La decisión de la prefectura de Ibaraki, que cuenta con la mayor tasa de trabajadores extranjeros irregulares de Japón, de recompensar económicamente a los ciudadanos que denuncien este tipo de empleos ha desatado críticas entre expertos y asociaciones de Derechos Humanos por ser discriminatoria y fomentar la xenofobia. La medida es “inhumana y discriminatoria, y permanecerá bajo un escrutinio público e internacional constante”, dijo a EFE Kaoru Sonoda, profesor en la Universidad de Keio especializado en sociología industrial.
Las autoridades de Ibaraki, ubicada al noreste de Tokio, decidieron a comienzos de año poner en marcha en 2026 un programa para dar recompensas de 10.000 yenes (unos 53 euros) a los vecinos que den información sobre posibles trabajadores extranjeros contratados de manera irregular. “Recurrir a argumentos que apelan al sentido de la justicia o el patriotismo de la ciudadanía como solución barata resulta insuficiente y erróneo”, afirmó Sonoda en una entrevista.
El investigador alertó también de que estas recompensas pueden ser “caldo de cultivo para actitudes excluyentes”, debido a “los altos niveles de xenofobia” en el país.
Sonoda apuntó a que los esfuerzos políticos deberían centrarse en fortalecer la supervisión y el cumplimiento de la ley por parte de las empresas: “Es fundamental eliminar los incentivos para que las empresas contraten a trabajadores extranjeros indocumentados”. “Los intereses de los trabajadores indocumentados -que a menudo están dispuestos a aceptar salarios bajos- coinciden con los de empresas que buscan maximizar beneficios explotando esta vulnerabilidad. El problema se perpetúa mediante una especie de connivencia tácita”, enfatizó.
Presión de ONG
Desde que las autoridades anunciaron la medida, el Colegio de Abogados de Ibaraki y más de una decena de organizaciones no gubernamentales han mostrado su desagrado, sosteniendo que este sistema no ofrece soluciones al problema y que fomentará la discriminación y los prejuicios contra las personas de origen extranjero.
En un comunicado, el Colegio de Abogados advirtió de que este sistema “provocaría que los ciudadanos sospecharan que cualquier persona con vínculos extranjeros que trabaje lo hace ilegalmente, creando prejuicios injustos, discriminación y división en la sociedad”.
Son un total de once ONG, incluida la Red de Migrantes, las que mostraron su “firme oposición” a la creación de este sistema ya que consideran que “es una medida absurda que siembra innecesariamente la desconfianza y genera ansiedad entre extranjeros y personas con vínculos internacionales”.
Así, remarcaron que las autoridades locales “deben priorizar la protección de los Derechos Humanos de todos los residentes“, por lo que les instaron a “crear un entorno donde puedan trabajar y ser empleados legalmente”, a través de un llamamiento al Gobierno central.
Pese a las críticas, Ibaraki defiende la medida
Las autoridades regionales, por su parte, han explicado que las medidas vigentes para combatir el empleo irregular no están surtiendo el efecto esperado, ya que Ibaraki, motor agrícola clave en el archipiélago, ha registrado la tasa más alta del país durante cuatro años consecutivos, debido a que el sector se sostiene gracias a trabajadores extranjeros.
“Es esencial demostrar una postura firme contra las actividades ilegales”, dijo la prefectura en un comunicado en el que mencionaba la “creciente inquietud por el empeoramiento” de la seguridad pública “entre los residentes en estas circunstancias”.
No obstante, aseveró que el nuevo plan “no se dirige a los trabajadores individualmente, sino que se centra en las empresas“, recordando que “emplear a personas con el conocimiento de que trabajarán ilegalmente constituye una clara violación de la ley, y aclarar la responsabilidad de los empleadores para subsanar esta situación es un enfoque perfectamente lógico”.
Asimismo, justificó que el Gobierno central ya cuenta con un sistema de recompensas por proporcionar información sobre residencia y empleo irregulares. Aunque la aplicación de la ley, que se limita a aquellos casos en los que la denuncia dé lugar a la emisión de una orden de deportación, ha sido históricamente poco frecuente.