Tras las denuncias sobre hacinamiento, maltratos y retenciones ilegales en centros de rehabilitación para personas con adicciones, el Ministerio de Salud Pública inició un proceso de inspección y regularización de establecimientos administrados por los denominados “rescatadores”, figuras que durante años han operado al margen del sistema formal de salud.
Las acciones forman parte de una respuesta institucional luego de que diversos reportajes revelaran las condiciones en que funcionan algunos de estos centros, donde personas con problemas de adicción o salud mental son internadas por familiares y, en algunos casos, permanecen retenidas sin supervisión médica adecuada.
El director de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública, doctor Juan Gerardo Mesa, informó que la institución ha realizado inspecciones en varios establecimientos que operaban sin autorización oficial.
“Estamos realizando un trabajo arduo y continuo en cada uno de estos establecimientos donde nos hemos enterado que se están brindando servicios que no están autorizados por el ministerio”, explicó.
Los equipos de inspección visitaron el Centro de Rehabilitación Africano con Mi Barrio Hombres/Mujeres, el Centro de Rehabilitación La Gloria es de Dios, la Fundación Ejército de Dios Rescatando al Caído, el Centro de Rehabilitación Misión Yeshua y el Centro de Rehabilitación Nuevo Renacer Inc. Mujeres.
En el Centro de Rehabilitación Africano con Mi Barrio Hombres/Mujeres, los inspectores encontraron habitaciones de pequeñas dimensiones equipadas con camarotes, pisos de cemento y baños reducidos.
Mientras que en el Centro de Rehabilitación La Gloria es de Dios, ubicado en Boca de Yuma y dirigido por Juan Carlos Martínez Guerrero, las autoridades documentaron una vivienda adaptada para funcionar como centro de tratamiento.
Las instalaciones cuentan con áreas comunes, cámaras de vigilancia, una habitación habilitada como enfermería y espacios destinados a actividades grupales. Durante la inspección también se constató la presencia de personal médico y psicológico.
Operaban fuera del radar oficial
Mesa explicó que muchas de estas instalaciones funcionaban de manera clandestina y no figuraban en los registros del Ministerio de Salud Pública.
“Muchos de ellos nosotros no teníamos ni siquiera conocimiento de que existían. Al salir los reportajes hemos tenido una voz de alerta y hemos estado haciendo investigaciones por nuestra parte”, indicó.
Según el funcionario, el objetivo principal de las visitas ha sido identificar los establecimientos que operan fuera de la ley e invitarlos a iniciar los procesos correspondientes para obtener su habilitación.
Sin clausuras por el momento
A pesar de las irregularidades detectadas, Salud Pública informó que hasta el momento no ha sido necesario ordenar el cierre de ninguno de los centros inspeccionados.
De acuerdo con Mesa, los responsables de los establecimientos han mostrado disposición para regularizar su situación y cumplir con las exigencias legales.
“Hasta ahora no hemos tenido que clausurar ningún establecimiento porque los que hemos visitado de manera formal han acudido al llamado que nosotros les hemos hecho”, sostuvo.
Explicó que se han firmado acuerdos mediante los cuales los administradores se comprometen a completar los procesos de habilitación y adecuar sus operaciones a las normas vigentes.
Casos bajo observación
Entre los centros inspeccionados figura la Fundación Ejército de Dios Rescatando al Caído, dirigida por el pastor Junior Guerrero Ceballo, establecimiento mencionado previamente en denuncias relacionadas con el fallecimiento de un interno y presuntos maltratos a pacientes.
Durante la visita, los inspectores documentaron áreas comunes, espacios de alimentación y la zona destinada a actividades religiosas.
Las inspecciones forman parte de un proceso más amplio mediante el cual Salud Pública busca establecer controles sobre un sector que durante años operó sin supervisión formal, en medio de la creciente demanda de servicios para personas con adicciones y trastornos de salud mental.
Las autoridades sostienen que el objetivo no es únicamente fiscalizar, sino también incorporar estos centros al sistema regulado de salud para garantizar condiciones adecuadas de atención, seguridad y respeto a los derechos de los internos.