En los hechos, los ayuntamientos del país aparecen mayormente reducidos a las muy elementales obras urbanas de aceras y contenes además de asear ciudades y parques aunque el fundamento jurídico del Estado los reserva para unos protagonismos tan importantes que desde el 2010 están señalados en el artículo 199 de la Carta Magna para conformar junto con los distritos municipales “la base del sistema político administrativo” en sus respectivas jurisdicciones con personalidad jurídica, patrimonios y autonomía que en la práctica no ejerce: solo pueden crear los arbitrios, equivalentes a tributos, que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo les permita a veces caritativamente. Generosidades y conveniencias del momento para los estrategas de la política. Con esto quedan permanentemente a expensas de la centralización presidencial. A los cabildos suele llamárseles gobiernos locales una jerarquización de pura apariencia pues sus potestates normativas de gestión territorial y usos de suelo tiene un valladar fundado en la ley que subordina las alcaldías al poder fiscalizador de la jefatura del Estado. Esto hace de la descentralización con fines democratizadores casi una ficción.
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No en balde el expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, acaba de abogar por un reconocimiento a la importancia de la verdadera autodeterminación de las comunidades municipales para que juegen el rol desarrollista más importante. Esto conllevaría la aplicación a nivel nacional de políticas de desarrollo y fortalecimiento institucional como en otros países en los que las autoridades de más directo contacto y cercanía con los poblaciones asumen responsabilidades en materia de educación, salud, cultura y deportes. Para lograrlo, el eminente jurista Ray Guevara ha exhortado a los alcaldes a exgir transferencias de competencias y de recursos (sus prespuestos están escamoteados) porque así lo ordena la Constitución de la República.
