Bruselas se ha propuesto acabar con la pobreza en la UE, y quiere hacerlo para el año 2050, pero para ello pide poner el foco en la vivienda social y accesible, el apoyo para luchar sobre todo contra la pobreza infantil y también completar la inclusión de las personas con discapacidad. Así, la Comisión Europea ha presentado este miércoles su estrategia pionera de lucha contra la pobreza en lo que es una llamada a los Estados miembros -que serán los que tengan que implementar esta hoja de ruta- para que profundicen en las medidas propuestas y asuman que el 52% de los europeos citan el coste de la vida como la principal preocupación ahora mismo.
La Comisión asume que tiene que abordar tres retos urgentes, según explica el propio Ejecutivo comunitario: una crisis de vivienda (la falta de vivienda asequible es vista como un problema inmediato y urgente por el 40% de los ciudadanos, y un millón de personas carecen de hogar); barreras a la participación en un mercado laboral que cambia rápidamente; y la pobreza, que afecta a uno de cada cinco europeos y a uno de cada cuatro niños. Además, muchas personas vulnerables socioeconómicamente están expuestas a la discriminación y el estigma, sentencian.
Fuentes comunitarias explicaron que no hay fondos suficientes en la Unión Europea y los Estados miembros para acabar con la pobreza, por lo que los planes tienen que ser estructurales. Es necesario, recuerdan, que ver qué funciona y qué no, y diseñar estrategias que sirvan, así como profundizar en herramientas nacionales como la renta mínima o el ingreso mínimo vital que tienen algunos países como España. En este sentido, ponen ya el foco en cómo encajar este tipo de iniciativas y recomendaciones en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE (2028-2034), el cual está en las primeras fases de la negociación entre instituciones.
Entre las principales medidas, Bruselas propone reforzar la Garantía Infantil Europea para abordar “esta emergencia social”, centrándose en asegurar el acceso de las familias “a empleos de calidad, guarderías y redes de seguridad sólidas”. En este sentido, añaden, se pondrá en marcha un proyecto piloto de una Tarjeta de la Garantía Infantil Europea para facilitar el acceso a servicios básicos como la educación infantil, la sanidad y las comidas escolares.
El objetivo, en general, es reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en al menos 15 millones para 2030, así como ayudar a erradicar la pobreza para 2050. Esta integra tres prioridades: “empleos de calidad para todos, ya que el empleo de calidad es la primera vía de salida de la pobreza para quienes pueden trabajar; acceso efectivo a servicios de calidad y apoyo a los ingresos adecuado; y acción coordinada contra la pobreza”, explica la hoja de ruta presentada por Bruselas. Ambas metas son ambiciosas, toda vez que en 2025, según datos de Eurostat, un total de 92,7 millones de personas en la UE se encontraban en esa situación vulnerable.
Así, la estrategia -que pretende implementarse en los próximos dos años- enumera una serie de acciones clave, como la consulta a los interlocutores sociales y los gobiernos nacionales sobre un posible nuevo instrumento jurídico para integrar a las personas excluidas del mercado laboral. También establece formas de apoyar a las personas mayores mediante pensiones adecuadas y subraya la necesidad de unir fuerzas con gobiernos nacionales, regionales y locales, empresas y la sociedad civil, estableciendo “una coalición contra la pobreza” a escala de toda la UE a finales de este año.
La vivienda es una pata fundamental hacia la igualdad social, insiste la Comisión Europea: por eso reclama a los Estados miembros -que son los que tienen la competencia- que desarrollen políticas a corto y medio plazo centradas en la vivienda social y asequible, de la mano del primer plan de vivienda asequible que precisamente puso sobre la mesa Bruselas hace meses y sobre el que ya se está trabajando, recuerdan las fuentes comunitarias, de la mano de los gobiernos nacionales, las entidades locales y la sociedad civil.
La recomendación en materia de vivienda para los 27 incluye medidas preventivas como sistemas de alerta temprana, ayudas de emergencia para el alquiler, asesoramiento sobre deuda y vivienda y mediación para evitar la pérdida de la vivienda, así como apoyo específico para las personas en mayor situación de riesgo, entre ellas las que se enfrentan a un desahucio o a la violencia doméstica, recalca la Comisión.
“La pobreza y la exclusión son retos que podemos y debemos superar”, valoró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Estamos tomando medidas decisivas con una Garantía Infantil reforzada, una mejor prevención del sinhogarismo y la plena inclusión de las personas con discapacidad. Dignidad, oportunidad e igualdad: estos son valores clave en la Europa que estamos construyendo”, sentenció.
La vicepresidenta encargada de los asuntos sociales, Roxana Minzatu, explicó por su parte en rueda de prensa que este “paquete social” implica a todos los actores a todos los niveles. “Cuenta con la gente”, añadió la dirigente rumana; “este proceso es realmente importante” y esta estrategia “llega en el momento en el que la acción es más necesaria y urgente que nunca”, sobre todo pensando en los colectivos vulnerables y en los menores, sostuvo. Minzatu quiere que estos planes se hagan realidad en la vida de la gente porque “hay riesgo de que la situación de estas personas vaya a peor” ante la inestabilidad global, la crisis en el coste de la vida o la subida de los precios de la energía. “Esto es una elección, y elegimos proteger a nuestra gente, preservar nuestro modelo social y asegurar que la pobreza en Europa se reduce primero y se erradica después”.
Más inclusión de las personas con discapacidad
En la misma hoja de ruta, Bruselas proyecta también la inclusión de las personas con discapacidad en el día a día de la UE. Con 90 millones de personas (más de uno de cada cinco europeos) que viven con una discapacidad, “su plena inclusión es imperativa”, inciden desde la Comisión. Actualmente, solo el 55% tiene empleo, en comparación con el 77% de las personas sin discapacidad, y 1,4 millones todavía viven en instituciones.
En ese apartado, las acciones previstas por el Ejecutivo comunitario incluyen por ejemplo el despliegue de la Tarjeta Europea de Discapacidad y de Estacionamiento (ya aprobada), la creación de una Alianza para la Vida Independiente para sustituir las instituciones por apoyo comunitario, y la inversión en tecnologías de asistencia como herramientas de inteligencia artificial.