Las embajadas suelen ocupar magníficos edificios al representar la imagen de un país. Así ocurre con la de España en Irán instalada en la zona rosa de Teherán, un precioso palacete blanco con dos grandes columnas a la entrada y un cuidado jardín. De esa embajada guardo buen recuerdo, no solo por la instructiva conversación con el entonces embajador sobre la realidad iraní, sino también por el oasis gastronómico que nos proporcionó nuestro anfitrión con un buen vino de Rioja y un generoso plato de ibéricos que devoramos después de tres semanas de abstinencia en tales manjares. El cerdo y el alcohol están severamente prohibidos en Irán, solo pueden entrar por valija diplomática y consumirse en las embajadas consideradas territorios del país que representan.
Me vino a la memoria mi estancia en esa embajada el mes pasado cuando el Gobierno decidió cerrarla temporalmente ante el ataque emprendido por Estados Unidos e Israel. La dureza de la agresión aconsejó entonces la evacuación del personal diplomático y de los españoles afincados en Irán. Tras el alto el fuego acordado la semana pasada, el ministro Albares decidió reabrir la embajada en Teherán, una decisión que alguna fuente diplomática cuestionó por considerarla precipitada pero que en todo caso corresponde al Ejecutivo de un país soberano como es España. Algo que no entendió el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, que rechazó la reapertura de nuestra embajada como si se tratara de una ofensa a su país hasta el punto de calificarla de “desgracia eterna”. Saar suele prodigarse en insultar a España cuando el Gobierno critica las políticas israelíes tratando aviesamente de presentarnos como colaboradores de Irán, a sabiendas de las reiteradas condenas del Ejecutivo español al régimen de los ayatolás por la ausencia de libertades y la represión a sus opositores.
Tel Aviv hubiera querido que ningún país europeo le reprochara la matanza de civiles en Gaza investigada por genocidio en la Corte Internacional de Justicia y así calificada por el dictamen de la comisión independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Habría querido también que no condenara los bombardeos sobre Irán, que han endurecido al régimen teocrático debilitando a la oposición, ni las bombas sobre el Líbano, que además de matar a cientos de inocentes pretenden reeditar allí la devastación de Gaza. El Gobierno español levantó la voz contra un Ejecutivo hebreo para el que no parece haber reglas morales que le frenen. Pedro Sánchez ha pedido a sus socios europeos coherencia con la defensa del derecho humanitario y la suspensión del acuerdo de asociación con Israel. Netanyahu le acusa de antisemita, el comodín de siempre contra todo el que le planta cara, y de librar una guerra diplomática contra su país porque no solo quiere inmunidad para los tres delitos de corrupción de los que está acusado en Israel, también exige inmunidad internacional para las atrocidades que comete fuera. Dice que España pagará un alto precio por su posición y ha ordenado expulsar al diplomático español del Centro Multinacional para el plan de paz de Gaza.
La patente de corso con que actúa el Ejército israelí permitió retener a un soldado español de la ONU. Lo hizo durante una hora, un espacio de tiempo que la portavoz del PP en el Congreso cometió la enorme estupidez de minimizar comparándolo con la detención en un control de trafico. A Feijóo, en cambio, le felicitó la embajada iraní por criticar la brutalidad de las amenazas de Trump. La historia tiene momentos en que hay tener muy claro dónde se debe estar.