Feminicidios en RD: la postura deficiente del Ministerio de la Mujer ante una tragedia que no espera
La República Dominicana sigue enfrentando una realidad dolorosa: las mujeres continúan muriendo a manos de sus parejas, exparejas o agresores cercanos, mientras la respuesta institucional luce insuficiente, reactiva y muchas veces limitada a comunicados, campañas y promesas de fortalecimiento.
El Ministerio de la Mujer, hoy encabezado por Gloria Reyes, tiene la responsabilidad de definir y ejecutar políticas públicas orientadas a la igualdad, la prevención de la violencia y la protección de los derechos de las mujeres. Reyes asumió el cargo en enero de 2026, afirmando que la igualdad de género debe ser entendida como un asunto de Estado. Sin embargo, los hechos recientes obligan a preguntarse si esa visión se está traduciendo en acciones contundentes o si, por el contrario, el país sigue atrapado en una política pública más declarativa que efectiva.
Durante el primer trimestre de 2026, el Ministerio Público reportó 22 feminicidios y 17,552 denuncias relacionadas con violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Además, cerca del 89 % de esas denuncias corresponde a violencia intrafamiliar y violencia de pareja, lo que confirma que el peligro para muchas mujeres no está en espacios desconocidos, sino dentro de su propio entorno afectivo y familiar.
El dato más alarmante es que, según el informe citado por medios nacionales, solo tres víctimas de feminicidio habían presentado denuncias previas contra sus agresores. Esto no debe usarse como excusa institucional para decir que “no se podía prever”. Al contrario: revela una falla profunda del sistema de prevención. Si las mujeres no denuncian, el Estado debe preguntarse por qué: miedo, dependencia económica, desconfianza en las autoridades, falta de protección real, normalización de la violencia o ausencia de una red comunitaria capaz de detectar riesgos antes de que sea tarde.
El Ministerio de la Mujer cuenta con herramientas como la *Línea Mujer 212 y las Casas de Acogida, diseñadas para ofrecer asistencia, orientación y protección a mujeres víctimas de violencia. Las casas de acogida tienen como objetivo proteger a mujeres y a sus hijos menores de 14 años de agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de muerte violenta. Pero la existencia de estos servicios no basta. El problema es su alcance, su visibilidad real en los barrios, su capacidad de respuesta inmediata y la confianza que generan en las víctimas.
La postura del Ministerio luce deficiente porque parece concentrarse demasiado en campañas de sensibilización, jornadas puerta a puerta y mensajes institucionales, mientras los feminicidios continúan marcando la agenda nacional. En noviembre de 2025, el propio Gobierno informó que se realizarían jornadas de prevención con la meta de impactar más de un millón de personas y más de 163 mil viviendas. Esa iniciativa puede ser positiva, pero si no se acompaña de seguimiento, protección efectiva, monitoreo de agresores, respuesta judicial rápida y apoyo económico a las víctimas, termina siendo una acción simbólica frente a una emergencia real.
El Ministerio tampoco puede limitarse a actuar después de la denuncia. La violencia machista no empieza con el asesinato; empieza con el control, los celos, las amenazas, la dependencia, el aislamiento y los golpes que muchas veces nadie registra. Por eso, la prevención debe estar en las escuelas, en los centros de salud, en las comunidades, en la Policía, en las fiscalías y en los programas sociales. La mujer en riesgo necesita una ruta clara, rápida y protegida, no un laberinto burocrático.
Aunque en 2025 el Gobierno reportó una reducción de feminicidios, al pasar de 71 casos en el mismo período de 2024 a 49 casos en 2025, esa disminución no puede ser usada como discurso triunfalista. Un solo feminicidio ya representa una falla del sistema. Las estadísticas pueden bajar, pero mientras las mujeres sigan muriendo por falta de protección oportuna, el Estado no puede hablar de éxito completo.
La crítica principal al Ministerio de la Mujer no es que no haga nada, sino que lo que hace no parece suficiente frente a la magnitud del problema. Hay servicios, campañas y discursos, pero falta una política más agresiva, medible y territorial. Hace falta saber cuántas mujeres fueron protegidas antes de ser asesinadas, cuántas órdenes de protección se supervisan realmente, cuántos agresores reincidentes están bajo vigilancia, cuántas víctimas reciben independencia económica y cuántos casos se quedan en el silencio por miedo o desconfianza.
La lucha contra los feminicidios en República Dominicana no puede seguir dependiendo de ruedas de prensa después de cada tragedia. El Ministerio de la Mujer debe asumir una postura más firme, menos ceremonial y más operativa. Debe exigir coordinación real con el Ministerio Público, la Policía Nacional, el sistema judicial, Salud Pública, Educación y los gobiernos locales. También debe rendir cuentas con datos claros, actualizados y verificables sobre el impacto de sus programas.
En conclusión, la postura del Ministerio de la Mujer frente a los feminicidios en República Dominicana sigue siendo deficiente porque no logra transmitir ni demostrar una capacidad preventiva proporcional al nivel de la crisis. La violencia contra la mujer no se combate solo con campañas: se combate con protección efectiva, presupuesto, seguimiento, sanción, educación, refugios suficientes, independencia económica para las víctimas y una presencia institucional que llegue antes del funeral, no después.