La nueva estrategia antiterrorista de Donald Trump, la primera elaborada plenamente bajo su segundo mandato, redefine las prioridades de seguridad de Estados Unidos y sitúa el continente americano en el centro de la amenaza. El documento identifica como primer objetivo a los cárteles de … la droga y las pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha o el Tren de Aragua, a los que ya no trata solo como organizaciones criminales, sino como grupos terroristas capaces de golpear directamente la seguridad nacional estadounidense.
Lo más llamativo es que la estrategia vincula esa amenaza continental con el chavismo y con redes islamistas. El documento cita la captura de Nicolás Maduro dentro de la operación Resolución Absoluta y lo presenta como un «dictador venezolano ilegítimo», jefe de un cártel y aliado de Irán y de su brazo terrorista Hizbolá. Con esa formulación, la Casa Blanca integra a Venezuela en la arquitectura antiterrorista de Trump y no solo en la política antidroga o de sanciones. Lo que no explicita es si esa influencia iraní se ha erradicado con el mandato de Delcy Rodríguez.
El texto presenta esa prioridad americana como una ruptura con la política anterior y la vincula directamente con la frontera, el narcotráfico y la nueva doctrina de fuerza de Trump. «Después de años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional», dice la estrategia. El documento añade que Trump ha ordenado combatir a los cárteles con «todo el Gobierno» y que el objetivo es degradar y eliminar su capacidad de afectar a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La respuesta prevista no se limita a detenciones o sanciones. La estrategia afirma que Trump ha autorizado «decenas de ataques» del Departamento de Guerra contra embarcaciones de los cárteles y atribuye a esas operaciones una reducción de más del 90% del contrabando marítimo de drogas hacia Estados Unidos. También advierte de que Washington actuará con gobiernos locales cuando quieran y puedan colaborar, pero que, si no lo hacen, «tomará cualquier acción necesaria para proteger nuestro país», especialmente cuando un gobierno sea cómplice de los carteles.
Hasta ahora, la estrategia antiterrorista de Estados Unidos se había centrado sobre todo en el yihadismo y en las amenazas surgidas tras los atentados del 11-S: Al Qaeda, ISIS, sus filiales, sus refugios en Oriente Próximo, África y Asia, y la posibilidad de nuevos ataques contra el territorio estadounidense o sus intereses en el exterior. El nuevo documento mantiene esa prioridad, pero la desplaza a un segundo plano relativo frente a una amenaza más cercana: los carteles, las pandillas transnacionales y los gobiernos del continente que, según Washington, los amparan o se benefician de ellos.
La estrategia antiterrorista de Estados Unidos solo se actualiza cuando la Casa Blanca considera que han cambiado las amenazas, las prioridades presidenciales o el marco de seguridad nacional. Normalmente se elabora desde el Consejo de Seguridad Nacional, con aportaciones de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, el Departamento de Estado, Justicia, Seguridad Nacional, Tesoro, CIA, FBI y otros organismos. La Casa Blanca fija la línea política, identifica amenazas y prioridades, y después coordina la respuesta de todo el Gobierno en consecuencia.