Nueva York – La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA) confirmó a El Diario de NY que retendrá $4,500 dólares del salario de la delegada por la estadidad Melinda Romero Donnelly para el pago de la multa impuesta por un juez en la isla por incumplir con la entrega de informes de ingresos y gastos durante su campaña a la alcaldía de Dorado.
“Durante la tarde de hoy (jueves) advenimos en conocimiento de la determinación tomada por el Tribunal de Primera Instancia y el honorable juez Alfonso Martínez Piovanetti, donde ordena a la
Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, D.C. (PRFAA) a realizar de forma continua, las retenciones y descuentos necesarios del salario de la delegada congresional, Melinda K. Romero Donnelly. Como director ejecutivo he impartido instrucciones para que se cumpla con el dictamen del tribunal conforme a las disposiciones pertinentes de ley”, leen las declaraciones escritas de Luis Dávila Pernas suministradas a este periódico.
“En PRFAA continuamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, respetando en todo momento el debido proceso de ley”, puntualizó el funcionario.
Esta semana, El Nuevo Día reportó que Martínez Piovanetti ordenó a PRFAA retener la referida cantidad de dinero para pagar la penalidad impuesta a Romero Donnelly, el 28 de junio de 2022, por incumplir con el suministro de información sobre su comité de campaña cuando fue candidata a la alcaldía del referido municipio.
La orden del juez emitida el 6 de marzo indica que PRFAA debe aplicar de forma continua las retenciones y descuentos necesarios del salario de la demandada para satisfacer los pagos antes detallados más los cargos acumulados.
La determinación, que hace referencia a la Ley 222-2011 (Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas), incluye el pago de $1,000 por concepto de honorarios de abogado.
“Igualmente, se ordena a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico que comparezca, por escrito, ante este Tribunal dentro de los 30 días siguientes al recibo de esta orden, e informe sobre las gestiones hechas para cumplir con la misma”, señala el documento que cita el periódico local.
Romero Donnelly también se enfrenta a la Oficina de Ética Gubernamental
Romero Donnelly ha sido centro de controversia desde hace meses, particularmente por su negativa a presentar un informe financiero de 2021a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) relacionado con sus labores como delegada en la capital federal.
En ese caso, la OEG la multó con $5,000.
La también exlegisladora insiste en que, como delegada por la estadidad, no está obligada a proveer dicha información.
Para tratar de probar su punto, Romero Donnely solicitó una revisión judicial de la resolución emitida por un tribunal que apoya la imposición de la multa por parte de la OEG.
En respuesta, el pasado 1 de marzo, los abogados de la OEG presentaron un argumento en oposición al escrito de Romero Donnelly.
La agencia considera que Romero Donnelly, según el Artículo 5.7 de la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, debe entregar los documentos requeridos.
Ya son tres las multas presentadas por la OEG contra la política, que incluyen una inicial de $100 y otra de $500.
Romero Donnelly fue elegida como delegada junto a otros cinco estadistas para cabildear por la estadidad en el Senado federal.
Los delegados fueron seleccionados en una elección especial en mayo de 2021 en virtud de la Ley 167 de 2020.
La otra delegada en el Senado es la abogada y exsecretaria del Departamento de Corrección de Puerto Rico, Zoraida Buxó. Para la Cámara de Representantes fueron elegidos Ricardo Rosselló, exgobernador de la isla quien tuvo que renunciar a su cargo en el 2019 en medio de masivas protestas dentro y fuera de P.R. por un ofensivo chat en Telegram; y Robert Lefranc Fortuño, exlegislador municipal.
La abogada Elizabeth Torres fue destituida del cargo por los tribunales en Puerto Rico por no cumplir con la entrega de informes trimestrales al gobernador Pedro Pierluisi sobre sus gestiones en el Congreso.
Mientras que la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, renunció a la posición por alegados problemas de salud.
Buxó también disputó en los tribunales la orden para presentar sus informes financieros ante la OEG.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió un “no ha lugar” a la petición en octubre pasado.
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