Los jueces dominicanos llevan la toga puesta y el bolsillo vacío. La ley manda que el Poder Judicial reciba el 2.66 % del presupuesto nacional. La realidad le asigna apenas el 0.96 %. De ese mendrugo, el 82 % se va en nómina, lo que deja a la institución sin músculos para funcionar como lo que se supone que debe ser: el último lugar donde el ciudadano puede exigir que le hagan justicia.
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