El plan de la administración de Donald Trump para utilizar una base de datos federal con información personal de millones de estadounidenses sufrió un revés judicial después de que una jueza federal ordenara suspender su implementación inmediata por considerar que vulnera derechos de privacidad y podría afectar el derecho al voto.
La jueza federal de distrito Sparkle Sooknanan emitió un fallo de 75 páginas en el que cuestionó la creación de un sistema que combina datos de ciudadanía con información de la Administración del Seguro Social para identificar a presuntos no ciudadanos inscritos en los registros electorales.
“El gobierno federal ha pisoteado deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”, escribió Sooknanan. “Este tribunal no puede permanecer impasible mientras esto sucede”.
La decisión responde a una demanda presentada por la Liga de Mujeres Votantes y otras organizaciones civiles, que denunciaron que la versión actualizada del sistema SAVE, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), recopila y comparte información sensible de manera incompatible con las protecciones establecidas por la legislación federal.
Según la magistrada, la administración compartió la base de datos con varios estados pese a las dudas sobre la precisión de la información contenida en ella. En algunos casos, agregó, ciudadanos estadounidenses fueron identificados erróneamente como no ciudadanos.
“Desde entonces, los estados han procesado sus listas de votantes a través del sistema SAVE modificado, y algunos de los miembros de los demandantes han sido identificados erróneamente como no ciudadanos por SAVE, lo que ha dado lugar a la cancelación de sus registros de votantes”, señaló la jueza.
Impacto electoral
El fallo representa un nuevo obstáculo para las iniciativas impulsadas por Trump en materia electoral. La Casa Blanca ha defendido cambios destinados a reforzar los controles sobre el registro de votantes, mientras que sus críticos sostienen que esas medidas podrían restringir el acceso al sufragio.
Sooknanan concluyó que el sistema podría violar disposiciones de la Ley de Seguridad Social y de la Ley de Privacidad al permitir que estados como Texas y Luisiana accedieran a información confidencial para depurar sus padrones electorales.
La jueza también consideró que etiquetar incorrectamente a ciudadanos como no ciudadanos puede tener consecuencias graves. En su decisión afirmó que los intentos de minimizar esos errores “rayan en lo absurdo”, dado que el voto de personas sin ciudadanía puede acarrear implicaciones legales.
Tras conocerse la decisión, las organizaciones demandantes celebraron el fallo. Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó que “los datos que constituyen el núcleo de esta demanda fueron consolidados ilegalmente, en violación de las leyes de privacidad destinadas a proteger la información personal sensible”.
Se espera que el Gobierno federal recurra la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, mientras permanece suspendida la puesta en marcha del sistema SAVE revisado.