Santo Domingo. – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el Ministerio Público, encabezado por la procuradora general de la República, ha iniciado una investigación en torno a recientes casos que han generado preocupación en la sociedad, al tiempo que reiteró la disposición del Gobierno de colaborar en todo lo necesario para fortalecer el sistema de respuesta ante situaciones de violencia.
Raful expresó que cada hecho lamentable debe servir como oportunidad para revisar y mejorar los mecanismos de prevención y atención, al tiempo que llamó a la responsabilidad institucional y social para preservar la dignidad de las familias afectadas y evitar la revictimización.
Medidas de protección
La funcionaria destacó que el Ministerio de Interior y Policía impulsa una iniciativa orientada a ampliar las vías de acceso para la protección de mujeres en situación de riesgo, mediante la identificación y capacitación de personas en la primera línea de servicio, tanto en instituciones públicas como en espacios del sector privado, como farmacias y supermercados, donde las ciudadanas acuden con frecuencia.
Explicó que esta estrategia busca ofrecer alternativas más cercanas y accesibles que complementen los canales tradicionales de denuncia, en coordinación con la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y otras entidades vinculadas a la protección de derechos.
- Raful señaló que estas acciones forman parte de un proceso continuo de revisión de protocolos, ya que “nunca será suficiente” cuando se trata de prevenir la violencia y proteger vidas.
Desafío cultural
Asimismo, advirtió que la sociedad dominicana enfrenta desafíos culturales asociados a patrones de conducta machista, por lo que consideró necesario continuar trabajando en su transformación desde las políticas públicas, la educación y la sensibilización social.
La ministra afirmó que cada tragedia representa un llamado a reforzar el compromiso institucional y personal con la defensa de los derechos de las mujeres, a fin de garantizar que sean tratadas como ciudadanas plenas, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Dominicana.