En diciembre del año pasado, Julio Ipina Hernández le envió un mensaje de texto a un investigador de la oficina del sheriff del condado de Putnam afirmando que quería denunciar supuestos crímenes vinculados con drogas y abuso sexual.
Pero cuando el hispano fue a reunirse con el detective el 6 de enero de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo estaban esperando para ser arrestado por no tener un estatus migratorio legal. Terminó en la cárcel casi dos meses por el ICE.
El abogado de Ipina Hernández, el jurista S. Michael Musa-Obregon, argumentó una solicitud ante un juez federal de que la oficina del sheriff coordinó con las autoridades de inmigración una estratagema para atraer al inmigrante originario de Guatemala, de 34 años, a la custodia de ICE. Musa-Obregón escribió en documentos judiciales lo siguiente: “El investigador policial nunca tuvo la intención de recibir una denuncia y, en cambio, utilizó la cooperación de [Ipina Hernández] como arma para orquestar su arresto”.
Michael DiVeglio, sargento y portavoz de la oficina del sheriff del condado de Putnam, rechazó cualquier irregularidad en la actuación del investigador en el caso de Ipina Hernández. DiVeglio declaró: “Definitivamente, no hubo ninguna artimaña orquestada por nuestro investigador. Actuó dentro del ámbito de sus funciones y de la investigación”.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que supervisa a ICE, confirmó la detención del guatemalteco por parte de ICE, pero rechazó brindar más información al respecto.
Los defensores de los inmigrantes aseguraron que la mala experiencia de Ipina Hernández dibuja la preocupación que tienen desde hace tiempo de que la colaboración entre las fuerzas del orden locales y los funcionarios federales en materia del control migratorio perjudica a la comunidad: de disuadir a los inmigrantes irregulares a denunciar crímenes por temor a que denunciar pueda tener como consecuencia su propio arresto.
Ipina Hernández declaró: “definitivamente no confío en la policía; no creo que vayan a hacer lo correcto”, informó Gothamist.
En febrero, un juez federal ordenó la liberación de Ipina Hernández, alegando que no estaba sujeto a detención obligatoria, como argumentaba el gobierno federal. El juez Vernonn Broderick escribió en una opinión con fecha del 22 de febrero: “no hay nada que sugiera que el DHS haya ejercido discreción alguna al arrestar a Ipina Hernández”.
Este caso en particular surge en un momento en que los legisladores estatales y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, debaten propuestas para limitar la cooperación entre las fuerzas del orden locales y los funcionarios federales de inmigración en todo Nueva York. La iniciativa se debe en parte a la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que ha causado protesta en todo el país y miles de demandas como la de Ipina Hernández.
La ciudad de Nueva York, por regla general, prohíbe a sus funcionarios cooperar con los agentes federales de inmigración, a menos que cuenten con una orden judicial. Las autoridades estatales, incluida la policía estatal, también tienen prohibido compartir información con el ICE, a menos que estén legalmente obligadas a hacerlo. Los legisladores estatales buscan ampliar protecciones similares a las de las agencias policiales locales en todo el estado.
Hochul presentó hace poco una propuesta que impediría a la policía local compartir información sobre una persona con el ICE a menos que haya sido condenada por un delito o haya alguna causa probable para creer que lo perpetró. Los defensores de los inmigrantes, en cambio, impulsan la ley “Nueva York para todos” de mayor alcance, que prohibiría en general la cooperación y la comunicación entre la policía estatal y local y el ICE, salvo que haya una orden judicial.
Asimismo, la medida exige, entre otras cosas, que cuando los agentes de inmigración pidan entrevistar bajo judicial, se le informe a esa persona que no está obligada a cooperar y que tiene derecho a que un jurista esté presente en medio de la entrevista.
“Por eso necesitamos que se apruebe la ley New York for All en este momento, porque prohibiría que este tipo de colusión vuelva a ocurrir, o incluso que la gente piense que podría suceder”, expresó Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la organización estatal sin fines de lucro New York Immigration Coalition, sobre el caso de Ipina Hernández.
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