Dos residentes de Miami han presentado una demanda para detener la transferencia de un terreno de alto valor en Florida al proyecto de la Biblioteca Presidencial de Donald Trump, alegando que la operación viola la Constitución de Estados Unidos.
Los demandantes argumentan que Trump ha sugerido públicamente que el proyecto, ubicado junto a la histórica Torre de la Libertad, podría incluir un hotel y elementos comerciales, lo que implicaría beneficios económicos personales. El presidente Trump pretende monetizar este rascacielos, generando beneficios significativos para él y su familia, señala la demanda.
La acción legal se basa en la Cláusula de Emolumentos, que prohíbe al presidente aceptar regalos, pagos o beneficios de gobiernos estatales, federales o extranjeros más allá de su salario oficial.
Los demandantes alegan conflicto de interés
Los denunciantes sostienen que el estado de Florida habría entregado a Trump una propiedad estatal valorada “en cientos de millones de dólares”, destinada oficialmente a su biblioteca, pero que en la práctica podría convertirse en un proyecto comercial con beneficios privados.
Esto, según uno de los demandantes, el Constitutional Accountability Center, contravendría el objetivo constitucional de evitar conflictos de interés y competencia entre estados por favorecer al mandatario. Detalló que el presidente ha dicho que “no cree en la construcción de bibliotecas ni de museos”, y que ha admitido que el edificio “muy probablemente será un hotel, con una hermosa estructura subyacente y un avión 747 en el vestíbulo”.
El terreno en disputa, ubicado en una zona privilegiada frente al mar en el centro de Miami, fue transferido inicialmente por el Miami Dade College al estado de Florida, y posteriormente, el gobernador republicano Ron DeSantis y el gabinete estatal lo cedieron a la fundación de la biblioteca de Trump.
La propiedad de una 1,06 hectáreas está valorada en unos 67 millones de dólares, aunque expertos inmobiliarios estiman que puede alcanzar más de cuatro veces ese valor debido a su ubicación frente a la bahía.
Posible pérdida de calidad de vida
La demanda fue presentada por dos residentes de Miami que viven cerca del futuro proyecto, junto con el Constitutional Accountability Center y el bufete Gelber Schachter & Greenberg.
Los residentes sostienen además que el proyecto afectaría su calidad de vida y obstruiría sus vistas. Otro de los demandantes es Dunn’s Overtown Farm, una organización sin fines de lucro que proponía destinar el terreno a una granja urbana.
El terreno fue transferido tras una operación iniciada el año pasado, cuando el Miami Dade College lo cedió a una junta estatal, que posteriormente lo entregó a la fundación de Trump bajo la condición de que se construyeran elementos de una biblioteca presidencial en un plazo de cinco años. La demanda solicita al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que anule esta “transacción inconstitucional”.