Un sargento del Ejército de EEUU con 27 años de experiencia, incluyendo tres misiones en Afganistán, ha denunciado públicamente que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han detenido a su esposa en una oficina migratoria ubicada en El Paso, Texas. “La detuvieron sin ninguna orden”, ha denunciado José Serrano en declaraciones a los medios estadounidenses.
“Una persona abrió la puerta, nos escoltó por el pasillo y, al final del mismo arrestaron a mi esposa”, relató Serrano en declaraciones recogidas por la agencia The Associated Press. “La arrestaron sin ninguna orden, judicial… Se llevaron a mi esposa. No me dicen nada“, agregó el militar, quien también contó que habían acudido a la citada oficina para avanzar en la solicitud de su mujer para permanecer legalmente en EEUU.
Tras ser detenida, Deisy Rivera Ortega, originaria de El Salvador, impugnó su detención ante un tribunal federal de distrito y solicitó una orden para bloquear su deportación a México, país con el que no tiene ningún vínculo y que restringe la visita de miembros en activo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. De acuerdo con el abogado de la mujer, Matthew James Kozik, ella tenía un permiso de trabajo válido y se le había concedido una suspensión de expulsión a El Salvador.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló en un correo electrónico que Rivera Ortega ingresó ilegalmente a EEUU en 2016 y que un juez emitió una orden final de deportación en diciembre de 2019. “El permiso de trabajo no confiere ningún estatus legal para estar en el país. Rivera Ortega permanece bajo custodia del ICE a la espera de su expulsión“, afirmó la agencia. El DHS no especificó si Rivera Ortega podría ser deportada a México.
Rivera Ortega solicitó que su caso y el de su esposo fueran considerados bajo la política de “permiso de permanencia temporal en el país”, el cual ofrecía anteriormente la posibilidad de una vía acelerada hacia la residencia permanente para cónyuges de miembros de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el DHS eliminó en abril del año pasado una política de 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar inmediato como un “factor atenuante significativo” al momento de decidir si proceder o no con la aplicación de las leyes migratorias. La nueva política del Gobierno establece que “el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos”.