Portugal amaneció este miércoles a medio gas por la huelga general convocada contra la revisión de la legislación laboral impulsada por el Gobierno socialdemócrata del primer ministro, Luís Montenegro. Según la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), una de las principales centrales … sindicales del país, se trata de una de las mayores movilizaciones de los últimos años, con especial impacto en sectores como los transportes, la sanidad, la educación, la recogida de residuos urbanos, la industria y la administración pública.
Desde primera hora de la mañana, las alteraciones fueron especialmente visibles en Lisboa. El metro de la capital permaneció cerrado, las conexiones fluviales en el Tajo fueron suspendidas y el tren de cercanías registró fuertes perturbaciones. En Oporto, el metro funcionó solo parcialmente, mientras que en el aeropuerto de Lisboa varios vuelos fueron cancelados durante la madrugada. La huelga también afectó a hospitales y centros de salud, con consultas y cirugías condicionadas por la adhesión de los trabajadores y por el funcionamiento de los servicios mínimos.
En los colegios, la jornada coincidió además con un examen de portugués para los alumnos de sexto curso. La paralización llegó también a AutoEuropa, la fábrica de Volkswagen en Palmela, una de las mayores unidades industriales del país, que suspendió la producción, y a los puertos de Setúbal y Sines, donde la actividad quedó paralizada.
El secretario general de la CGTP, Tiago Oliveira, aseguró que los primeros datos del turno de noche mostraban una «gran disponibilidad» de los trabajadores para asumir la jornada como un día de protesta. «Hay un gran número de empresas con una adhesión del 100% o con la producción parada», afirmó. Para el líder sindical, la dimensión de la huelga revela el rechazo de los trabajadores a un paquete laboral que, según la central, favorece «la generalización de la precariedad», la desregulación de los horarios y limita el ejercicio del derecho a la huelga.
La protesta fue convocada contra la propuesta de revisión del Código de Trabajo, presentada por el Ejecutivo bajo el nombre de «Trabalho XXI». El Gobierno defiende que la reforma busca modernizar el mercado laboral portugués, reducir burocracia, aumentar la productividad y atraer inversión.
Montenegro ha insistido en que no pretende «retirar derechos a nadie», sino crear reglas laborales «más dinámicas» y equilibradas. Los sindicatos, en cambio, acusan al Ejecutivo de impulsar una reforma que debilita la protección de los trabajadores. «Tiene nombre de este siglo con medidas del siglo XIX», criticó Oliveira.
El anteproyecto fue anunciado en julio de 2025 como una reforma amplia de la legislación laboral, con más de un centenar de cambios en materias como despidos, contratación, horarios, teletrabajo, parentalidad y derecho a la huelga. Tras meses de avances y retrocesos en la concertación social, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta en mayo y la envió al Parlamento sin acuerdo con los sindicatos.
Medidas más polémicas
Entre las medidas más polémicas está la ampliación de los contratos temporales, que podrían llegar hasta los cinco años en determinados casos. Los sindicatos consideran que esta medida facilita la precariedad y aumenta la dependencia de los trabajadores respecto a las empresas.
Otro de los puntos más contestados es el regreso del banco de horas individual, eliminado en 2019. Esta figura permitiría aumentar la jornada diaria hasta dos horas, con un límite de 50 horas semanales y 150 horas extras al año. La propuesta también prevé que las empresas puedan oponerse con más facilidad al teletrabajo.
La reforma toca además el derecho de huelga, al ampliar los sectores considerados vitales para efectos de servicios mínimos. En materia de parentalidad, una de las medidas más contestadas es la obligación de presentar una declaración médica para acceder a la dispensa por lactancia, con renovación cada seis meses y límite cuando el menor cumpla dos años.
En la víspera de la huelga, el primer ministro portugués se mostró convencido de que «la esmagadora —aplastante— mayoría» de los portugueses iría a trabajar y aseguró que la paralización no condicionaría las decisiones del Ejecutivo. El jefe del Gobierno dijo respetar a quienes quisieran secundar la huelga, pero pidió también respeto para quienes optaran por trabajar.
Las declaraciones fueron criticadas por la CGTP, que acusó al Ejecutivo de «arrogancia y prepotencia» en la forma en que ha conducido el proceso. Oliveira consideró que las palabras del primer ministro revelan una «falta de humildad» ante la realidad de los trabajadores y ante la segunda huelga general convocada durante su mandato.
Desde la izquierda parlamentaria también se pidió al Gobierno que retire la propuesta. El dirigente del Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, acudió esta mañana a AutoEuropa y afirmó que la elevada adhesión en la fábrica es «motivo de esperanza» para quienes rechazan la reforma. A su juicio, lo que está en juego es «decisivo» para frenar una propuesta que deberá ser debatida ahora en el Parlamento.