Opinión. La salud pública dominicana atraviesa uno de sus momentos más delicados. Los escándalos vinculados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y al Instituto Oncológico Regional del Cibao, en Santiago, no son simples expedientes judiciales ni titulares pasajeros: tocan directamente la vida de pacientes que dependen del sistema para recibir medicamentos, autorizaciones, consultas, diagnósticos y tratamientos oportunos.
Cuando se habla de presunta corrupción en el área de salud, el daño no se mide únicamente en millones de pesos. Se mide en citas retrasadas, tratamientos interrumpidos, familias endeudadas y enfermos que terminan pagando con dolor la falta de controles. Por eso la indignación social frente a estos casos tiene una razón profunda: el dinero que se desvía o se administra mal en salud no sale de una caja abstracta, sale del derecho de la gente a vivir.
Senasa: la columna del sistema bajo sospecha
Senasa es una de las instituciones más sensibles del país porque concentra la cobertura de millones de dominicanos, especialmente de sectores vulnerables. Reportes periodísticos han señalado investigaciones por presuntas irregularidades administrativas y una trama con múltiples ramificaciones dentro del seguro estatal. La magnitud del caso ha abierto preguntas sobre controles internos, supervisión de prestadores y responsabilidad de funcionarios y relacionados.
El problema no es solo legal. Es moral. Cada autorización fraudulenta, cada reclamación irregular y cada contrato manejado sin transparencia erosiona la confianza de los afiliados. Un sistema de salud no puede funcionar si el ciudadano sospecha que, antes que su enfermedad, alguien está mirando el negocio.
El Oncológico de Santiago y la herida más dolorosa
El caso del Oncológico de Santiago resulta todavía más sensible porque involucra a pacientes con cáncer, una de las condiciones más duras para cualquier familia. El Ministerio Público ha denominado Operación Onco14 a una investigación por presunto fraude millonario vinculado al Instituto Oncológico Regional del Cibao y al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Medios nacionales han reportado señalamientos sobre supuesta sustracción de fondos, triangulaciones, doble facturación, comisiones e irregularidades administrativas.
También se han publicado denuncias sobre familiares vinculados a nóminas sin funciones claras, lo que añade otro elemento de indignación: mientras pacientes luchaban por tratamientos, sectores cercanos al poder interno de una institución supuestamente dedicada a salvar vidas habrían encontrado una oportunidad de beneficio particular.
El paciente como víctima invisible
En estos escándalos suele hablarse de imputados, expedientes, montos y operaciones judiciales. Pero el centro debe ser otro: el paciente. El dominicano que espera una autorización, la madre que necesita una quimioterapia para su hijo adulto, el envejeciente que depende de una consulta, la familia que no tiene cómo pagar en el sector privado.
La corrupción en salud no es un delito administrativo cualquiera. Es una forma de violencia contra los más vulnerables. Si se comprueban las acusaciones, no estaríamos solo ante recursos mal utilizados, sino ante una traición al ciudadano enfermo.
Lo que debe venir ahora
El país necesita investigaciones profundas, sanciones ejemplares y recuperación de fondos cuando corresponda. Pero también necesita una reforma real de controles: auditorías permanentes, trazabilidad de reclamaciones, transparencia en pagos a prestadores, publicación de contratos relevantes y mecanismos de alerta temprana para detectar patrones sospechosos.
No basta con apresar personas después del daño. La salud pública requiere prevención institucional. Cada peso destinado a salud debe tener seguimiento, explicación y rostro: el rostro del paciente que espera.
Las personas mencionadas en estos procesos conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia hasta que los tribunales determinen responsabilidades. Pero la sociedad también tiene derecho a exigir respuestas, porque cuando el sistema de salud se contamina de intereses particulares, el enfermo queda indefenso.
Fuentes: Infobae, Diario Libre, 7Días y Diario Libre.