El reciente memorando de U.S Citizenship and Immigration Services (USCIS) que ordena la “revisión y reentrevista” de casi 250 mil refugiados ya admitidos bajo el Programa de Admisiones de Refugiados de EEUU (USRAP) es innecesario, perjudicial y contrario a los principios humanitarios de nuestro país. Como señalé el verano pasado, el ataque constante a nuestra comunidad refugiada traiciona nuestra historia como nación. Cuando nuestros líderes denigran a comunidades enteras, debemos alzar la voz. Esta medida debilita la confianza, desestabiliza a las familias y desperdicia recursos que podrían fortalecer a las comunidades. 

Los refugiados ya son los inmigrantes más examinados en Estados Unidos. Antes de llegar aquí, pasan por uno de los procesos de evaluación más rigurosos del mundo. Varias agencias federales —incluyendo USCIS, DHS, FBI y CIA— realizan verificaciones biométricas, controles de seguridad y entrevistas exhaustivas. Este proceso suele tomar años y garantiza que quienes son admitidos no representen una amenaza. 

En JVS SoCal, operamos el Programa de Empleo para Refugiados en el Condado de Los Ángeles. El año pasado ayudamos a más de 4,500 refugiados a encontrar trabajo, en su mayoría familias con hijos. Nuestro objetivo es fomentar un entorno en el que los refugiados puedan alcanzar la autosuficiencia y la estabilidad a través del empleo. Muchos de nuestros clientes llegan con estudios avanzados y trayectorias profesionales destacadas en sus países de origen. Sin embargo, en Estados Unidos, sus credenciales no siempre son reconocidas, y profesionales experimentados deben aceptar trabajos de nivel inicial simplemente para sostener a sus familias. 

Reentrevistar a los refugiados desviaría recursos gubernamentales escasos de prioridades reales, mientras los oficiales de USCIS ya enfrentan retrasos significativos. Añadir entrevistas redundantes parece un acto punitivo sin beneficio claro. Los refugiados han vivido pacíficamente en nuestras comunidades durante años: trabajan, pagan impuestos y envían a sus hijos a la escuela. Esta política no tiene que ver con la seguridad; es una maniobra política que desestabiliza a familias y comunidades. 

Para los refugiados, el reasentamiento representa el final de un largo y doloroso camino. Las crisis en curso —desastres naturales, inestabilidad política y violencia— han convertido al sistema de refugiados estadounidense en una vía esencial hacia la libertad. Obligar a los refugiados a repetir el proceso de entrevistas reabre heridas profundas en quienes ya han sobrevivido a experiencias inimaginables. Las familias que confiaron en este país y comenzaron a reconstruir sus vidas ahora enfrentan temor e incertidumbre, afectando también a quienes los acompañaron y recibieron, ya sea mediante patrocinio formal o apoyo comunitario. 

En JVS SoCal, vemos todos los días cómo la estabilidad impulsa la integración exitosa. Los datos nacionales lo confirman. Según análisis del Censo de los Estados Unidos citados por el American Immigration Council: 

• Después de 20 años en el país, los refugiados alcanzan un ingreso familiar medio de $71,400, superando la media nacional. 

• Contribuyen más de lo que reciben: en dos décadas, el adulto refugiado promedio paga $21,000 más en impuestos de lo que recibe en asistencia pública. 

• Entre 2005 y 2019, refugiados y asilados generaron un beneficio fiscal neto de $123.8 mil millones, incluyendo $581 mil millones en ingresos tributarios. 

• Entre los jóvenes refugiados que llegaron antes de los 14 años, las tasas de graduación de secundaria y universidad se equiparan con las de sus pares nacidos en EEUU. 

Estas cifras son claras: los refugiados no son una carga; son un activo para nuestra economía y nuestra sociedad a largo plazo. 

La Ley de Refugiados de 1980 consagró el compromiso de Estados Unidos de proteger a quienes huyen de la persecución. El memorando de USCIS viola esa promesa y envía al mundo el mensaje de que nuestro país no honra su palabra. Los refugiados son vecinos, colegas y contribuyentes a nuestra prosperidad compartida. Tratarles como sospechosos, en lugar de sobrevivientes, traiciona los ideales de libertad y compasión que nos definen. 

Fomentar miedo e interrupción mediante acciones ejecutivas unilaterales dirigidas a quienes ya superaron el proceso de evaluación más estricto de nuestra historia migratoria no genera seguridad; genera caos. Desperdicia recursos, vuelve a traumatizar a personas vulnerables y pone en riesgo la promesa esencial de los Estados Unidos. Instamos a los responsables políticos a detener esta medida y reafirmar el compromiso de nuestro país con quienes “anhelan respirar libres”. Nuestro enfoque debe ser ayudar a los refugiados a integrarse y prosperar, no obligarlos a revivir el trauma que vinieron a superar. 

(*) Jeff Carr es CEO de JVS SoCal, una organización de desarrollo laboral que opera el Programa de Empleo para Refugiados del Condado de Los Ángeles en colaboración con el Departamento de Servicios Sociales. Con décadas de experiencia al servicio de comunidades marginadas, fue fundador del Programa Juvenil de la Fundación Bresee y se desempeñó como Jefe de Gabinete del Alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa.