Bolivia atraviesa una de las mayores crisis política y económica de los últimos años. El país arranca la tercera semana de protestas, huelgas y bloqueos de carreteras impulsados por mineros, transportistas, sindicatos y organizaciones campesinas. Estos grupos denuncian el aumento del coste de vida, la escasez de combustible y las medidas económicas del presidente del Gobierno boliviano, Rodrigo Paz. El mandatario fue elegido a finales de 2025 y puso fin a la hegemonía del partido Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó Bolivia durante casi 20 años. Llegó al poder en 2006 con el expresidente Evo Morales y se mantuvo al frente del país, primero con Morales y después con el también expresidente Luis Arce, hasta la llegada de Paz.
Las revueltas son impulsadas, en gran parte, por organizaciones afines a Morales, que reclaman la dimisión de Paz y la derogación de sus políticas. Como consecuencia, miles de manifestantes han tomado este lunes el centro de la capital, La Paz, en una jornada marcada por los enfrentamientos entre los campesinos y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) con la policía.
Los manifestantes, entre los que también se encontraban vecinos de la cercana ciudad de El Alto, lanzaron petardos, palos y piedras contra la fuerza de seguridad, que los repelió con gas lacrimógeno. Los movilizados pretendían ingresar a la plaza donde está la sede del gobierno, que estaba fuertemente resguardada por las autoridades. Algunos manifestantes saquearon negocios y armaron barricadas a pocas cuadras del Palacio Presidencial y la sede del legislativo.
Los manifestantes coreaban el lema: “¡Patria o muerte, venceremos!”. A su paso, se iban uniendo otras voces que gritaban consignas como “¡Que renuncie!”— en alusión al presidente conservador— mientras los ciudadanos se iban incorporando a la marcha. “El gobierno debe escuchar y trabajar con los sindicatos y organizaciones sociales”, declaró un dirigente campesino, Javier Santalla.
Por el momento, el bloqueo indefinido de carreteras que cerca a las ciudades de El Alto y La Paz se ha cobrado la vida de cuatro personas, tras la confirmación este lunes de la muerte de otro ciudadano que participaba en las protestas. “Hay un fallecido, que es un bloqueador, un dirigente campesino de la zona de los Ponchos Rojos, que al correr se cayó en una zanja que ellos mismos hicieron (…). Se cayó en un hueco, fue así de paradójico, y ahí tuvo un golpe mortal y murió”, ha explicado el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, en declaraciones al diario El Deber.
Con anterioridad, el viceministro de Régimen Interior había advertido a los seguidores de Morales que podían marchar de forma pacífica y que el gobierno tomaría acciones “si cometen delitos”. Finalmente, el fiscal general Roger Mariaca ha declarado este lunes que hay unos 90 detenidos por su participación en las revueltas.
Los duros enfrentamientos de este lunes entre los manifestantes y los agentes han protagonizado otra jornada marcada por la violenta en Bolivia. Los cortes en los accesos —que ya llevan 16 días— han dejado mercados desabastecidos, escaso combustible y hospitales sin suministro en la ciudad. Las organizaciones empresariales han pedido al presidente Paz más firmeza contra estos bloqueos puesto que, según las asociaciones, las paralizaciones provocan unas pérdidas de más de 50 millones de dólares diarios y hay unos 5.000 vehículos varados en las carreteras.
Con respecto a los apoyos internacionales, el gobierno de Paz ha contado con el respaldo de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos. No es el caso de Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, afirmó este domingo que Bolivia vive una “insurrección popular”. “Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica”, escribió Petro en su cuenta de X. Unas declaraciones que no han sentado nada bien al Gobierno de Paz, que pidió “respeto al principio de no injerencia” en sus asuntos internos.