La política migratoria protagoniza una gran transformación en Argentina por estos días. Este fin de semana el barrio porteño de Once se ha convertido en el epicentro de controles y detenciones de inmigrantes en situación de irregularidad por parte de la Policía. «Si conoces a … alguien en esta situación, denuncia de manera anónima», invita el Ministerio de Seguridad.
Este es solo el comienzo de una nueva política migratoria en el país. Según lo ha anunciado la Casa Rosada, el Gobierno del presidente Javier Milei trabaja en la creación de una agencia de control con el fin de endurecer las medidas contra la inmigración ilegal. La prensa local anuncia la llegada de un ‘ICE argentino’. La propuesta ya recibe tanto apoyos como críticas por parte de los ciudadanos.
La admiración del jefe de Estado argentino por su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha excedido el plano discursivo y el Gobierno suramericano comienza a implementar medidas en línea con las de su aliado político. Tal es así que la Casa Rosada prepara la creación de una agencia al estilo del ICE.
Según se ha informado, esta tendrá tres funciones centrales: controlar las fronteras, combatir el crimen organizado y deportar a aquellos extranjeros que hayan cometido algún delito. La nueva agencia funcionará como una secretaría y estará compuesta por dos subsecretarías: control migratorio y política migratoria. Si bien inicialmente se afirmaba que el director del nuevo organismo sería Diego Valenzuela, exalcalde de la localidad bonaerense Tres de Febrero, finalmente el Gobierno ha decidido no otorgarle este cargo y aún se desconoce quién dirigirá la agencia.
El nombre del nuevo órgano será Agencia de Seguridad Migratoria y el Gobierno argentino prepara en estos momentos un decreto en el que se formalice su lanzamiento. Un dato llamativo en este sentido es que la nueva agencia entraría dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad –en manos de Alejandra Monteoliva, quien reemplazó a Patricia Bullrich en diciembre-, mientras que habitualmente este tipo de políticas solían depender del Ministerio del Interior. La flamante funcionaria celebraba a comienzos de este año el récord de migrantes expulsados: «En diciembre 2.400 y en lo que va de enero 2.300. Calentito el verano». «Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, ¡afuera!», advertía.
Con respecto a la aplicabilidad de las políticas migratorias del país del norte, hay voces encontradas. Si bien muchos aplauden la adopción de medidas del estilo trumpista, otros consideran un error que Argentina imite las iniciativas de la Casa Blanca, por tratarse de situaciones distintas. «Se compara con el modelo migratorio de Estados Unidos y parece una imitación, pero los escenarios son muy diferentes», asegura a ABC Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Apoyo y críticas
Uno de los puntos que genera más disputas con respecto a la agencia migratoria que impulsa el Gobierno de Milei tiene que ver con la teoría subyacente de que hay una vinculación entre inmigración y seguridad. En este sentido, Gloria Llopis Ortiz, líder de la organización Buenos Vecinos, se muestra a favor de la iniciativa y defiende el papel de un Estado presente en cuanto a controles migratorios. «Hoy es urgente que el país recupere un control estricto y efectivo de sus fronteras, una función básica del Estado que durante años ha sido desatendida», afirma en declaraciones a ABC, a la vez que opina que «hoy por hoy se puede ingresar al país por infinidad de puntos sin que quede registro de ello». Si bien apoya la creación de la nueva agencia, Llopis Ortiz advierte que «el principal riesgo es que la agencia derive en prácticas arbitrarias o discrecionales si no cuenta con controles institucionales adecuados».
Una opinión distinta es la que expresa Morales desde CELS, quien no solo considera innecesaria la creación de una agencia de control de migrantes, sino que además denuncia un señalamiento contra los extranjeros. «Hay un proceso de estigmatización», indica, a la vez que explica que la población argentina proviene de la inmigración y que «la base social del país se construyó sobre políticas migratorias abiertas». Asimismo, considera que «el Gobierno busca generar miedo y una necesidad de identificar a los migrantes como un problema para la seguridad».
Por decreto presidencial
En la misma línea, Morales cuestiona la manera a través de la cual se llevaría a cabo la creación de la agencia de control migratorio, porque se evitaría pasar la medida por el Congreso, y se realizaría a través de un decreto presidencial. «Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, no se produce el necesario debate parlamentario antes de que salga la ley», opina el miembro de CELS.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió en sus redes sociales que «quienes ya estén de manera ilegal deberán regularizar su situación o abandonar el país. Ingresar o permanecer ilegalmente no será tolerado».
Si bien todavía no hay fecha precisa para el lanzamiento de esta agencia, el Gobierno de Milei ha anticipado que su entrada en funcionamiento será inminente.