatos de transportistas de mercancías en beneficio de la RD) y, por lo tanto, restricciones a la movilidad de personas para actividades comerciales y profesionales, lo que ha llevado a la quiebra de empresas haitiano-dominicanas, especialmente en la hostelería, la restauración y el transporte. Las repatriaciones anunciadas tendrán nuevas repercusiones económicas en ambos países, afectando sectores como la agroindustria y la construcción en la República Dominicana, mientras que reducirán las remesas que sostienen a las capas más vulnerables de la población haitiana. Se podría esperar un eventual fenómeno de boomerang migratorio.

Además, es crucial establecer claramente que los dominicanos de ascendencia haitiana sin documentos y los solicitantes de asilo no están incluidos en estas repatriaciones. También, se deberá adoptar un enfoque sensible hacia los grupos vulnerables, mientras se regularizan las anomalías que puedan afectar a las personas pertenecientes a las siguientes categorías:

Miembros de familias mixtas

Jubilados del Consejo Estatal del Azúcar u otras personas mayores

Personas inscritas en el PNRE

Personas en proceso de renovación de residencia

Estudiantes universitarios

Niños oficialmente inscritos para este año escolar (en establecimientos privados o públicos)

Misioneros y trabajadores religiosos

Comerciantes, empresarios y jefes de empresas con operaciones en curso

Profesionales de diversos campos que no constituyen una carga para el Estado dominicano

Trabajadores de la agroindustria y obreros de la construcción vinculados a una empresa

Personas en tránsito por cuestiones migratorias o consulares

Conclusión

Una operación de la magnitud anunciada por el gobierno dominicano no puede llevarse a cabo sin un diálogo abierto y constante con Haití, que debe estar preparada para recibir y reintegrar a sus ciudadanos. En las circunstancias actuales, la Fundación Zile recomienda que se organice con urgencia un diálogo bilateral sobre este tema para analizar todos los aspectos relacionados. Asimismo, la colaboración de los organismos internacionales es esencial para asegurar, por un lado, un proceso respetuoso y coordinado y, por otro, contribuir a la acogida y reintegración de los repatriados. La FZ desea fervientemente que el diálogo bilateral pueda dar lugar a la reactivación de los trabajos de la comisión mixta (CMB) para abordar cuestiones importantes, incluida la normalización de los intercambios entre ambos países. Como un país con una importante comunidad migrante, la República Dominicana debe garantizar a los migrantes en su territorio el mismo trato que espera para sus propios ciudadanos en el extranjero, con dignidad, respeto y humanismo. La FZ es una organización binacional fundada en 2005 en Santo Domingo, cuya misión es promover la amistad, la solidaridad y la cooperación entre los dos pueblos de la isla. Su consejo de administración está presidido por el Rev. P. Julio Antonio Acosta (Julin) del lado dominicano y por Mons. Oge Beauvoir del lado haitiano.

Santo Domingo, RD, 04/10/2024

San Salvador.- Una corte penal de El Salvador condenó el viernes a 40 años de cárcel al exsargento de la Fuerza Armada, Héctor Ovidio Alvarado por la violación de una menor de edad en septiembre de 2023, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

«La FGR logró hacer justicia a favor de una menor que fue abusada por el exsargento de la Fuerza Armada», indicó la fuente en su cuenta de X.

Apuntó que los hechos se dieron en una zona costera del país al momento en que «un grupo de menores de edad regresaban de departir en la playa cuando fueron interceptados por 5 soldados y el exargento».

«Alvarado tomó a la víctima y la llevó a un lugar aislado para abusar sexualmente de ella, el resto de los implicados se quedaron en la zona amenazando a los acompañantes de la víctima», relató la Fiscalía.

Los otros señalados por la Fiscalía han sido identificados como René Escobar, Hilario Flores, Vicente Gómez, Edgardo Pintín y Eder Salazar, quienes deberán enfrentarse a la Justicia nuevamente tras la anulación de un fallo que sobreseyó el proceso contra ellos.

Para el Ministerio Público salvadoreño, Alvarado «es el autor directo de los hechos», mientras que Escobar, Flores, Gómez, Pintín y Salazar «son cómplices necesarios».

Según un reporte de tres organizaciones humanitarias, los cuerpos de seguridad salvadoreños han superado a las pandillas en la generación de desplazamiento forzado interno y entre los hechos generadores se encuentran el acoso y el abuso sexual.

Los datos de Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) señalan que las 223 víctimas de desplazamiento que han atendido entre 2022 y 2023 denunciaron amenazas (18,4 %), vigilancia (17 %), detención arbitraria (16,6 %) y malos tratos y tortura (14,8 %) por parte de policías y soldados.

Además, entre las vulneraciones que estas personas han denunciado ante las organizaciones se encuentra el acoso sexual (2,2 %) y el abuso sexual (0,9 %).