IBM llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para resolver señalamientos relacionados con sus políticas laborales, en un caso que pone bajo la lupa las prácticas de diversidad en contratos federales.
La empresa tecnológica, con sede en Nueva York, aceptó pagar cerca de $17 millones para cerrar una investigación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), que la acusaba de haber presentado información falsa sobre sus procesos de contratación en acuerdos con el gobierno.
El anuncio fue dado a conocer por el fiscal general interino, Todd Blanche.
De acuerdo con el gobierno, IBM habría identificado candidatos considerados ‘diversos’ para contrataciones o promociones, al mismo tiempo que establecía objetivos demográficos basados en raza y sexo.
Esto implica que, además de evaluar habilidades o experiencia, la empresa habría tomado en cuenta características como el origen racial o el género para cumplir con ciertas metas internas de representación.
Según las autoridades, este tipo de criterios puede entrar en conflicto con las leyes federales si influye directamente en decisiones laborales dentro de contratos con el gobierno, ya que estos deben basarse en principios de igualdad y no discriminación.
Estas prácticas, según el DOJ, podrían constituir una violación legal al formar parte de contratos federales bajo condiciones que exigen cumplimiento estricto de las normas laborales.
En respuesta, la compañía rechazó haber incurrido en conductas discriminatorias o ilegales.
“IBM está complacida de haber resuelto este asunto”, señaló un portavoz de la empresa en un correo electrónico dirigido a CNN.
“Nuestra estrategia laboral se basa en un solo principio: contar con las personas adecuadas con las habilidades que nuestros clientes necesitan”, añadió el portavoz.
El acuerdo, sin embargo, deja claro que no implica una admisión de responsabilidad por parte de IBM ni tampoco una confirmación absoluta de las acusaciones por parte del gobierno.
El documento establece que se trata de una resolución para evitar un litigio prolongado.
Este caso se enmarca dentro de una estrategia más amplia del gobierno de Estados Unidos para revisar y restringir los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), tanto en el sector público como en las empresas privadas que mantienen contratos con el Estado.
Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, las agencias federales recibieron instrucciones de eliminar oficinas y puestos relacionados con estas iniciativas.
En mayo de 2025, el Departamento de Justicia comenzó a utilizar la Ley de Reclamaciones Falsas para investigar programas de diversidad, incluyendo universidades y contratistas federales como IBM.
Bajo esta ley, que data de la época de la Guerra Civil, el gobierno puede recuperar hasta tres veces el monto de los daños, además de imponer sanciones.
“Discriminar por motivos raciales es ilegal, y los contratistas del gobierno no pueden evadir la ley disfrazando estas prácticas como iniciativas DEI”, afirmó Blanche.
“El Departamento lanzó la Iniciativa de Fraude en Derechos Civiles para erradicar estas conductas, responsabilizar a los infractores y terminar con esta práctica de una vez por todas”.
Además, la legislación permite que ciudadanos particulares presenten demandas en nombre del gobierno si consideran que hubo fraude, con la posibilidad de recibir una parte del dinero recuperado.
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