Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, colocan nuevamente a México frente a una de sus contradicciones más profundas: la incapacidad de construir un verdadero Estado de derecho sin quedar atrapado entre la impunidad doméstica, la polarización política y las presiones estratégicas de Estados Unidos.
El problema de fondo no son únicamente los personajes involucrados ni los escándalos mediáticos que dominan titulares y redes sociales. La cuestión central es que México sigue sin desarrollar instituciones suficientemente sólidas y legítimas para investigar la corrupción política y las redes criminales de alto nivel sin depender, directa o indirectamente, de la presión estadounidense. Cada vez que Washington dicta el ritmo de la agenda de seguridad mexicana, la soberanía nacional queda expuesta como una aspiración limitada por profundas asimetrías de poder.
Los casos de Rocha Moya y Maru Campos son distintos, pero revelan una misma crisis estructural. En el primero, el gobierno mexicano enfrenta acusaciones graves relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y redes criminales. En el segundo, la controversia gira en torno a la cooperación de autoridades estatales con agencias estadounidenses en operaciones de seguridad dentro del territorio nacional. Ambos casos han sido rápidamente absorbidos por la lógica del espectáculo político: Morena acusa al gobierno de Chihuahua de “traición a la patria” y subordinación al extranjero; la oposición, por su parte, celebra las investigaciones contra actores cercanos al oficialismo y reivindica la cooperación con Estados Unidos como sinónimo automático de eficacia institucional, defensa del federalismo e incluso protección de la democracia mexicana.
Sin embargo, ninguno de los dos bandos parece dispuesto a discutir seriamente el problema central: la profunda descomposición institucional que ha permitido durante décadas la expansión simultánea de corrupción, impunidad, economías ilícitas y captura política en amplias regiones del país.
La oposición mexicana actúa como si la corrupción y los vínculos criminales fueran patrimonio exclusivo de Morena, olvidando que buena parte de la crisis actual se incubó precisamente durante los gobiernos del PRI y del PAN. Pero Morena tampoco puede seguir presentándose como una fuerza moralmente distinta mientras protege, minimiza o relativiza acusaciones que involucran a miembros relevantes de su propia élite política. El viejo pacto de impunidad que caracterizó al sistema político mexicano parece no haber desaparecido; simplemente cambió de administradores.
En medio de esta disputa, Estados Unidos encuentra condiciones ideales para avanzar una agenda de seguridad hemisférica cada vez más agresiva. Bajo el segundo gobierno de Donald Trump, la lucha contra el narcotráfico y el fentanilo ha dejado de ser únicamente un tema de cooperación bilateral para convertirse en un componente central de una estrategia más amplia de control geopolítico regional. La designación de organizaciones criminales como amenazas terroristas, el endurecimiento del discurso sobre intervenciones unilaterales y la creciente presión sobre gobiernos estatales y federales mexicanos forman parte de una lógica que trasciende el combate al narcotráfico.
Washington entiende perfectamente las fracturas internas mexicanas y las utiliza estratégicamente. Mientras oficialismo y oposición se acusan mutuamente, Estados Unidos fortalece mecanismos de presión diplomática, inteligencia, seguridad y control fronterizo que amplían su margen de influencia sobre México. La crisis de violencia y corrupción mexicana termina así convertida en un instrumento funcional para los intereses estratégicos estadounidenses.
Esto no significa negar la gravedad del problema criminal ni minimizar la necesidad de cooperación internacional. México enfrenta organizaciones violentas, redes transnacionales de tráfico y estructuras de corrupción profundamente arraigadas. Pero una cosa es cooperar y otra muy distinta normalizar una dependencia estructural en la que las prioridades de procuración de justicia parecen activarse únicamente cuando coinciden con los intereses de Washington.
El caso de Rocha Moya debe investigarse con absoluto rigor y transparencia. Si existen pruebas sólidas de vínculos criminales, el Estado mexicano tiene la obligación de procesar judicialmente a cualquier funcionario, sin importar su posición política. Pero el mismo principio debería aplicar a todos los niveles de gobierno, incluidos actores de oposición y autoridades estatales que pudieran haber cruzado límites legales o constitucionales en sus relaciones con agencias extranjeras.
La justicia selectiva no fortalece el Estado de derecho; lo debilita aún más. Tampoco ayuda convertir cualquier debate sobre soberanía en propaganda nacionalista vacía, ni asumir que toda cooperación con Estados Unidos constituye automáticamente una traición a la patria. México enfrenta un reto mucho más complejo: construir instituciones suficientemente sólidas para investigar tanto la corrupción interna como las distorsiones producidas por la dependencia externa, sin sucumbir ni a subordinaciones automáticas ni a discursos panfletarios.
El verdadero desafío para México no es escoger entre Washington y la polarización doméstica. El desafío es construir un Estado capaz de enfrentar simultáneamente la corrupción de sus élites políticas, la expansión de las redes criminales y las crecientes presiones geopolíticas de su poderoso vecino del norte.
Porque mientras el país permanezca atrapado entre impunidad interna y dependencia estratégica, la soberanía seguirá siendo más un discurso político que una realidad efectiva.
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