España y nueve países rechazan ataques israelíes contra la Flotilla Global Summud

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Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Turquía, Bangladés, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldivas y Pakistán condenaron este lunes los ataques israelíes contra la Flotilla Global Summud.

A través de un comunicado conjunto, los gobiernos expresaron su rechazo a las acciones dirigidas contra embarcaciones civiles y activistas, recordando además anteriores incidentes ocurridos en aguas internacionales.

Los cancilleres afirmaron que los ataques y detenciones arbitrarias contra activistas representan “violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”.

Asimismo, manifestaron preocupación por la seguridad de los civiles que participaban en la misión humanitaria y exigieron la liberación inmediata de las personas detenidas.

También señalaron que este tipo de hechos reflejan un “desprecio constante del derecho internacional y la libertad de navegación”.

España confirma retención de ciudadanos en la flotilla

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó que entre diez y veinte ciudadanos españoles que viajaban a bordo de la flotilla interceptada por Israel habrían sido retenidos por autoridades israelíes.

La embarcación tenía como destino Gaza y fue interceptada cerca de Chipre, según las informaciones ofrecidas por el Gobierno español.

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Gobierno español presenta protesta formal

Albares indicó además que el Gobierno español convocó a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, para expresar una “protesta formal y enérgica” por la operación.

El funcionario calificó el hecho como una nueva violación del derecho internacional y pidió respeto a las misiones humanitarias y a la protección de civiles.

Los países firmantes instaron a la comunidad internacional a asumir responsabilidades jurídicas y morales para proteger a la población civil y garantizar el cumplimiento del derecho internacional.

Además, reclamaron medidas concretas para evitar la impunidad y exigir responsabilidades por las acciones denunciadas.



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