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Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado este lunes un acuerdo sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo en la UE y que consolida la posibilidad de que los Estados miembro … externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios -como el modelo que Italia pactó con Albania-.
El acuerdo ha llegado tras salvar el último escollo de la fecha de aplicación de la nueva norma, que la Eurocámara quería acelerar al próximo enero frente al año de margen que pedían los Veintisiete. La mayoría de las disposiciones del nuevo marco se aplicará en un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor, según han confirmado fuentes de la negociación a Europa Press; aunque algunas, como el aval a la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia europea de control de fronteras (Frontex), empezarán a aplicarse tan pronto como la nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE).
La nueva norma establece la obligación para los demandantes de asilo de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue su petición y prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no colaboran o las autoridades ven riesgo de fuga.
Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que, aunque apuntan que debe ser una medida de «último recurso» y aplicada por el periodo más corto posible, la legislación no establece límites por debajo de los 24 meses generales.
No obstante, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a la autoridades judiciales decidir sobre ello. La medida también reconoce la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención, como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera.
Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión. Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno.
Centros de detención
La nueva directiva consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda.
De este modo, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión. En este sentido, los Veintisiete reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.
En todo caso, para estos modelos se crea un nuevo encaje legal, ya que hasta ahora no eran compatibles con el Derecho comunitario.
El acuerdo ha sido duramente criticado por organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que ha alertado de que el resultado será «una legislación plagada de peligrosos vacíos» que dejará a los migrantes desprotegidos. «Lo más preocupante es que los Gobiernos se han apresurado a reforzar los poderes de deportación sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, los abusos de poder y las violaciones de los Derechos Humanos», ha avisado la directora de política en la UE de IRC, Marta Welander.
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