La UE sabe lo que es la emergencia energética y ahora ha vuelto a ella por culpa de la guerra en Irán. Por eso la Comisión Europea ha presentado este miércoles en Bruselas el llamado Accelerate EU, es decir, su plan de choque para hacer frente a la crisis, con medidas que ahora tendrán que ser respaldadas por los Estados miembros. La propuesta incluye desde la opción de compartir queroseno, reducir los impuestos a la luz y prohibir cortes a los más vulnerables, así como un almacenamiento de 200 GW para baterías o reducciones del IVA o las llamadas “autopistas energéticas”. Asimismo, calculan inversiones de 660.000 millones al año para desterrar los combustibles fósiles, los cuales siguen poniendo en jaque la estabilidad energética europea: y es que suponen el 57% del consumo energético del continente.
“La Comisión coordinará con los Estados miembros, los proveedores de combustible y el sector de la aviación el abastecimiento alternativo de queroseno y propondrá medidas para optimizar su distribución entre los Estados miembros con el fin de garantizar su disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos”, explica el documento remitido por Bruselas a los Estados miembros. Eso sí, se trata solo de una propuesta, y no de una obligación. El Ejecutivo comunitario quiere “optimizar la distribución de combustible” entre los países. A lo que sí renuncia en el plan Bruselas es a proponer un día de teletrabajo obligatorio, algo que había mencionado la presidenta Von der Leyen en pasadas comparecencias.
Funtes comunitarias han explicado que el petróleo ha subido un 30% por barril y el gas un 22% por megavatio, con una situación descrita como muy volátil aunque lejos todavía de la presión que se dio en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Eso sí, la UE se ha gastado 26.000 millones extras en compras de energía en 52 días de guerra, según la última actualización, y ahora pone el foco en la producción interna, añaden desde Bruselas. El objetivo, dicen, es que el sistema sea resiliente a largo plazo y se toman estas medidas como una segunda parte de la estrategia iniciada hace ya cuatro años.
En cuanto a los socios energéticos, recuerdan, en 2025 Noruega fue el principal proveedor de gas a la UE (31%), por delante de EEUU (26%), que sí fue líder en el envío de petróleo (14,5%). Ahora, reafirman las fuentes, es necesario corroborar que se llenan las reservas de gas, pero de manera coordinada, en los próximos meses para estar seguros de que se dan suficientes reservas para el invierno y además que el coste del gas sea razonable. Asimismo, las fuentes matizan: medidas como la reducción de la velocidad en las carreteras como modo de ahorro o el uso más limitado de los vuelos son voluntarias, y dependen por tanto, inciden, de los Estados miembros y de los propios ciudadanos, algo que acompañó en rueda de prensa el comisario de Energía, Dan Jorgensen.
El elemento fundamental de la hoja de ruta presentada por Bruselas es la electrificación masiva, con el objetivo de elevar el despliegue de renovables a 100 GW anuales. Para lograr este ritmo, la Comisión exige simplificar la burocracia, limitando a un máximo de dos años la concesión de permisos para nuevos proyectos antes de finales de 2026. Asimismo, se reconoce el papel estratégico de la energía nuclear para proporcionar flexibilidad y precios estables en casi la mitad de los países de la Unión.
Al mismo tiempo, la Comisión habla de “autopistas energéticas” y con ellas, dice la comunicación, se pretende cuadruplicar la capacidad de almacenamiento en baterías, pasando de los 55 GW actuales a 200 GW en 2030, para gestionar la intermitencia de las renovables, añaden desde el Ejecutivo comunitario. Además, se busca que el 50% de los consumidores cuente con contadores inteligentes en 2031 para ajustar su demanda a los momentos de energía más barata.
Para caminar hacia una Europa energéticamente soberana, que es una idea que se viene repitiendo en Bruselas desde hace casi cinco años, la Comisión avisa: la “revolución” que se plantea requiere movilizar al menos 660.000 millones de euros anuales hasta el final de la década. Por eso, el Ejecutivo comunitario propone redirigir dinero del fondo de recuperación pospandemia, que cuenta con 219.000 millones pendientes de ejecución hasta agosto de 2026, y al mismo tiempo reforzar el Banco de Descarbonización Industrial con 100.000 millones procedentes del mercado de emisiones (ETS). También se convocará una cumbre de inversión para atraer el capital de fondos de pensiones y aseguradoras hacia proyectos críticos.
