Un juez federal de Massachusetts anuló este lunes la política impulsada por el presidente Donald Trump que obligaba a los empleadores a pagar una tarifa adicional de 100,000 dólares para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados mediante nuevas visas H-1B.
El fallo fue emitido por el juez Leo T. Sorokin que al concluir el caso, dijo que la medida constituía un impuesto ilegal que nunca fue autorizado por el Congreso. De esta manera, el magistrado dio la razón a una coalición de 20 estados que impugnó la política por considerar que excedía las facultades del Poder Ejecutivo y violaba la legislación federal.
La tarifa había sido establecida mediante la Proclamación Presidencial 10973, firmada por Trump el 19 de septiembre de 2025.
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Justificación versus críticas de la medida
La Casa Blanca argumentó entonces que el programa H-1B estaba siendo utilizado para reemplazar trabajadores estadounidenses por mano de obra extranjera más barata, especialmente en sectores tecnológicos y científicos.
Tras el anuncio, la administración aclaró que el cobro de $100,000 dólares aplicaría únicamente a nuevas solicitudes y no a renovaciones ni a personas que ya contaban con una visa H-1B vigente. La tasa debía entrar en vigor en el siguiente ciclo de selección del programa y contemplaba excepciones limitadas por razones de “interés nacional”, informó la agencia de noticias EFE en ese entonces.
Sin embargo, la medida generó críticas debido a su impacto sobre empresas, universidades, hospitales y centros de investigación. Los estados demandantes sostuvieron que el aumento era desproporcionado, ya que las tarifas habituales para este tipo de visas oscilaban entre $960 y $7,595 dólares.