El preso político José Breijo, de 73 años y doble nacionalidad venezolana y uruguaya, fue excarcelado este lunes y puesto bajo arresto domiciliario. Al llegar a su casa, un policía, que estaba ocupando ilegalmente su piso, lo echó de su propiedad para que durmiera … en el suelo en su edificio, Pascuareli, situado en Bello Monte, al sur de Caracas.
Lo insólito de su caso es que el okupa de su vivienda es el mismo policía que participó en su detención hace dos años por presunto terrorismo. Los agentes lo arrestaron porque Breijo estaba tomando fotos de una reunión donde discutían el conflicto de Palestina. Por tomar una foto que le pareció curiosa Breijo fue recluido en el centro penitenciario de Tocuyito –oficialmente Internado Judicial de Carabobo–, donde pasó dos años detenido por acusaciones de terrorismo.
«Llego a mi apartamento y veo un candado puesto. Llevo 22 años viviendo aquí, pagando mi arriendo, y pido poder acceder a ella. Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Ahora me toca estar en un colchón en un pasillo cumpliendo mi casa por cárcel. Pido ayuda a las autoridades, soy un anciano trabajador no un terrorista, me lo han quitado todo», denunció Breijo en las redes sociales.
El septuagenario uruguayo presenta ahora un deterioro físico por el infierno vivido en la cárcel. Su estado emocional se ha agravado al encontrar su vivienda invadida. Finalmente, la Policía logró desalojar al agente, por lo que el excarcelado pudo recuperar su piso, pero totalmente desvalijado y vacío.
Su caso forma parte de las últimas 48 liberaciones condicionadas de presos políticos –entre ellos siete militares paracaidistas y un general–, de las 500 excarcelaciones que prometieron los hermanos Rodríguez.
El caso de Breijo es el ejemplo vivo del expolio masivo y saqueo de la propiedad privada, además de la pública, que han padecido los venezolanos desde hace 27 años, a partir de la toma de posesión del presidente fallecido Hugo Chávez en 1999 bajo el lema del revolucionario ‘socialismo del siglo XXI’.
«Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro»
José Breijo
Preso político ‘okupado’
Las ONG como Transparencia Venezuela y el Observatorio de Derechos de Propiedad, así como medios de investigación como Armando.info suman unas 10.000 expropiaciones, confiscaciones y expolios de la era chavista que han afectado el patrimonio y los activos de opositores, tanto de los presos políticos como de exiliados y sus familiares. Los dueños de las casas, pisos, empresas, edificios, chalés, fincas y obras de arte tomadas ilegalmente nunca han sido indemnizados.
Chávez inició la ola de expropiaciones contra todo aquel que lo criticara. Uno de los primeros en caer fue el exembajador Diego Arria, cuya finca agrícola La Carolina, situada en el estado de Yaracuy, y otra propiedad suya de 373 hectáreas fueron confiscadas en 2010.
Una práctica sistemática
Los medios también se han visto afectados por las confiscaciones. Miguel Henrique Otero, presidente de ‘El Nacional’, y su familia siempre han estado en la mira del régimen. En mayo de 2021, la sede física del diario en Los Cortijos, zona industrial de Caracas, fue tomada y embargada por las autoridades chavistas tras una demanda por difamación. No contento con el expolio, el chavismo arremetió en febrero contra la vivienda de Antonieta Jurado, la esposa del dueño del diario, arrebatando sus muebles, obras de arte y vehículos.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y su familia también han corrido la misma suerte de los opositores exiliados. La quinta Los Gnomos de Mitzy Capriles de Ledezma, situada en la Laguna de Caraballeda, zona norte costera de Caracas, fue tomada por la fuerza por los militares de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en 2023. Allí, los militares celebran sus fiestas, bodas y cumpleaños, según se observa en las fotos que cuelgan en las redes sociales. También perdió su piso situado en Santa Rosa de Lima, al sureste de Caracas.
A ellos se suman miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado, que han visto usurpadas sus propiedades estando ellos en el exilio. Es el caso de la asistente personal de la premio Nobel de la Paz, Laura Acosta, según relató a ABC; o de su número dos, Magalli Meda, que también lo denunció en las páginas de este periódico.
Según la investigación del portal Armando.Info, la manera de actuar ha sido similar en casi todos los casos. Una comitiva, bien sea de la militar DGCIM, de la Policía política SEBIN o de la Policía anticorrupción (PNCC), llega a la propiedad deshabitada de algún perseguido político que se encuentre en el exilio o la de un preso político. Entra a la fuerza sin orden judicial, revisa y saquea todo lo que quiere. Muchos vecinos de las víctimas han denunciado que los funcionarios se llevan otros bienes, como coches u ordenadores, y hasta han visto transportar cajas y bolsas llenas de ropa y juguetes. Y los denunciantes son amenazados de muerte.
El dedo expropiador de Chávez
Cuando paseaba por la caraqueña Plaza Bolívar en 2010, el difunto Hugo Chávez, al pie de la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, señaló con su dedo la joyería La Francia. «¡Exprópiese!», ordenó. Desde entonces, las autoridades chavistas han arrebatado caprichosamente y sin pudor alguno los bienes de los presos políticos, perseguidos y exiliados. El régimen no da una cifra oficial sobre los casos de robos, expropiaciones y confiscaciones, pero las ONG han documentado unos 10.000 casos, de los cuales 5.000 entran en la categoría de empresas expropiadas, intervenidas o nacionalizadas. En el sector inmobiliario se calculan al menos 179 edificios privados, 64 estacionamientos y la paralización de decenas de conjuntos urbanísticos. La propiedad privada se ve nuevamente amenazada con los anuncios de Delcy Rodríguez de promulgar una ley para reglamentar las viviendas vacías de los presos políticos y exiliados.
El piso de Bony Pertiñez, esposa del opositor Iván Simonovis, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la alcaldía mayor de Caracas, también fue confiscado después que huyera su esposo a Estados Unidos en 2019.
La abogada Bony Pertiñez relata: «El Estado venezolano se apropió de mi casa en forma indebida, sin dejarme demostrar la licitud de mi propiedad ni solicitar su devolución. Además del destierro forzoso al que me vi sometida, me generan un daño grave. No es solo una casa, es tu hogar, tu arraigo emocional, tu recuerdo, tu vida… Mis hijos y yo no tenemos una casa a la cual regresar. Son 15 años de vida que tienen con ellos. Pero ya entendí que, si esto es parte del costo de la libertad de Iván, pues no tiene precio».
Otro caso es el del coronel Oswaldo García Palomo, quien lleva más de siete años preso en la sede de la DGCIM en Boleíta Norte, en Caracas. Su expediente incluye torturas que han sido documentadas y denunciadas por la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional. García Palomo ha sido víctima de múltiples allanamientos de sus propiedades desde que le quitaron su residencia de Altos Mirandinos cerca de Caracas en 2019. Posteriormente, le confiscaron otras tres propiedades de su familia, denuncia su esposa Sorbay Padilla, quien tuvo que exiliarse por las amenazas recibidas.