Por Raúl Germán Bautista.- La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes 29 de mayo, a las 3:00 de la tarde, si envía o no a juicio de fondo a los acusados por el Ministerio Público de desfalcar al Estado con más de 19 mil millones de pesos en el denominado caso Calamar.
Ya concluida la etapa preliminar del proceso judicial que involucra a los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, además de otros imputados. Según el órgano acusador, los procesados habrían ejecutado pagos irregulares vinculados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, afectando recursos del Estado.
En otra audiencia pautada para este viernes, a las 9:00 de la mañana, el tribunal también decidirá sobre la solicitud de apertura a juicio presentada por el Ministerio Público contra el exsenador por Azua, Rafael Calderón. El exlegislador figura en el caso Calamar, aunque por motivos de salud enfrentó audiencias separadas.
El Ministerio Público presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente, parte de los recursos presuntamente desviados habría sido utilizada para el pago de sobornos destinados al financiamiento de la campaña electoral de 2020.
Entre los imputados también figuran el abogado Ángel Lockward; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández; Julián Omar Fernández Figueroa y Claudio Silver Peña.
Asimismo, están incluidos Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero y Agustín Mejía.
El pasado 28 de marzo, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que el expediente contra Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo revela una estructura de corrupción administrativa integrada por funcionarios que, según dijo, aprovecharon sus posiciones de poder para sustraer miles de millones de pesos del Estado.
El director general de Persecución del Ministerio Público sostuvo que los exfuncionarios y los demás implicados habrían sustraído más de 19 mil millones de pesos mediante expropiaciones irregulares, recursos que, según indicó, pudieron destinarse a servicios esenciales como la salud durante la pandemia de la covid-19.
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