La Comisión Europea ha pedido este martes a varios países miembros -mediante un dictamen motivado- que retiren los controles en sus fronteras interiores porque, dice Bruselas, van en contra de la estructura del espacio Schengen, que marca la libertad de circulación dentro del bloque comunitario. Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia son los Estados miembros referidos por la “recomendación”, además de Noruega, que pese a no ser miembro de la UE sí es parte de Schengen.
Fuentes comunitarias consultadas por 20minutos insisten en que la retirada de los controles “es una recomendación” y la Comisión insta a reemplazarlos “por otras medidas alternativas”. De este modo, el Ejecutivo comunitario defiende la “eliminación progresiva y el levantamiento gradual de los controles en las fronteras interiores”.
La vicepresidenta de la Comisión Hena Virkkunen insiste en el documento que el restablecimiento de controles debe ser una medida estrictamente “temporal y excepcional”, enviando un mensaje claro a los Estados que han normalizado estas restricciones. El objetivo de Bruselas es transitar hacia un modelo que permita “proteger a nuestros ciudadanos, preservar la confianza y mantener Schengen seguro”, pero garantizando que sea un espacio verdaderamente libre de barreras físicas entre países vecinos, añaden.
En un giro inédito en la gestión de la política fronteriza, el Ejecutivo comunitario ha emitido una serie de dictámenes formales para exigir el uso de medidas alternativas frente a la persistencia de los controles tradicionales. Es la primera vez que Bruselas da un paso de este tipo, amparándose en las recientes actualizaciones del Código de fronteras Schengen. Estas nuevas reglas obligan a las autoridades europeas a realizar una evaluación rigurosa sobre si el mantenimiento de los controles que superan los doce meses por una misma causa resulta realmente “necesario y proporcionado” en el contexto de seguridad actual.
Esta presión de Bruselas no es casual, sino que responde a una tendencia de largo recorrido en la que potencias como Francia, Alemania o Austria han encadenado decisiones de reintroducción de controles de manera continuada desde el año 2015. Aunque la Comisión admite que estas restricciones se basan en “preocupaciones reales y legítimas” relacionadas con amenazas a la seguridad nacional y la presión migratoria, el organismo insiste en que no pueden convertirse en una solución permanente. La reintroducción prolongada de controles se define legalmente como un “último recurso”, dado que existen herramientas consideradas mucho más “eficientes y eficaces” para gestionar los riesgos en las fronteras interiores.
Para sustituir las garitas y las barreras, los servicios comunitarios proponen a los nueve países señalados un despliegue de alternativas tecnológicas y policiales. Entre estas medidas figura el refuerzo de la actuación policial conjunta para realizar controles que no sean sistemáticos, así como un mejor uso de la tecnología de vanguardia. Bruselas apuesta específicamente por la implementación de sistemas móviles de identificación biométrica, el seguimiento automatizado de vehículos y un intercambio de información mucho más fluido entre las fuerzas de seguridad de los distintos Estados miembro.
Desde el punto de vista legal, el marco normativo actual es estricto en cuanto a los plazos permitidos para estas medidas excepcionales. Si bien los Estados mantienen su derecho soberano a proteger el orden público ante amenazas graves, las medidas excepcionales solo pueden mantenerse por un periodo máximo de dos años, con la posibilidad de una única prórroga adicional en casos de extrema necesidad. Este límite busca evitar que la excepción se convierta en la regla, protegiendo así el derecho a la libre circulación que define al proyecto europeo.
Las repercusiones de estas fronteras internas, recuerda Bruselas, no son solo políticas, sino que tienen un impacto directo en los trabajadores y comunidades transfronterizos, así como en los países vecinos que sufren las restricciones. Para mitigar estas consecuencias negativas, las fuentes comunitarias destacan que el diálogo facilitado por la Comisión y el trabajo del coordinador Schengen han sido fundamentales. Estas consultas estructuradas han permitido, hasta la fecha, “reducir significativamente” los tiempos de espera en los cruces internos y mejorar sustancialmente la coordinación operativa entre gobiernos.