La Justicia de Bolivia declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales (2006-2019) y emitió una nueva orden de aprehensión y arraigo en su contra, después de que el exmandatario no se presentara al inicio del juicio oral por un caso de … presunta trata y tráfico de personas agravado.
La audiencia se celebró en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el sur de ese país, donde el líder cocalero debía comparecer desde las 8.20 de la mañana (hora local). Sin embargo, tal como había anticipado su defensa días antes, Morales no acudió al tribunal, alegando supuestas irregularidades procesales y falta de garantías judiciales.
Tras constatar su ausencia, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija resolvió declararlo rebelde y ordenó su captura inmediata. Los jueces Irma Castellón y Carlos Andrés Oblitas firmaron además una orden de arraigo para impedir que el exmandatario abandone el país.
La resolución instruye a la Policía Boliviana ejecutar el mandamiento de aprehensión y a Migración activar las restricciones correspondientes. La decisión marca el momento judicial más delicado que afronta Morales desde que comenzó la investigación en su contra en 2024.
El proceso investiga una presunta relación que Morales habría mantenido con una menor de edad mientras ejercía la Presidencia de Bolivia. Según la acusación presentada por la Fiscalía de Tarija, de esa relación habría nacido una hija. El Ministerio Público sostiene que el caso configura el delito de trata agravada de personas debido a la condición de menor de edad de la presunta víctima y a un supuesto contexto de vulnerabilidad y desequilibrio de poder.
La Fiscalía asegura haber reunido más de 170 pruebas de cargo, entre testimonios, documentos, informes técnicos y registros civiles, incorporados en el expediente acusatorio.
La acusación formal fue presentada en octubre de 2025, pero el proceso avanzó lentamente durante meses debido a problemas de notificación y a la imposibilidad de ejecutar una orden de aprehensión previa emitida contra el exmandatario.
En abril de este año, la Justicia boliviana decidió notificar a Morales mediante edictos de prensa después de que funcionarios judiciales no lograran ubicarlo en el domicilio señalado por su defensa en el Trópico de Cochabamba.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, explicó entonces que el procedimiento se aplicó conforme al artículo 165 del Código de Procedimiento Penal, que permite la notificación pública cuando el acusado no puede ser encontrado.
La defensa denuncia vulneración del proceso
La defensa del exmandatario cuestionó esa decisión. El abogado Nelson Cox sostuvo que Morales no fue notificado correctamente y denunció vulneraciones al debido proceso. También aseguró que no existían garantías para la instalación del juicio oral y anunció recursos legales nacionales e internacionales. «No existe una acusación objetiva», declaró Cox días antes del inicio del juicio.
Pese a las objeciones de la defensa, el tribunal decidió mantener la audiencia prevista para este lunes y avanzar con el proceso.
Desde octubre de 2024, Evo Morales permanece autoaislado en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, donde es protegido por organizaciones sindicales y sectores cocaleros afines.
En esa zona, considerada el principal bastión político del líder cocalero, sus seguidores montaron vigilias, controles territoriales y barricadas para impedir el ingreso de fuerzas policiales o cualquier intento de captura.
La orden de aprehensión emitida anteriormente nunca pudo ejecutarse debido a esa situación. El propio fiscal general reconoció semanas atrás que la responsabilidad de hacer cumplir el mandamiento corresponde a la Policía Boliviana.
En ese escenario, hace unas semanas, Morales reclamó la entrega de un pasaporte diplomático. El exmandatario aseguró que se le negaba otorgarle el documento pese a que, según afirmó, le corresponde «por derecho» como expresidente. La Cancillería rechazó esas acusaciones y respondió que Morales puede tramitarlo como cualquier ciudadano, en persona y mientras no tenga pendientes con la Justicia, aunque descartó privilegios especiales. El líder cocalero sostiene que recibe invitaciones internacionales, pero desde octubre de 2024 permanece en el Chapare bajo resguardo de sus seguidores para evitar su detención.
Movilizaciones
En paralelo al inicio del juicio, sectores afines a Morales convocaron movilizaciones hacia la ciudad de La Paz, contra el Gobierno del actual presidente Rodrigo Paz. El llamamiento coincidió con bloqueos de carreteras impulsados por algunas organizaciones campesinas y grupos cercanos al exmandatario.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga acusó a Morales de promover protestas para desviar la atención del proceso judicial y generar inestabilidad política. En declaraciones a medios locales, afirmó que el líder cocalero busca «atentar contra la democracia» para evitar responder ante la justicia.
El entorno de Morales rechazó esas acusaciones y sostiene que el proceso forma parte de una estrategia de persecución judicial destinada a destruir políticamente al exmandatario.
Wilfredo Chávez, exprocurador y miembro del equipo jurídico de Morales, anunció que acudirán a organismos internacionales para denunciar supuestas vulneraciones a derechos y garantías constitucionales.
Durante el desarrollo de la investigación, la presunta víctima, actualmente mayor de edad, declaró a medios bolivianos que reside en Argentina junto a su hija.
Según documentación conocida en septiembre de 2025, tanto ella como su madre obtuvieron estatus de refugiadas en ese país. En la solicitud presentada ante las autoridades argentinas denunciaron presiones y amenazas vinculadas al caso.
El proceso avanza sin la presencia del principal acusado. Es responsabilidad de la Policía intentar ejecutar la nueva orden de aprehensión en el Chapare, aunque, como ocurrió en ocasiones anteriores, los sectores afines a Morales continúan en alerta.