En este sentido, el corto plazo es también importante o, mejor dicho, urgente dada la situación. Y ahí es clave la coordinación entre los Estados miembros, como ha repetido estos días la presidenta Ursula von der Leyen. Ahí aparece la creación de un llamado Observatorio de Combustibles que monitorizará las existencias de diésel y combustible de aviación, garantizando el suministro durante la temporada estival. Además, se facilitará a los Estados miembros el uso de flexibilidades en el llenado de los almacenamientos de gas y se activará un nuevo marco de ayudas estatales para apoyar a las pymes y sectores más expuestos a los picos de precios.
Asimismo, el plan contempla medidas de alivio inmediato como vouchers energéticos, reducciones del IVA para la instalación de bombas de calor y paneles solares, y la prohibición temporal de cortes de suministro para los más vulnerables, así como la reducción de impuestos a la luz. Medidas que eso sí, avisan, tienen que ser “ajustadas y de carácter temporal”. También se fomentará el “leasing social” para vehículos eléctricos y tecnologías eficientes, “permitiendo que las rentas medias y bajas participen activamente en la transición energética”, añaden desde Bruselas.
La Comisión Europea se pone otra meta: instalar cuatro millones de bombas de calor para el año 2030. ¿Por qué? Porque según Bruselas ese paso permitiría reducir a la mitad el consumo final de energía en edificios y sustituir grandes volúmenes de gas importado. En el transporte, se acelerará la infraestructura de recarga para camiones y el uso de biocarburantes sostenibles en aviación y transporte marítimo. Con todo ese panorama, el gran aviso que sale de Bruselas es que estos pasos no se pueden demorar más: cuanto más se tarde en aplicar estas medidas, mayor será el coste para los ciudadanos, sentencian.
En rueda de prensa fueron la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el propio Jorgensen, quienes dieron cuenta del plan de choque. La española aseguró que la políticas energéticas van ahora de la seguridad y de la seguridad económica. “La energía no puede ser usada como un instrumento de dominación”, alertó la número dos del Ejecutivo comunitario. “Por eso es importante acelerar nuestros planes energéticos”, añadió, asegurando que el sistema de la UE tiene que estar basado en “reducir vulnerabilidades” y sostuvo que hay razones “para ser optimistas” a nivel europeo.
Ribera aseguró que la soluciones que se planteen tienen que estar “en casa” para que la UE pueda convertir a nivel global. “Hemos hecho mucho, pero necesitamos hacer más”, recordó, con la mirada puesta en la crisis de 2022; se trata de “acelerar”, con la referencia que da nombre al plan, esgrimió la que fuera vicepresidenta del Gobierno español y pidió la colaboración de los 27 con el foco puesto en la coordinación para llevar las medidas a buen puerto, con nuevas ayudas estatales que permitan “ayudar los más expuestos” a la situación actual. “Hablaremos sobre ello [con los Estados miembros] en los próximos días”, concluyó.
Por su parte, Jorgensen explicó ante los periodistas que la factura de compra de combustibles fósiles ha costado mucho ya a los europeos pero al mismo tiempo avisó que las consecuencias de esta crisis pueden verse a largo plazo porque los próximos meses “estarán llenos de incertidumbre” y la UE “no puede predecir nada” y por eso “tiene que estar preparada para todo” y acompañó la idea de Ribera de que el objetivo tiene que ser “proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables”. Y por eso el comisario danés pidió “actuar rápido” y “trabajar juntos” en otro llamamiento a los países miembros. Europa necesita “maximizar” sus capacidades y los gobiernos nacionales tienen ya herramientas para contener los precios, comentó Jorgensen para terminar. “Esto tiene que ser una llamada a despertar y un punto de inflexión”, sentenció.