Santo Domingo.- Promesas de villas, apartamentos y complejos de lujo terminaron convertidas en terrenos vacíos, obras paralizadas y procesos judiciales que aún no ofrecen respuestas concretas a cientos de afectados, muchos de ellos dominicanos residentes en el extranjero que invirtieron los ahorros de toda una vida.
Las investigaciones revelan un patrón común en varios proyectos inmobiliarios promocionados durante los últimos años: ventas de propiedades inexistentes, incumplimientos de contrato y millones de dólares desaparecidos.
Entre los casos más sonados figuran West Side Residences, en Punta Cana; Novasco Real Estate, en La Romana y Bávaro; y Boca Chica Garden, proyectos que actualmente son objeto de querellas, arrestos y medidas judiciales.
Mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público, las víctimas continúan reclamando la devolución de su dinero y denunciando la lentitud de los procesos judiciales.
Arrestos y procesos judiciales en el caso Westside Residences
Uno de los casos que más indignación ha generado es el del proyecto West Side Residence Punta Cana, desarrollado por la empresa Grupo Paceo, registrada desde 2014 para la construcción de proyectos urbanísticos y edificaciones de apartamentos.
Enercida Félix, una de las afectadas, relató que en 2019 decidió invertir junto a su hija en una villa valorada en 176 mil dólares, motivadas por la promesa de un complejo turístico con piscina, parque ecológico y varias etapas de desarrollo.
Según explicó, el inmueble debía ser entregado en agosto de 2020, pero seis años después el terreno continúa prácticamente sin avances significativos.
“Nos sentimos burlados y estafados. Lo único que queremos es que nos devuelvan nuestro dinero”, expresó Félix, quien aseguró haber invertido junto a su hija alrededor de 148 mil dólares.
El pasado 2 de mayo, Joan González, gerente de Grupo Paceo, fue arrestado por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPREC) con apoyo de la Interpol. Posteriormente, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso una garantía económica de tres millones de pesos e impedimento de salida.
El abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de varios adquirientes, afirmó que existen decenas de procesos judiciales abiertos contra la empresa, incluyendo demandas por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato.
“Ya hay víctimas que iniciaron procesos desde el año 2020. Este arresto representa una esperanza para quienes intentan recuperar su inversión”, sostuvo.
Boca Chica Garden: más de 200 familias afectadas
Otro de los expedientes que mantiene en expectativa a cientos de personas es el caso de Boca Chica Garden, donde más de 200 familias denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa inmobiliaria.
Otoniel Pichardo, uno de los afectados, explicó que el lugar donde supuestamente estaría construido su apartamento permanece lleno de maleza y abandono.
- “Ahí iba a pasar el final de mi vida, era mi retiro”, lamentó.
Johnny Pérez, dominicano residente en New Jersey desde hace casi dos décadas, aseguró haber invertido 32 mil dólares en el proyecto “Garden at the Beach”, atraído por su ubicación estratégica en Boca Chica.
Las investigaciones señalan como principal responsable a Edgar Hernández, quien actualmente cumple tres meses de prisión preventiva por las acusaciones relacionadas con el proyecto.
El abogado Miguel Surum Hernández aseguró que las evidencias recopiladas incluyen testimonios y declaraciones de exempleados que afirman que desde el inicio el proyecto carecía de viabilidad financiera.
“Todo fue una estafa. Ni siquiera se les pagó a quienes diseñaron los planos ni a quienes iniciaron los trabajos”, afirmó.
De acuerdo con las estimaciones de los afectados, las pérdidas económicas superan los 5 millones de dólares, incluyendo inversiones de hasta 86 mil dólares realizadas por algunas víctimas.
Las autoridades han ordenado el congelamiento de activos vinculados al caso, entre ellos el solar valorado en aproximadamente 770 mil dólares y varios apartamentos presuntamente adquiridos con fondos provenientes de las operaciones investigadas.
Sin embargo, los afectados denuncian que aún no existe un mecanismo claro que garantice la devolución de su dinero.
Víctimas denuncian debilidad del sistema judicial
Muchos de los denunciantes coinciden en que los procesos judiciales avanzan con lentitud y que las medidas adoptadas hasta el momento resultan insuficientes para resarcir los daños económicos.
“Ese dinero representaba la universidad de mi hijo, ayuda para mi madre y también un préstamo bancario que todavía sigo pagando con intereses”, relató Johnny Pérez.
Las víctimas aseguran que, pese a los arrestos y medidas de coerción, todavía no reciben respuestas concretas ni garantías de recuperación de sus inversiones.
Los casos continúan bajo investigación mientras cientos de familias esperan justicia y el retorno de recursos que, en muchos casos, representan los ahorros de toda una vida.