Mahmoud Khalil, exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y figura destacada de las protestas propalestinas en Estados Unidos, solicitará la intervención de la Corte Suprema luego de que un tribunal federal de apelaciones rechazara revisar una decisión que deja más cerca su posible deportación, informaron sus abogados este viernes.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, votaron 6-5 en contra de reconsiderar el fallo emitido en enero por un panel de tres magistrados. Esa decisión concluyó que el juez federal de Nueva Jersey Michael Farbiarz no tenía jurisdicción para ordenar la liberación de Khalil de la detención migratoria, publicó The Associated Press.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que forma parte de la defensa del activista, anunció que pedirá al Tercer Circuito suspender la entrada en vigor del fallo para impedir que Khalil sea detenido o deportado mientras presentan una apelación ante el máximo tribunal del país.
“La decisión no es la definitiva, y seguimos creyendo firmemente en nuestros argumentos para el futuro”, declaró Brett Max Kaufman, abogado principal de la ACLU, en un comunicado citado por AP.
Khalil sostiene que el gobierno de Donald Trump busca expulsarlo debido a su activismo en favor de Palestina y sus críticas a Israel.
En su fallo de enero, el Tercer Circuito determinó que la demanda presentada por Khalil contra su detención era prematura porque, según la legislación federal, ese tipo de impugnaciones deben tramitarse inicialmente dentro del sistema judicial migratorio, dependiente del Departamento de Justicia y no del poder judicial federal.
Sin embargo, el tribunal no resolvió el punto central del litigio: si el intento de deportar a Khalil por sus actividades políticas y estudiantiles viola la Constitución estadounidense.
Khalil, de 31 años, también mantiene una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Luisiana, después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración ratificara su orden de expulsión.
Sus abogados argumentan que el juez de inmigración ignoró pruebas relevantes y avaló incorrectamente la acusación de que Khalil ocultó información en su solicitud de residencia permanente. La defensa sostiene que esa acusación surgió como represalia por su participación en las protestas universitarias.
El juez migratorio sugirió que Khalil podría ser deportado a Argelia, país cuya ciudadanía conserva a través de un familiar, o a Siria, donde nació en un campo de refugiados palestinos. La defensa asegura que enfrentaría riesgo de muerte en cualquiera de esos destinos.
Khalil fue arrestado en marzo de 2025 y permaneció tres meses detenido en una cárcel migratoria en Luisiana, período durante el cual se perdió el nacimiento de su hijo.
Funcionarios federales lo han acusado de liderar actividades “alineadas con Hamás”, aunque, de acuerdo con AP, no han presentado pruebas ni lo han imputado por delitos. También sostienen que omitió información en su trámite migratorio.
El activista ha rechazado las acusaciones y las ha calificado de “infundadas y ridículas”, y sostiene que su arresto es una represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión al denunciar la guerra en Gaza y defender la causa palestina.
La administración Trump justificó la detención apelando a una ley poco utilizada que permite expulsar a extranjeros cuyas ideas sean consideradas una amenaza para la política exterior estadounidense. En junio de 2025, el juez Farbiarz concluyó que esa base legal probablemente sería declarada inconstitucional y ordenó la liberación de Khalil.
No obstante, el gobierno apeló y el Tercer Circuito falló 2-1 a favor de la administración, dejando el caso encaminado hacia una posible revisión por parte de la Corte Suprema.
Sigue leyendo:
• Zohran Mamdani nombraría a controvertido abogado para un alto cargo en la alcaldía de Nueva York
• Mahmoud Khalil se reúne con manifestantes propalestinos por primera vez tras liberación
• Juez federal determina que estudiante de Universidad de Columbia puede continuar su demanda contra el gobierno de Trump