Un principio de acuerdo de paz en Oriente Medio es una muy buena noticia, a pesar de la falta de credibilidad de quienes nos han traído a esta situación. Tras más de 100 días de guerra ilegal, es momento de recordar a todas las comunidades de Irán, Líbano y de toda la región que se han enfrentado a la muerte, el desplazamiento, los apagones, la escasez de agua, la contaminación y una profunda inseguridad. No puedo quitarme la cabeza el cruel asesinato en la escuela primaria Shajare Tayebé en Irán —la mayoría niñas— cuyo destino había sido sentenciado por una inteligencia artificial, en un oscuro y paradigmático signo de nuestro tiempo. La primera lección: el No a la Guerra debe ser ahora y siempre un revulsivo que impida a nuestras sociedades anestesiadas acostumbrarse a la barbarie, a la avaricia y a las mentiras que justifican las guerras.
Pero esta barbarie no solo se mide en vidas truncadas; la onda expansiva del conflicto genera también impactos en el coste de vida y ambientales: el alza de carburantes, fertilizantes, alimentos e hipotecas en la mayor crisis energética desde 1970, según la Agencia Internacional de la Energía. La guerra en Irán, al igual que sucedió en Ucrania, ha puesto de manifiesto cómo la dependencia de los combustibles fósiles amenazan severamente nuestro clima, nuestra soberanía y nuestro bolsillo. El conflicto ha costado 115.000 millones de dólares en gasto militar directo y enormes pérdidas globales —unos 50.000 millones de euros en la UE—. Fondos que habrían podido destinarse a sanidad, educación y acción climática.
A su vez, el coste ecológico es igualmente devastador y se endosa en una factura creciente en forma de olas de calor, incendios y fenómenos extremos que también cuestan vidas y dinero. Un análisis de los primeros 14 días del conflicto estimó unas emisiones vinculadas a las operaciones militares -aviones, barcos, vehículos militares, incendios y daños en infraestructuras energéticas- de unos 5 millones de toneladas de CO₂, una cifra equivalente a la de los 84 países con menores emisiones del mundo en un año. El daño climático procedente del sector militar a nivel global puede llegar a representar el 5% del total de las emisiones totales. Segunda lección: la guerra y la militarización aceleran el cambio climático y desvían recursos preciosos para avanzar en soluciones de justicia y bienestar.
Mientras los agricultores y las familias sufrían el encarecimiento de insumos y alimentos, las empresas de fertilizantes obtenían ganancias abusivas
Mientras tanto, en estos meses de guerra hemos visto cómo las empresas fósiles han aprovechado el río revuelto para hacer caja: las 100 mayores empresas de gas y petróleo ganaron más de 30 millones de dólares extra por hora en el primer mes (11,5 millones diarios en España). Con los fertilizantes la historia es la misma. Greenpeace advirtió en marzo que la guerra y el riesgo en el Estrecho de Ormuz amenazarían con desatar una crisis alimentaria global, exponiendo la fragilidad de un modelo agrícola dependiente del petróleo y de unas cadenas de suministro en pocas manos. En mayo se confirmó este patrón de especulación: mientras los agricultores y las familias sufrían el encarecimiento de insumos y alimentos, las empresas de fertilizantes obtenían ganancias abusivas. El resultado es un sistema alimentario muy rentable para los accionistas, pero peligrosamente frágil para la sociedad. Tercera lección: es absolutamente inaceptable que ninguna corporación —y sus ricos propietarios— se lucren aún más en catástrofes o conflictos, y se necesitan medidas de control de la codicia e impuestos que devuelvan los recursos a la ciudadanía.
Sin embargo, frente a esta flagrante injusticia, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, pero eso es exactamente lo que han intentado hacer los Gobiernos en respuesta a esta crisis global. La reacción internacional ha sido enormemente contradictoria. Unos 76 Gobiernos en el mundo han adoptado medidas de choque. En la UE, más allá de las buenas palabras de Ursula Von der Leyen, al señalar que “debemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles e impulsar nuestra propia producción de energía limpia y asequible”, la realidad es que el 86% del dinero destinado ha incentivado un mayor consumo de combustibles fósiles, en vez de apostar por el ahorro y la electrificación. La Unión Europea, que a principios de año relajó las sacrosantas reglas fiscales para incentivar el gasto militar nacional, no ha sido capaz de hacer lo propio para avanzar en la soberanía energética renovable y evitar que la interrupción de Ormuz nos subordinase a los fósiles de Trump.
El dinero público no debe sostener el sistema que causó la crisis, sino financiar soluciones
El caso de España es el más emblemático: si bien su apuesta decidida por la transición a las renovables ha protegido al país del encarecimiento de la factura eléctrica en relación con otros países, el paquete aprobado en marzo con 5.000 millones de euros (el 45% de la UE) estaba cuajado de contradicciones. La mayoría de las medidas han sido caras y generalistas. Y, en vez de apostar por alternativas sociales y de transición energética, casi la mitad de los fondos se han destinado a perpetuar la dependencia de los combustibles fósiles. Este es el caso de las rebajas de los impuestos a carburantes y al gas, medidas muy caras y regresivas y que desincentivan el ahorro. En contraste, algunas de las ayudas sociales y de transición aprobadas tienen fecha de caducidad. Además, cabe recordar que el Congreso bloqueó las medidas de vivienda, pese a ser la gran amenaza para el bolsillo y el bienestar ciudadano. Finalmente, más allá de los valientes discursos, es fundamental tener herramientas efectivas para limitar el comercio de armas con países que violan gravemente los derechos humanos, como sería la aprobación de una Ley integral de Embargo de Armas, pendiente de tramitación.
Cuarta lección: el dinero público no debe sostener el sistema que causó la crisis, sino financiar soluciones —de escudo social verde— que lo transformen, reforzando nuestra seguridad económica y resiliencia gracias al ahorro y las renovables, apostando por el transporte público, por unas rentas justas al campo en su transición agroecológica y la protección de la sociedad de abusos de las grandes corporaciones fósiles.
Esta guerra ilegal siembra un doloroso legado de sufrimiento e injusticia. Además, en los próximos meses, la ciudadanía seguirá pagando una doble “prima de Ormuz” en sus facturas y con la intensificación de las olas de calor en plena emergencia climática. Sin embargo, tenemos una oportunidad de aprender estas cuatro lecciones y construir una historia muy diferente. Lo sucedido debe ser el revulsivo definitivo que rompa con la lógica imperialista de los agresores y relance una agenda de soluciones eficaces para dejar atrás los combustibles fósiles. Cuanto más tiempo dependamos de ellos, más expuestos estaremos a los conflictos geopolíticos, más rehenes seremos de la especulación de los mercados y más riesgo corremos de perder definitivamente la brújula moral ante la barbarie. ¿A qué esperamos?